Qué dijeron y cómo votaron senadores de Neuquén y Río Negro el cupo laboral trans
La ley genera un piso de inclusión para una población sin acceso al empleo registrado.
La ley fue sancionada por 55 votos positivos, 1 negativo y 6 abstenciones. Foto gentileza.
El Senado convirtió ayer en ley la promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero «Diana Sacayán-Lohana Berkins», que el 11 de junio había cosechado media sanción en Diputados. En esta oportunidad fue aprobada por 55 votos positivos, 1 negativo y 6 abstenciones.
La ley dispone que los tres poderes del Estado nacional, los ministerios públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas y sociedades del Estado deben ocupar una proporción no inferior al 1 % de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero. Si las personas aspirantes a los puestos de trabajo no completaron su educación, se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos y finalizarlos.
Los seis senadores y senadoras de Neuquén y Río Negro –Lucila Crexell (MN), Silvia Sapag (FdT), Oscar Parrilli (FdT), Claudio Doñate (FdT), Silvina García Larraburu (FdT), Alberto Weretilneck (JSRN)– acompañaron la iniciativa.
Tres de ellas dieron discursos antes de la votación. Sapag dijo: «Esta población es estructuralmente pobre y solamente es asistida por su colectivo, que también es estructuralmente pobre. Se encuentran excluidas de los sistemas formales de educación, lo que las excluye de los mercados laborales formales e informales. Entonces como consecuencia directa de todo esto el 90% subsiste con el trabajo sexual.»
La senadora además explicó el motivo por el cual en la ley no es un requisito la terminalidad educativa, ni carecer de antecedentes penales: «desde el Estado no se le puede exigir que no tengan antecedentes contravencionales o penales para acceder al derecho al trabajo, cuando está demostrado que fue desde la sociedad y del Estado sostenida esta mirada criminalizadora. Objetar la eximición del requisito de antecedentes contravencionales y penales es desconocer o negar que desde el Estado y desde la sociedad se ha empujado a las travestis y a las trans a la calle, a la clandestinidad o a la cárcel, como únicos destinos posibles de su existencia.»
Planteó que esto «no supone un privilegio» son «el camino para darse cuenta, son para reconocer nuestro maltrato al colectivo. Están para comenzar a pedir perdón como sociedad y como Estado.»
García Larraburu afirmó: «en San Antonio Oeste, en Viedma, en Cinco Saltos, en Cipolletti, en mi ciudad, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en Río Colorado, en Luis Beltrán, en Allen, en la Facultad de Ciencias de la Educación y la facultad de Ciencias Sociales del Comahue ya cuentan con cupos laborales para personas transexuales.» Destacó, además, la militancia de Ornella Infante, que hoy es directora de políticas antidiscriminatorias del Inadi.
Por último, Crexell manifestó: «Seguramente la discriminación haya sido el precio pagado para poner en crisis un orden sexual binario impuesto como natural. No en vano el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas advierte que la violencia transfóbica está impulsada por el deseo de castigar a quienes desafían las normas de género.»
Y finalizó: «el desarrollo de cada persona no puede estar sujeto a su identidad de género, a su raza, a su orientación sexual, a su geografía, a su edad, discapacidad, religión, clase, status. Nuestra misión como legisladores es asegurar el derecho a ejercer la ciudadanía desde las diferencias. En otras palabras señora presidenta, nuestra misión es que haya un proyecto de vida posible para cada ser humano. Todavía falta mucho pero hoy daremos un paso muy importante en este sentido.»
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