Una mujer trans y migrante fue juzgada por trata en Neuquén: «la prueba es lamentable»
La causa se inició en 2014. Durante el trámite se la llamó con un nombre que no correspondía a su identidad de género. El fiscal se abstuvo de acusarla y el juez la absolvió con una dura crítica a la investigación.
En 2012 fue sancionada la ley 26.743 de identidad de género que establece, entre otros aspectos, el trato digno. Foto Florencia Salto.
«Las causas que llegan tienen que venir con prueba», dijo ayer el juez del Tribunal Oral Federal de Neuquén, Alejandro Cabral, al absolver a Martina, una mujer trans, migrante peruana, trabajadora sexual, que fue enjuiciada por trata de personas con fines de explotación sexual. Aseguró que no se consideró en ningún momento su situación de marginalidad. La investigación duró seis años y medio y durante el trámite no se la llamó con su nombre autopercibido, pese a que hace nueve años que está vigente la ley de identidad de género y en 2018 se sancionó la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género a los tres poderes del Estado, entre ellos, el judicial.
El caso se inició el 11 de septiembre de 2014 luego de que una persona que ejercía la prostitución denunciara, bajo reserva de identidad, que Martina la amenazaba para poder trabajar. En 2018 la fiscalía, a cargo de Cristina Beute, requirió la elevación a juicio a la que hizo lugar el juez federal, Gustavo Villanueva, en marzo de 2021.
Martina fue imputada por haber captado, trasladado y acogido –desde el 19 de diciembre de 2014 hasta el 5 de febrero de 2015– a una persona con el fin de explotarla sexualmente, mediante engaños y aprovechándose de ella. La acusaban de ser autora del delito, mientras que a su pareja fue considerado partícipe. En el juicio declararon, entre otras testigos, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, la subsecretaria de Políticas de Diversidad, Alba Rueda y la abogada Agustina Iglesias Skulj.
Uno de los testimonios más importantes fue el que brindó la hermana Mónica Astorga, de la orden de las Carmelitas Descalzas, que relató que el hecho de que Martina tuviera una causa penal en trámite le impidió, por ejemplo, acceder al Complejo de Viviendas para personas trans adultas que fue inaugurado en 2020 en el barrio Confluencia de la ciudad de Neuquén.
La Dirección de Diversidad de Neuquén aportó también un informe sobre su biografía. Detalló que Martina migró a los 25 años a Chile «a raíz de que en ese momento le reveló a su madre su orientación sexual». Luego desembarcó en Mendoza. Trabajó en la construcción y en una farmacia, de la que fue despedida cuando comenzó su transición corporal. A los 38 años se inició en el trabajo sexual y allí arribó a la ciudad de Neuquén.
«En el contexto de pandemia y en torno a las dificultades laborales que se agudizan y se ven atravesadas por la discriminación y estigma por su identidad de género, Martina recibe ayuda de alimentos y mercadería que comparte con su familia«, precisa el informe. Actualmente se encuentra en tratamiento médico por los daños a su salud ocasionados por «las aplicaciones de silicona industrial» y con dificultades para completar el trámite de documentación en la Dirección de Migraciones.
El informe agrega que es «una persona que nació en la pobreza, que desde pequeña no podía nombrar su identidad de género, que debió migrar a otro país para poder «ser», que cuando pudo finalmente animarse a ejercer su vivencia de género fue excluida laboral y socialmente del pequeño entorno que había construido con esfuerzo, que vivió en 3 países y muchas ciudades, siempre en situación de precariedad jurídica lo que la colocó en necesidad de recurrir al trabajo sexual para sobrevivir (correlato mismo de las violencias que sufrió sobre su cuerpo y sobre sus emociones) y que ahora la coloca en situación de persecución penal.»
Violencia judicial y violencia institucional
«Yo no quiero que estes intranquila durante este alegato y te adelanto que voy a pedir la absolución», le planteó el fiscal del juicio, Miguel Palazzani. Destacó que el plazo que duró el proceso fue excesivo y que nunca se pudo acreditar la explotación.
Manifestó que en realidad lo que ocurrió fue que Martina había acordado con esta persona que viniera a Neuquén a ejercer la prostitución, que la conocía desde hace una década porque eran amigas, la alojó en su casa, y en un momento se pelearon. El funcionario resaltó que no existe una relación asimétrica de poder y que ambas se encuentran «en una situación de extrema vulnerabilidad».
Afirmó que se ejerció «violencia judicial y violencia institucional» contra Martina y que la imputada es una «sobreviviente» en una población con una expectativa de vida de 40 años. Del alegato participó también por Zoom, la fiscal Mariela Labozzetta, de la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres, que enfatizó que en todo el caso no estuvo presente la perspectiva de género y de diversidad, y que esto es una obligación del Estado por los tratados internacionales a los que suscribió. Con esta mirada intereseccional se pueden ver todas las capas de exclusiones.
Palazzani finalizó su alegato con una cita al discurso de la senadora del PRO, Gladys González, en oportunidad de la sanción de la ley de inclusión laboral a personas trans y travestis, el 24 de junio pasado y que mañana se promulgará. Hizo propias sus palabras: «Lejos estoy de entender qué les pasa a las personas trans, lejos estoy de poder comprender en toda su dimensión lo que significa ser discriminado, ser violentado, ser echado por la fuerza física o por la fuerza del rechazo social, todo el tiempo y en todos lados».
El defensor Luis María Varela adhirió al pedido fiscal, que involucró a los dos imputados. «En todo el proceso no fueron capaces, no sé porque, de cambiarle el nombre, en todo un cuestionable procedimiento inicial y abuso judicial que ojalá pronto se vaya corrigiendo», dijo.
Cabral se tomó un breve cuarto intermedio para resolver. Indicó que no hay «una verdadera voluntad de investigar la trata» que la prueba recolectada en el caso «es lamentable» y fue construida sobre estereotipos. «El verdadero caso de trata no está acá», marcó. «Siempre encontramos un culpable en los excluidos sociales», añadió.
Incluso mencionó que durante estos casi siete años se tuvo secuestrada la computadora y los celulares de la imputada, cuando se le podría haber devuelto luego de resguardar la prueba.
En la sentencia, y a pedido de la fiscalía, se solicitó al Renaper el inmediato trámite de la documentación a Martina y además que se corrija su nombre en el expediente. El propio Palazzani mostró en su exposición que se la referenció incluso como «alias Martina», cuando la ley de identidad de género no exige el cambio registral para llamar a una persona por su nombre de elección.
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