Propiedad intelectual en pandemia

El proceso de vacunación contra el SARS-Cov-2 ya inició en algunos países de América Latina. Sin embargo, el acceso seguro a ello para la mayor parte de la población de la región es algo que no ocurrirá hasta dentro de varios meses. Muchas personas incluso tendrán que esperar a 2022, pese al esfuerzo de la Organización Panamericana de la Salud por garantizar un mínimo de vacunación gratuita para 10 países de la región.

Esto significa que el 2021 puede terminar pareciéndose mucho al 2020. Nuestro continente es, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la región con mayor cantidad de casos confirmados en el mundo. Cuatro países de América Latina se encuentran entre los 12 con más muertes, y un análisis de Amnistía Internacional pone a México y Brasil entre los países con más muertes de profesionales de salud en el mundo. Por otro lado, los largos periodos de confinamiento en lugares como Argentina y Perú hicieron poco para remediar las consecuencias del virus. La pandemia ha agotado los recursos humanos y materiales, y nos ha demostrado la fragilidad de nuestros sistemas sanitarios. Así, sin acceso a alguna de las vacunas aprobadas por una agencia sanitaria reguladora y sin medicamentos específicos que puedan curar los casos más graves de covid-19, el futuro aún no es alentador.

Por esta razón, propuestas como la que planteó el Gobierno de Costa Rica ante la OMS en mayo de 2020, que consistía en crear un acervo de tecnologías, datos e información de todo tipo, que fuese útil en la atención de la pandemia, son fundamentales. El objetivo de la propuesta era que los titulares de los derechos de propiedad intelectual sobre esas tecnologías, incluyendo las vacunas o nuevos medicamentos, suspendieran de manera voluntaria esas barreras (es decir, los derechos de propiedad intelectual), para que ese conjunto de información tecnocientífica pudiera estar al servicio de todos los países, sin costo alguno o a un costo simbólico. De esta manera cada país podría haber puesto su sector científico-tecnológico a trabajar en la adaptación o mejoramiento de esas tecnologías para cubrir sus necesidades. Esto iba desde la producción de mascarillas hasta la fabricación de algún medicamento o implemento médico.

En términos éticos, el principio de justicia y de protección del bien común nos exigen suspender, aunque sea temporalmente, cualquier barrera que enlentezca la respuesta óptima ante una crisis global como la producida por el covid-19. Por esto, la resistencia de ciertos sectores y países frente a las propuestas que aseguren mayor equidad en la producción y acceso de tecnologías médicas para atender la pandemia ha sido criticada por varias organizaciones de derechos humanos y salud, entre ellas, la organización Médicos sin Fronteras (MSF).

Tomemos en cuenta, además, que esta no será la última pandemia del siglo XXI. La globalización y la presión sobre los ecosistemas y las áreas silvestres están provocando cada vez más zoonosis, que pueden terminar en contagios de humano a humano, como sucedió con el SARS-Cov-2. Dadas estas circunstancias, América Latina debe preparase. Debe aprender de esta pandemia, que aún no acaba.

Una demanda fundamental de justicia, que debe ocupar un lugar prioritario en la agenda de los Estados de la región, es levantar la discusión en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Organización Mundial del Comercio y la OMS, sobre derechos de propiedad intelectual en momentos de pandemia.

Urge crear un mecanismo mucho más expedito que las licencias de emergencia previstas en los tratados bilaterales de libre comercio como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana o el Tratado entre México, EE. UU. y Canadá.
América Latina cuenta con especialistas de alto nivel en el campo de la bioética, la ciencia, la tecnología, los derechos humanos y la propiedad intelectual, quienes podrían unirse para preparar una propuesta común que contemple un mecanismo para suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual sobre medicamentos, vacunas y otras tecnologías médicas, que sean de uso indispensable en una pandemia.
* Profesora de Bioética en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica