El fiscal del caso Vicentin dio detalles sobre la causa por estafas
La investigación se inició en julio pasado por la denuncia de un productor agropecuario que le vendió granos a la empresa.
La sede de la empresa.
El fiscal de la Unidad de Delitos Complejos de Rosario, Miguel Moreno, dijo hoy que los allanamientos realizados el lunes en la sede de la empresa Vicentin fueron para “saber concretamente quiénes van a ser imputados” en la causa por estafas y agregó que tienen que ver «cómo se conformó la decisión societaria para cometerlas”.
Moreno, que investiga las denuncias de productores agropecuarios, entidades financieras internacionales y el banco Macro por presuntas estafas de la cerealera Vicentin, dio hoy detalles de la causa durante una rueda de prensa.
Afirmó que los allanamientos realizados el lunes a la sede de Vicentin SAIC en la ciudad santafesina de Avellaneda “están destinados a deslindar o a precisar atribuciones personales sobre los hechos que estamos investigando”.
En esa línea, el fiscal explicó que “como toda causa penal necesita tener imputados, esta medida tuvo como objeto saber concretamente quiénes van a ser imputados”.
Moreno adelantó que “en principio” se trata de “las personas denunciadas por los defraudados”, que son quienes “integraban el directorio de Vicentin, los síndicos, los representantes legales que hayan podido celebrar contratos en nombre de empresa tanto con bancos como con corredores agropecuarios”.
La investigación se inició en julio pasado por la denuncia de un productor agropecuario que le vendió granos a Vicentin bajo la modalidad de “precio a fijar”, le entregó la mercadería pero no pudo cobrarla por el concurso preventivo de la agroexportadora.
La denuncia planteó que Vicentin había ocultado información o tergiversado sus balances para “exhibir una salud financiera que no era tal”, dijo el fiscal.
La primera demanda por presuntas estafas reunió a cinco productores que reclaman unos 8 millones de dólares, pero luego se sumaron los bancos internacionales que financiaban la operatoria de Vicentin (por un monto de 500 millones de dólares) y el corredor de acopio Grassi, por otros 50 millones.
Moreno detalló que en los allanamientos del lunes se secuestró “información, tanto física como digital”, así como libros de actas del directorio para determinar cuáles fueron “las operaciones y decisiones societarias” que podrían haber incurrido en estafas.
Aclaró que los involucrados no son los actuales miembros del directorio de Vicentin SAIC sino aquellos que ocuparon esa función entre 2018 y el concurso de acreedores de febrero pasado.
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