Escuelita VII: Indagarán a jefes militares por violaciones a sobrevivientes de Bahía
El tribunal citó a 12 de los 15 acusados para que declaren por este delito. En la sentencia se sabrá si se los condena por este delito.
Sólo el presidente del Tribunal Oral Federal, la secretaria del Tribunal y el equipo de transmisión estuvo en forma presencial hoy en el juicio (foto archivo Florencia Salto)
El Tribunal Oral Federal de Neuquén citó a la mayoría de los acusados por torturas, desapariciones forzadas y homicidios juzgados en «La Escuelita VII» para que se los indague por la violación de tres sobrevivientes en el centro clandestino de Bahía Blanca.
La definición del tribunal se conoció hoy en la reanudación de las audiencias de la causa por delitos de lesa humanidad en la región. El fallo derivó en la queja de las defensas, que solicitaron además un plazo mayor para preparar a los militares y jefes de inteligencia para la audiencia del 2 de junio, cuando fue prevista la indagatoria.
Debido a las restricciones por Covid-19, la audiencia de esta semana se realizó casi por completo de forma virtual. El juez Alejandro Cabral fue quien la presidio desde Avenida Argentina al 1.600 en Neuquén, mientras que los vocales Simón Bracco y Alejandro Silva estuvieron de forma remota desde una oficina en Roca.
La fiscalía y las querellas también siguieron por zoom la intervención de la única testigo de concepto que se presentó hoy. Según lo explicó el fiscal José Nebbia, las otras testigos que tenían previsto declarar por la desaparición de Carlos Cháves buscarán la oportunidad de que su denuncia sea realizada en forma presencial en próximas audiencias que así lo permitan. Chávez fue secuestrado en Cutral Co y visto por última vez en el centro clandestino de Bahía Blanca, en junio de 1.976.
«Esta definición del Tribunal es sumamente positiva por lo que implica para las víctimas; para Dora, por su hermana Argentina y las hijas o los hijos de Alicia Villaverde», dijo el fiscal. Agregó que el gesto del tribunal «implica para el resto de las víctimas que aún no han podido contar esto, un mensaje de gran trascendencia: hay una escucha sobre los dichos de la víctima. Asimismo aclaró que al momento de dictar sentencia «definirán ellos si hay ampliación de acusación», pero que, al menos, se recepcionó el planteo.
Desde que inició el juicio en diciembre, de los 15 acusados sólo cinco llegaron imputados por la violación que padeció una de las víctimas durante el secuestro en Cutral Co y mientras permanecía desaparecida en el centro clandestino de Bahía Blanca en junio de 1.976.
Ahora el Tribunal definió citarlos por el ataque sexual contra otras dos sobrevivientes que integran la acusación por la que se hace este juicio y que también padecieron abusos durante su desaparición forzada. Ambas fallecieron antes de que se llevara a cabo este juicio, y los ataques sexuales fueron descriptos en sus declaraciones en instrucción o relatadas a través de sus familiares directos, en las audiencias de febrero y marzo.
En el fallo en que resolvieron citar a indagatoria a 12 de los acusados, los jueces aclararon que el juicio seguirá en curso y que en la sentencia se conocerá si ampliará la acusación por violación para los que no llegaron procesados por ese delito a este juicio. Decidieron dar lugar a la indagatoria y que las defensas prepararan su descargo hasta 15 días después de la indagatoria, sin suspensión de la citación a los testigos y del juicio en curso.
La defensa pública adelantó que presentarán recursos de reposición ante la alzada y que pedirán la nulidad de lo resuelto por los jueces hoy. La definición fue compartida a las partes 15 minutos antes del inicio del debate y luego se informó en la audiencia, antes de la declaración de una testigo de concepto.
María del Pilar Sánchez Cuesta había terminado de cursar su carrera universitaria en la Universidad Nacional del Comahue en 1975 cuando la “levantaron” de los pasillos de la facultad y se la llevaron a la comisaría por una semana.
Fue por distribuir panfletos de un conflicto docente. Perdió sus cuatro años de estudios en Economía y Administración y fue expulsada del país, por un informe que el rector interventor Remus Tetu elevó a migraciones.
“Me topé con el decano y le dije: me están obligando a ir con ellos; vaya, vaya nomás”, le dijo el catedrático, ejemplificó Sánchez al ser consultada si lo que ella refería como el accionar de los “matones” del rector, era conocido no sólo por el estudiantado sino por los docentes y autoridades.
Dijo que en 1975, el comedor era el espacio que compartían los alumnos de distintas carreras. Y que a partir de la intervención, la “patota” se presentaba de manera intimidatoria en el horario de almuerzo, con ostentación de armas. La testigo fue presentada ante los jueces para una composición del clima de violencia, expulsión e intimidación instaurado en la UNCo en los meses previos al golpe militar.
“Vinieron con el rector, estas bandas organizadas andaban a su antojo y no lo ocultaban”, sostuvo.
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