Los asentamientos y el ahorro energético
Tan solo en la ciudad de Neuquén 5.500 familias viven en condiciones precarias y con conexiones ilegales. Si ese servicio estuviera normalizado el consumo sería menor.
Por Carlos Ciapponi (*)
En la provincia de Neuquén hay nueve mil familias que viven en 64 asentamientos informales, los cuales están prácticamente sin acceso a los servicios básicos. Más de la mitad de ellas, 5.500, (1) lo hacen en unos 45 sectores de la capital, donde presta servicios la Cooperativa CALF.
Los asentamientos informales se hacen sentir en la ciudad como una red que se extiende de manera diferenciada, ocupando significativas extensiones de suelo en las que sus habitantes construyen un hábitat segregado física y socialmente, marcado por la pobreza, hacinamiento y situaciones de irregularidad, ilegalidad e informalidad.
La irregularidad viene dada por la ocupación no autorizada de terrenos públicos o privados, la ausencia de títulos de propiedad, el consumo ilegal de energía eléctrica y la construcción fuera de las normas vigentes.
Las familias lo hacen, entre otras variables, corridos por la desocupación, el trabajo informal, los valores inaccesibles de los alquileres o la difícil tarea de acceder a un terreno propio por los altos costos asociados al negocio.
Así se desarrollan muy rápidamente los asentamientos, sin ninguna estructura ni planificación.
Regularizar las conexiones permitiría avanzar el un menor consumo eléctrico, mucho más eficiente.
En la ciudad de Neuquén existen asentamientos en terrenos fiscales tanto provinciales como municipales. Cada uno de ellos plantea soluciones distintas y sin coordinación, sin lograr soluciones definitivas.
Si no se priorizan las políticas de acceso a la tierra y a la vivienda, se hace muy difícil lograr la inclusión social de estos sectores poblacionales y su acceso a los servicios públicos.
Para nuestra cooperativa, como distribuidora del servicio eléctrico, los asentamientos representan un tema relevante debido a su incidencia en varios aspectos. El primer inconveniente es que CALF no llega a estas poblaciones con su prestación, como lo hace para el resto de la ciudad, debido a su anomalía como núcleo urbano.
En esos casos, CALF se encuentra inhibida de brindar el servicio de energía eléctrica por las siguientes razones:
Política municipal, ya que se estima que la provisión de los servicios tenderá a arraigar familias en lugares no aptos para esa utilización.
Costos de las obras, los cuales no están previstos en el cuadro tarifario, siendo una obligación del loteador.
La falta de mensura dificulta el trazado de las redes, ya que la ubicación de las viviendas impide la colocación de la postación requerida para materializar la red.
Teniendo en cuenta las disposiciones municipales vigentes, la respuesta de CALF a las solicitudes de servicio de los ocupantes de estos sectores se limita a suministrar información respecto de la imposibilidad de brindar el mismo a sectores sin mensura aprobada, y al requerimiento de la certificación de tenencia del terreno.
Los vecinos, en estos casos, acceden a la energía eléctrica a través de redes precarias y peligrosas realizadas por ellos mismos, que les permitirán como mínimo iluminarse.
Esto trae aparejado un perjuicio económico a la Cooperativa, ya que la energía que consumen no puede ser cobrada, pero debe ser pagada al momento de su compra a Cammesa, (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA). Esta realidad es la que afronta CALF sin posibilidades de recuperación de esos dineros.
También se provoca un resentimiento en la prestación a los vecinos que reciben el servicio en forma regular, ya que estas conexiones clandestinas que recorren las calles, los techos y todos los rincones de los asentamientos afectan las instalaciones eléctricas regulares, provocando desperfectos e inconvenientes a sectores aledaños y a la red en general, perturbando la calidad de la prestación.
No menos importante es el tema de la seguridad y los accidentes que se producen por esos enganches de cables que recorren cuadras y cuadras y que, ante cualquier descuido o factor climático, se convierten en motivo suficiente para que se desate una desgracia. Estamos hablando de la pérdida material de lo poco que tienen y en ocasiones, más grave y lamentable, accidentes personales o pérdidas de vidas.
Fomentar la inserción de los ciudadanos al uso de los servicios públicos, proteger a los usuarios regulares y promover la justicia social, son algunos de los valores que se ponen en juego cuando se trabaja para la inclusión al servicio eléctrico.
Y allí esta nuestro principal objetivo.
El proyecto llevado a cabo por CALF sostiene la palabra “Inclusión” porque entendemos que brindar un servicio de calidad, sin diferenciación en los asentamientos, supera la regularización ya que no es sólo poner en orden algo, reglar el funcionamiento de un sistema, determinar normas, sino que es una acción que ayuda a una mejor calidad de vida, trae seguridad, sentido de pertenencia y posibilidades de arraigo a un lugar.
En la ciudad de Neuquén, los asentamientos ocasionan una pérdida de energía que alcanza el 5% de la compra total de energía anual, es decir, 32.003.478 kWh.
Por lote, representa un consumo mensual promedio de 640 kwh.
En condiciones normales, bajo red, una vivienda de esas características consume la mitad de esa energía.
La conclusión es que la otra mitad de la energía podría ahorrarse en condiciones normales.
Si volvemos al número anterior de 32 millones, 16 millones de kwh no serían necesarios generarlos, una cifra relevante teniendo en cuenta el déficit energético de nuestro sistema nacional. Significaría a la vez, no poner en marcha fuentes de generación de bajo rendimiento, como lo son las basadas en combustibles líquidos, gas oil y fuel oil que resultan altamente contaminantes para el medio ambiente.
(1) Informe realizado por Un Techo para mi País denominado “Relevamiento de asentamientos informales. Construcción colectiva de la información”.
(*) El autor es el actual presidente de la Cooperativa CALF de Neuquén.
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