Piden revisar la prisión preventiva de Miguel Báez, de ODEL
La defensa dijo que la decisión de la fiscal de solicitar su detención no fue correcta. El dirigente está tras las rejas por entorpecer la labora de la Justicia.
Tras el accionar intimidatorio, ordenaron la detención de Miguel Báez. (foto: archivo)
La defensa del dirigente de la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL) Miguel Báez apunta a rearmar su estrategia para solicitar la revisión de la prisión preventiva por tres meses que le dictó un juez de Garantías.
Es que los 90 días de preventiva -hasta que se realice el juicio por un caso de abuso sexual simple por el que fue denunciado- no estaba en el análisis inmediato de los abogados Oscar Pineda y Pablo Iribarren.
“No tenía facultades la fiscal para ordenar su detención ya que se debería haber convocado a una audiencia y evaluarla. En todo caso debería haber sido el juez de Garantías el que debía ordenarlo”, dijo Pineda.
Por otro lado aseguró que en la audiencia realizada el martes prácticamente no tuvo tiempo para analizar la estrategia ya que se encontró con dos testigos aportados por la fiscalía a los que tuvo que evaluar para poder defender a su cliente.
Para Pineda, fue muy litigada la audiencia ya que la mujer que fue víctima de abuso entró en varias contradicciones aunque dijo que eso será materia de análisis cuando soliciten la revisión de la prisión preventiva del dirigente de la organización de desocupados.
El mismo miércoles, Báez fue trasladado a la sede de la comisaría de J.J.Gómez, donde permanecerá detenido de manera transitoria hasta tanto se realice el juicio.
El martes 23 de marzo, cuando le formulaban cargos por el delito de abuso sexual simple, se organizó una movilización que terminó con el escrache no sólo de un periodista de Río Negro sino también del defensor y de la propia víctima de ese delito.
Del Estado terrorista al Estado ausente
La protesta se dirigió luego a las instalaciones del diario Río Negro donde provocaron destrozos y además de insultar, agredieron a trabajadores de este medio.
Para la fiscalía, la exposición de una foto de la víctima fue un acto de intimidación y por esa acción pidió su detención. Ahora un tribunal deberá definir si la medida fue jurídicamente correcta.
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