Desestiman una denuncia contra Balseiro en Dina Huapi

La fiscalía encargada de investigar los delitos contra la administración pública desestimó una denuncia presentada por el Tribunal de Contralor de Dina Huapi contra la intendenta Mónica Balseiro y también contra el Concejo Deliberante por supuestos incumplimientos en la asignación de ayuda social.

Balseiro dijo que “quedó probado que no hubo delito” y consideró que el desenlace de la investigación ratifica su convicción de que existió “mala intención” por parte de los contralores.

“Hasta me da vergüenza que la Justicia haya tenido que trabajar seis meses en esta demanda sin ningún fundamento”, afirmó la intendenta.

La denuncia surgió en julio pasado, en plena pandemia, cuando el municipio canalizaba ayuda alimentaria con recursos propios y también otra que aportaban Cáritas, el partido Kolina y otras entidades.

Para el Contralor se trataba de “donaciones” que el municipio no tramitó con la resolución correspondiente. Por eso involucró al Ejecutivo y también al Concejo por supuestas violaciones a la normativa.

La denuncia fue firmada por los vocales Sabina Mesa (del Frente de Todos) y Gabriel Garcés (de Juntos, compañero de lista de Balseiro), patrocinados por el asesor Jorge Pschunder. No se sumó el tercer contralor, Damián Smulewicz, del Movimiento Popular Dina Huapi.

Balseiro explicó que el municipio no recibió ninguna donación sino simplemente el pedido de canalizar ayuda que habían recolectado algunas organizaciones, debido a que ellos contaban con el listado de la población necesitada y la posibilidad operativa de distribuirla, cuando había limitaciones por el aislamiento obligatorio.

“Lo grave es que nunca nos preguntaron porque les hubiéramos informado de qué se trataba y qué tipo de gestión se hizo -se quejó la intendenta-. Directamente fueron a la Justicia”.

Balseiro informó que el fiscal Guillermo Lista cotejó documentación y entrevistó a representantes de las ongs, para determinar hace pocos días que no correspondía impulsar acción alguna contra los funcionarios acusados. Los denunciantes apelaron pero el fiscal jefe, Martín Lozada, ratificó el dictamen de Lista.

Los contralores habían presentado también otras denuncias. Una de ellas por falta de actas en las reuniones que realizó la comisión de seguimiento de la emergencia. También fue desestimada, según Balseiro, luego de comprobar que no hay obligación fijada por ordenanza de llevar esas actas.

Una tercera demanda apunta contra la administración de fondos del Sistema de Bomberos Voluntarios, que recauda el municipio. La intendenta dijo que esta es la única que sigue en trámite, pero tampoco prosperaría, porque la Justicia ya desbloqueó el uso de ese dinero y permitió girarlo a los bomberos.