Vacunas, todavía mucho por hacer
El revuelo que generaron las declaraciones de la asesora presidencial Cecilia Nicolini sobre los incumplimientos del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) en la entrega del segundo componente de la vacuna Sputnik V actualizó problemas que viene sufriendo el plan de vacunación contra el coronavirus en nuestro país: la extrema politización de cada etapa del proceso y la falta de transparencia en las negociaciones y acuerdos con los distintos laboratorios.
Las referencias a los “riesgos para nuestro gobierno”, el “apoyo al proyecto” y la exigencia de aprobación de la fabricación local de la vacuna para poder celebrarlas públicamente el 9 de Julio, Día de la Independencia, habla a las claras de que más que criterios sanitarios, la negociación estuvo atravesada de fines partidarios.
La carta no fue la primera que muestra un costado opaco de la gestión de la pandemia en general y de la adquisición de las vacunas en particular por parte del gobierno, donde intereses geopolíticos y electoralistas interfieren con la administración de un bien clave para la salud pública. Ya hubo cortocircuitos en el enrevesado acuerdo con Pfizer, que retrasó meses la llegada de la vacuna y se resolvió a las apuradas con un DNU, para no darle rédito a la oposición en el Congreso. También hubo duras comunicaciones por los retrasos de Astra Zeneca, que de 22,4 millones de dosis envió menos de la mitad. Y con China hubo tensiones debido a la decisión del Beijing de retrasar envíos de Sinopharm para priorizar la inmunización de sus propia población.
Argentina no es el único país que ha tenido problemas: Guatemala, Honduras, Paraguay, México y Bolivia también los han tenido con la Sputnik V. Chile mantiene reclamos con Pfizer y AstraZeneca por retrasos y confidencialidad. Brasil ha tenido problemas con Covaxin, incluyendo denuncias de corrupción.
En un contexto de escasez global de vacunas, donde los países ricos acapararon la mayoría de las dosis en 2020 y el inicio de 2021, el proceso de vacunación en Argentina se ha desarrollado razonablemente bien. El país está en el lote de los primeros países en dosis compradas e inmunización, por encima del promedio mundial y de la media sudamericana, aunque por debajo de Brasil, Chile, Uruguay y Guyana.
El problema está en que, con pocos resultados económicos y sociales que mostrar, la gestión de la pandemia se ha transformado en el argumento estrella en la promoción de la imagen del gobierno y en la campaña para las legislativas. Por esta razón en el relato oficial el proceso pareciera tener sólo éxitos o récords y se esconden los problemas, como los vacunados VIP o los retrasos en los contratos. En un contexto de polarización y lo que los expertos en comunicación política llaman “hiperideologización” de la socialización cotidiana (la famosa grieta) para la oposición el cuestionar cada etapa del proceso se ha transformado también en el gran argumento de campaña.
Lo cierto es que hoy todas las vacunas aprobadas han demostrado ser seguras y eficaces para limitar los contagios y prevenir hasta en un 80-90% el riesgo de internación, enfermedad grave y muerte, con el esquema completo. Pero así como se destaca que más de la mitad de la población recibió al menos una dosis, pensando ya en inocular a mayores de 12 años, sólo un 13% recibió la segunda vacuna, cuando los expertos señalan que es un factor clave para prevenir la tercera ola de contagios. Sólo el retraso del contrato con Sputnik V afecta a 6,6 millones de personas, de los cuales 2,5 millones son de riesgo (mayores de 60), hoy mayoría entre los pacientes graves y fallecidos.
Si el gobierno reclama “despolitizar” la gestión de la pandemia, debiera comenzar con el ejemplo, abandonando el exitismo y resolviendo los problemas de compras y distribución de vacunas en forma transparente y profesional, no apelando a relaciones de amistad o afinidad geopolítica. Exigir acceso a la información y rendición de cuentas sobre contratos y gestiones no es “angustiar” o “confundir” a la población sino un derecho de la ciudadanía para dar su consentimiento a las políticas de salud pública.
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