Definición judicial para tres acusados de usurpar terrenos en Viedma
La toma se inició a fines de junio de 2020. Foto: Marcelo Ochoa.
Este viernes se conocerá la sentencia contra tres hombres de Viedma imputados por la usurpación de terrenos en un sector de la ciudad próximo al cruce de las rutas Nacional N° 3 y Provincial N° 1 en un toma que tuvo un centenar de personas el 28 de julio de 2020.
Luego de dos jornadas de debate oral y público la fiscal Paula Rodríguez Frandsen pidió la declaración de responsabilidad para los tres acusados ante la jueza Daniela Zágari. A esa solicitud adhirió la querella representada por el abogado José Luis Malaspina, en tanto que el defensor Diego Sacchetti pidió la absolución porque consideró que no se pudo acreditar que los imputados hayan hecho lo que la acusación les atribuye.
La representante del Ministerio Público sostuvo en su alegato que “logró acreditarse a través de los diferentes testigos que los tres acusados, juntos con otras personas no identificadas, invadieron el predio de forma clandestina y subrepticia, para delimitarlo y levantaron allí construcciones precarias despojando así a sus propietarios legales de la propiedad del mismo”.
Según la acusación, el lugar “era visitado periódicamente por su dueña quien había realizado comodatos con instituciones deportivas y, además, vendido lotes pertenecientes a un futuro corredor comercial”.
La fiscal agregó que existió “invasión y clandestinidad. Las personas que ingresaron al predio no querían visibilizar un problema, lo hicieron para instalarse y despojar de él a sus propietarios. Ello surge no sólo de las demarcaciones y las construcciones realizadas, sino también de las propias declaraciones de los imputados al fijar domicilio en ese lugar, en las diversas audiencias judiciales”.
En el lugar “permanecieron los imputados hasta incluso después de que el juez de Garantías dispusiera su desalojo, tal como declararon algunos testigos” y recordó que “ni se fueron cuando supieron que cometían un delito, ni voluntariamente; hicieron falta tres meses, dos audiencias de conciliación en la Fiscalía, cuatro audiencias penales y una orden de desalojo dictada por un juez de garantías”.
Finalmente destacó que “por supuesto tienen las personas derecho a una vivienda digna, pero ese no es un derecho absoluto, está limitado por las normas y por los derechos de terceros”.
La toma en cuestión se realizó en julio del año pasado y tiempo después fue desalojada tras una decisión judicial, al tiempo que comenzaron los procesos judicialess contra los participantes.
Además de estas tres personas que fueron imputadas en este proceso hay otras 27 que están en igual situación en diferentes expedientes, una decena esperan que se fije la audiencia para formularle cargos y 5 fueron declarados en rebeldía y tienen orden de captura.
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