Termina el congelamiento de las tarifas tras dos años
A partir del mes que viene se aplicarán los nuevos cuadros de transición. Las subas serán más bajas de lo previsto y dispararán los subsidios al no actualizarse el precio PIST.
Por el aumento del cargo fijo, las boletas de la región tendrán un mínimo de 3600 pesos y para una familia tipo será de entre 10.000 y 15.000 pesos por mes.
El 1 de mayo culminan los 25 meses de congelamiento de las tarifas de gas a nivel nacional. Las boletas treparán entre un 6% y un 7% para usuarios residenciales y un 4% para las pequeñas y medianas empresas (pymes), según declaró Federico Bernal, el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
A pesar de su confirmación, las empresas todavía no recibieron una oficialización de los nuevos cuadros tarifarios, en los que podrían tener una mejora de su margen bruto cercana a un 20%, que les servirá para pagar los aumentos de salarios de su personal y financiar las obras prioritarias de mantenimiento de la red de transporte y distribución.
De la misma forma, las “tarifas de transición” no incorporarán cambios en el precio del gas que adquieren las distribuidoras (en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, PIST), por lo que el costo que se traslada a los usuarios descenderá progresivamente por debajo de los 2 dólares por millón de BTU (la unidad de medición del gas).
Esto implicará un esfuerzo fiscal cercano a los 110.000 millones de pesos, que son 36.000 millones de pesos más que los previstos en el Presupuesto 2021, si se cumplen las proyecciones respecto al tipo de cambio y el dólar cierra el año en torno a los 102,40 pesos por unidad.
El renglón de los subsidios es el que, de manera evidente, no terminará como el Presupuesto 2021 marca, y las transferencias económicas para mantener pisadas las tarifas de la energía llegarán a 2% del Producto Bruto Interno (PBI), o incluso un porcentaje superior.
El dilema del Plan Gas Ar
El Estado Nacional está en una trampa. Como el Plan Gas Ar ofrece una garantía a las petroleras de cobrar en pesos a 65 días el equivalente al precio en dólares del gas inyectado (3,52 dólares por millón de BTU para el volumen base anual y 4,70 dólares para el adicional de invierno) y las distribuidoras, por la Ley 24.076 mantienen el principio de neutralidad económica (no ganan ni pierden dinero con la entrega del gas que compran), será el Tesoro el que deba reafirmar la cadena de pagos del sector, mediante los subsidios.
El mix de gas producido localmente y el importado ronda los 3,94 dólares, por lo que el Estado cubrirá con 2,20 dólares por millón de BTU la oferta de petroleras que operan en el país y las compras de Integración Energética Argentina (IEASA) a Bolivia y el Gas Natural Licuado (GNL) que llega por los puertos de Escobar y Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires.
El último incremento había sido el 1 de abril de 2019 y, de acuerdo a la Revisión Tarifaria Integral (RTI) – que ya fue suspendida- el siguiente correspondía que se aplique el 1 de octubre, justo semanas antes de la elección presidencial.
Desde entonces, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) con el que se ajustaban anteriormente las tarifas, creció más de un 150%, porcentaje que pidieron las licenciatarias de los servicios públicos del gas natural en sus presentaciones para las audiencias públicas.
No obstante, y ante la imposibilidad de descargar esas cifras sobre los usuarios finales, las transportistas y distribuidoras propusieron una alternativa con solicitudes de ajustes que rondaban el 50% en su Valor Agregado de la Distribución (VAD), con un impacto en tarifas de entre 15% y 20%.
A casi 40 días de concluidas las audiencias públicas, la Secretaría de Energía publicó el informe final no vinculante, mientras que se espera que el Enargas haga lo propio.
Con el acompañamiento político de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y la guía económica del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, Bernal se volcó a acotar la actualización tarifaria y dejó en claro que no habrá segmentación por capacidad patrimonial, al menos en un principio.
También le marcó la cancha al ministro de Economía, Martín Guzmán. Para bajar los subsidios, habrá que convocar a otra audiencia pública, lo que diluirá hasta fin de año ese objetivo económico.
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