Domiciliaria a odontólogo de Cipolletti acusado de abuso porque está «angustiado»

La jueza Laura González Vitale hizo lugar al pedido de la defensa pese a que los informes forenses no detectaron ninguna enfermedad ni trastornos psiquiátricos. Estaba detenido en el Penal 5, pasará las fiestas en su casa.

La jueza Laura González Vitale echó mano a los tratados de derechos humanos para otorgarle la prisión domiciliaria al odontólogo acusado de abuso sexual. Así, el profesional pasará las fiestas junto con su familia en un pintoresco barrio de Cipolletti.

Estará monitoreado con pulsera electrónica y asistencia permanente. Los dictámenes forenses arrojaron que el médico no presenta ninguna enfermedad ni trastorno psicopatológico, aunque está angustiado por su situación penal desfavorable.

Mariano Marques, odontólogo de Cipolletti, está acusado de haber abusado sexualmente de una paciente en el interior de su consultorio. Cuando la jueza Vitale le confirmó la prisión preventiva por cuatro meses quedó acreditado que el acusado intentó manipular a la víctima para que no revelara lo sucedido y como no lo consiguió se escapó.

La policía lo capturó en la Ruta 151 en una de los accesos de Cipolletti. En ese acto atentó contra los dos requisitos que ampara la medida cautelar: entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga.

El caso no dejó de sumar polémicas en las sucesivas audiencias. Pese a que la jueza resolvió con perspectiva de género, la abogada querellante Nadia Kubatov reclamó ese mismo tratamiento por parte de la defensa. Después, en otra audiencia, González Vitale decidió excluir a un periodista de Río Negro y a los comunicadores institucionales del Poder Judicial.

Ese día la víctima pidió la participación de este diario puesto que, en contactos previos, este medio se había comprometido a tratar el caso con perspectiva de género. La magistrada, en cambio, resolvió a favor del pedido del defensor y en contra de lo que pretendían tres mujeres: la víctima, la querella y la fiscala Anabella Camporessi.

Ahora, la jueza hizo lugar a la prisión domiciliaria de Marques con unos dictámenes médicos que demuestran que el hombre no tiene ninguna patología ni enfermedad y que simplemente está angustiado por la situación desventajosa que se le presentó ante la justicia penal.

Es más, desde el hospital de Cipolletti informaron que el caso no requería ningún tipo de internación. Ese fue el pedido de la fiscalía y la querella, que el imputado sea internado en el hospital de Cipolletti si necesitaba atención.

Pese a ello, la magistrada resolvió con pactos internacionales, los mismos que usó para convertir una audiencia pública en privada pese al pedido de la víctima. El informe de los peritos refería a la necesidad de una atención médica permanente, pero que no requería internación. La jueza indicó que el penitenciario no podía garantizarlo.

Consideró que Marqués debe contratar, a su cargo, un enfermero o acompañante terapéutico las 24 horas para disminuir la probabilidad de agresión o daño a su integridad física. Tal estado de angustia implica una posibilidad de suicidio latente, se consignó. El hombre tendrá tobillera electrónica y estará acompañado por su familia en uno de los barrios más coquetos de Cipolletti.

La fiscalía informó que iban a impugnar la medida y la querella, disconforme con lo resuelto, hizo mención a que la magistrada se había apartado del proceso puesto que escuchó a los médicos forenses por fuera de la audiencia y sin darle intervención a las partes.

Desde la querella agregaron que se trató de una medida «arbitraria». Kubatov expresó que el falló fue «un castigo a las partes acusadoras por cuestionar su actuación judicial por fuera de los marcos legales». Además cuestionó los modos de las jueza que alienta al «secretismo» judicial. Una práctica que se dejó atrás con el nuevo Código Procesal Penal que pretende darle más transparencia al Poder Judicial.

La medida llamó la atención puesto que durante la pandemia el Poder Judicial fue muy restrictivo con el otorgamiento de prisiones domiciliarias. Llovieron los pedidos de presos que conformaban grupos de riesgos o habían acreditado alguna enfermedad. En cambio, el criterio fue denegar esos beneficios. Ahora, aun sin ningún tipo de enfermedad, el odontólogo consiguió cambiar el criterio.

Elogios de la defensa


Por su parte, el defensor Gustavo Lucero destacó la decisión de la jueza. Dijo que tomó una decisión acorde a la Constitución y los Pactos de Derechos Humanos. «Hizo lugar a lo pedido por los Defensores Gustavo Lucero y Silvina Fernández Mendaña para preservar la continuidad del proceso. Hizo prevalecer el valor de la vida y la salud por sobre todos los demás. Y fueron los Médicos y Psicólogos del propio Poder Judicial, que reconocieron que la vida del Imputado estaba en peligro».

Agregó que «con un Imputado muerto, no tenemos ni proceso ni juicio penal. La Jueza fue independiente de las presiones externas La dignidad humana, solo se pierde con la muerte. Lo demás, es odio y venganza. La Magistratura requiere no solo idoneidad, sino valentía».


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