Santiago del Estero: detuvieron a personal de Salud por el robo de vacunas contra el coronavirus
Se trata de tres enfermeros y una educadora sanitaria, que guardarían el material para su venta y la aplicación privada. La provincia accionó como principal damnificada.
La póxima semana, EE.UU podría dar luz verde a la vacunación de chicos de entre 12 y 15 años.
En las últimas horas, dos enfermeros fueron detenidos sospechados de actuar en complicidad con un matrimonio de colegas en el robo de más de 300 vacunas contra el coronavirus, que tenían como destino final su administración en forma particular en un barrio de la ciudad de Santiago del Estero.
Se trata de Fermín Ernesto Medina, de 53 años, y Omar Edgardo Véliz, de 42. Ambos habrían trabajado junto a Dante Díaz, que se desempeñaba en el área de Inmunización del ministerio de Salud provincial, quien quedó como principal acusado del hurto para aplicarlas en su enfermería particular.
También fue detenida la esposa de Díaz, María Angélica Coronel, una educadora sanitaria que se desempeña en el área de atención telefónica del servicio de emergencia provincial.
Según cita el sitio Noticias Argentinas, Medina y Véliz se habrían desempeñado en el vacunatorio privado en el barrio San Germés. Así, los cuatro detenidos están acusados de «hurto agravado y adulteración de sustancias medicinales, en perjuicio del Estado provincial».
De acuerdo a lo detallado en el expediente, la pareja tenía acceso al depósito oficial de vacunas y se constató a través de cámaras de seguridad que el enfermero sustrajo las vacunas junto con los refrigerantes y se llevó todo en una mochila.
El hecho fue detectado el último sábado, en horas del mediodía, por autoridades de la cartera sanitaria provincial, ya que el área era custodiado por personal de las Fuerzas Armadas. Con motivo de ello, se realizaron varios allanamientos: uno en el domicilio de Díaz, donde se secuestraron 283 vacunas contra la Covid-19, material sanitario y otras 510 dosis pertenecientes al calendario anual de vacunación.
Según detallaron fuentes provinciales, todavía falta encontrar 68 dosis de la Covishield, por lo que se estima que ya podrían haber sido aplicadas a particulares, quienes habrían abonado entre 20 mil y 30 mil pesos por cada una de ellas.
En este marco, el fiscal de Estado santiagueño, Raúl Abate, dio instrucciones para presentarse como querellante en la causa judicial iniciada por el robo. La acción será ejercida por la provincia, al considerarse damnificada por el robo de las vacunas.
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