Después del anuncio de descuentos, Unter expulsó de sus filas a la ministra de Educación
El Plenario de Secretarios Generales del gremio docente consideró que Jara Tracchia incurrió en una "conducta antisindical".
La Unter dobló la apuesta en el conflicto con el gobierno rionegrino por la suspensión de la presencialidad docente en las escuelas. Ante el anuncio oficial de descuento de los tres días con medidas de fuerza, el plenario de secretarios generales aprobó la expulsión de la ministra Mercedes Jara Tracchia de las filas del gremio.
La decisión -ad referéndum del próximo Congreso- no es inédita para el sindicato. El actual legislador, Marcelo Mango, también fue dado de baja en agosto del 2014, cuando era ministro de Educación. En ese momento, la Unter entendió que su exsecretario general había traicionado los mandatos definidos en congresos y los principios de la organización, también por ordenar el descuento de días de paro. Además, lo acusaron de avalar el cierre indiscriminado de cargos e impulsar resoluciones que atentaban contra la estabilidad laboral y violaban el Estatuto Docente.
A la actual titular de la cartera educativa le atribuyeron hoy una “conducta antisindical”.
Las autoridades de las 18 seccionales debatieron esta tarde durante más de cinco horas.
Con la suspensión de la presencialidad ya confirmada de manera oficial para la próxima semana, el eje del encuentro virtual se ubicó sobre las medidas implementadas entre el miércoles pasado y hoy.
En su plenario anterior el sindicato decidió en forma unilateral que sus afiliados no concurran a los establecimientos por 72 horas, a partir de la grave situación sanitaria que atraviesa la provincia en el marco de la pandemia por covid-19.
El gobierno reaccionó con el anuncio de los descuentos, advirtiendo un severo incumplimiento a las resoluciones que establecieron la modalidad para el dictado de clases desde marzo. Además, se destacó que una medida de tamaña magnitud nunca podía ser definida sólo por los empleados.
Ante esa situación, la Unter defendió la legitimada de su postura y exigió la derogación de la Resolución 3100/21 “por inconstitucional”; reservándose el derecho de realizar medidas de acción directa.
Por otro lado, el gremio repudió la denuncia penal realizada contra la organización sindical por parte del abogado Nicolás Suarez Colman y también se rechazó el accionar del Ministerio de Educación, considerando que hubo “aprietes” hacia directores y supervisores para que informen quiénes no cumplieron con la presencialidad.
Además exigió que se arbitren los medios para garantizar la conectividad y se complete el cronograma de vacunación para todos los trabajadores de la educación de la provincia.
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