El Gobierno de Nicaragua ordena detener a la principal opositora de Ortega
La acusan de varios delitos y solicitó que la inhabiliten para cargos públicos “por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal”. Reclamo de organizaciones de Derechos Humanos.
La Policía de Nicaragua ingresó ayer a la vivienda de la candidata opositora a la presidencia Cristiana María Chamorro Barrios -hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997)- con una orden de detención.
El allanamiento se produjo minutos antes de que la candidata diese una rueda de prensa para expresar su rechazo al bloqueo judicial de su candidatura presidencial, decidida el martes.
El Gobierno de Daniel Ortega recurrió a una acusación de la Fiscalía por supuesto lavado de dinero para torpedear la participación política de la principal líder opositora y la que más simpatías genera entre la población, según las encuestas.
La orden fue dictada por la jueza Karen Chavarría Morales del distrito noveno de Audiencia Penal, según un comunicado emitido por esa dependencia judicial.
La presidenta de la organización no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, declaró a periodistas que los agentes policiales irrumpieron “violentamente” en la residencia de Chamorro, ubicada a unos 11 kilómetros al sur de la capital.
Exigimos que se respeten sus derechos. La comunidad internacional debe estar alerta ante esta campaña de abusos que busca impedir cualquier posibilidad de elecciones justas en el país”.
José Miguel Vivanco, director Ejecutivo de Human Rights Watch.
Cristiana Chamorro ayer había convocado a una rueda de prensa y el ingreso de los agentes policiales se produjo unos 15 minutos antes de dar inicio la misma. Chamorro, de 67 años, es investigada por supuesto lavado de dinero por la Fiscalía que la noche del martes la declaró acusada y pidió a las autoridades competentes inhibirla para postularse a un cargo público.
De acuerdo al comunicado de la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas Complejo Judicial Central Managua, Chamorro está acusada de “gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”, indicó el parte de prensa del régimen.
El director Ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, señaló la gravedad del asunto e indicó que exigía que se respetaran los derechos humanos de la candidata y principal referente de la oposición nicaragüense.
“Exigimos que se respeten sus DDHH. La comunidad internacional debe estar alerta ante esta campaña de abusos que busca impedir cualquier posibilidad de elecciones justas en el país”, dijo Vivanco. “La administración Biden y la Unión Europea deben condenar al unísono este plan para impedir elecciones libres. Urge una estrategia multilateral para frenar a Ortega”, añadió.
La Fiscalía del régimen sandinista también solicitó la inhabilitación para cargos públicos a Chamorro Barrios, la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre, en las que el dictador Daniel Ortega busca una nueva reelección, según una encuesta de la firma CID Gallup, “por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal”.
Además, el Ministerio Público procedió a solicitar que se prohíba a Chamorro Barrios comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados.
Estas mismas medidas cautelares, excepto la inhabilitación para cargos públicos, se solicitaron contra la corresponsal de la cadena hispana Univision en Nicaragua, María Lilly Delgado Talavera, y los periodistas María Lourdes Arróliga Vanegas y Guillermo José Medrano, extrabajadores de la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
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