Río Negro gastó $67,7 millones en consultoras en tres años

VIEDMA (AV)- La provincia de Río Negro gastó 67,7 millones de pesos en servicios de consultorías, entre los años 2002, 2003 y 2004. Los cálculos oficiales detallaron que se requirieron partidas presupuestarias en concepto de «servicios técnicos y profesionales» por 15,2 millones de pesos en 2002, 28 millones en 2003 y 24,3 millones en 2004.

Apenas una decena de firmas integran el Registro Público Provincial de Servicios de Consultoría, pese a que el mismo cobró vigencia varios meses atrás. Encima, está por desembocar un nuevo debate sobre eventuales modificaciones, pues se engloban en este ítem demasiadas prestaciones afectadas al Estado.

De esta manera se abre la polémica acerca de los fondos para consultorías, uno de los temas más cuestionados desde la oposición, debido a la discrecionalidad que tiene el gobierno para su manejo.

La Secretaría de Planificación y Control de Gestión -como autoridad de aplicación de la ley 3.709 de consultorías- se propuso como meta conformar un listado que constituya una herramienta de transparencia y eficiencia. El titular de Planificación, Juan Francisco Correa, destacó ante «Río Negro» que «el espíritu de esta batería legal que abrió el registro es muy bueno» aunque reconoció que pese al poco tiempo transcurrido desde su sanción «hay que modificarla para hacerla más prolija».

Puntualizó que en la actualidad coexisten varios registros como el de proveedores de la provincia, el del Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente (Codema) y «dentro del sector público son objetivos distintos pero tienen que convivir».

Se discutirá en el seno del gobierno cómo quedarán, dentro de esta normativa, los contratos de medios y de personal en general porque justamente algunos profesionales ingresaron al Estado con la figura de «locación de obra». El artículo 2º de la ley 3.709 define a los servicios de consultoría como la prestación de servicios profesionales, científicos y técnicos cumplidos bajo la forma de ese tipo de loca

ción, sea intelectual o servicios. La oposición durante años acusó al gobierno de utilizar estos fondos para «consultoras amigas» y como una caja política en períodos electorales.

Correa mencionó paralelamente que la reglamentación de la norma hace referencia a que con la renovación de la inscripción hay que cobrar un canon y por lo tanto hay que adaptar el articulado.

La norma en sí busca ordenar la contratación de servicios de consultoría, asesoramiento, cooperación, asistencia científica o técnica que registra la administración pública provincial, entidades autárquicas o descentralizadas o sociedades de cualquier naturaleza con participación estatal mayoritaria.

Este registro admitirá expertos en los campos de la agricultura y ganadería, energía, gas y servicios sanitarios, seguridad social, ciencias del suelo, explotación de minas, servicios y administración general, comercio, restaurantes, hoteles y almacenamiento, industria, sistematización de datos y medio ambiente. También se pueden inscribir aquellos profesionales vinculados con las telecomunicaciones, cultura y recreación, transportes, demografía y planificación familiar, recursos naturales, vivienda y asentamientos humanos, salud, servicios médicos, educación y saneamiento ambiental, entre otros.

Para su inscripción existen exigentes requisitos como referencias bancarias, títulos, ejercicio de la profesión debidamente documentado no inferior a los cinco años y código de ética de la empresa si lo tuviere.

Es condición para que el profesional o la firma sea incluida en el registro, poseer el perfil profesional y requisitos básicos exigidos por la temática o especialidad registrada como demanda.

En los '90 todo venía armado de Nación

La Secretaría de Planificación no alcanzó a reunir antecedentes de la década del '90, cuando el gobierno justicialista intermediaba en el envío de fondos a la provincia para determinados emprendimientos y atrás aparecía el «apoyo» de las consultoras.

Se estima que ese legado le costó a la provincia unos seis millones de pesos anuales, de acuerdo con las discusiones llevadas a cabo durante el tratamiento legislativo del año 2002 que dio lugar a la ley 3.709.

Con el puntapié inicial del rastrillaje que hizo el organismo sobre los ejercicios 2002, 2003 hasta el 2004, por los estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad (que podrían reunir a las actividades específicas de una consultora) el Estado rionegrino pagó 8,4 millones de pesos.

Si a esto 'e le suma que con el ajuste de fines de los '90 los únicos que ingresaban -facturación del monotributo mediante- a la administración pública eran profesionales de distintas disciplinas, se suman 38,2 millones se «servicios médicos y sanitarios», otros «no especificados precedentemente» se llevaron 5,7 millones de pesos.

La siguiente partida que insumió más recursos fueron los «servicios de informática y sistemas computarizados» con 4,6 millones, los «servicios de administración financiera» significaron 3,9 millones de pesos, los «servicios de capacitación» demandaron 3,5 millones de pesos, mientras que por los «servicios jurídicos y notariales» se gastaron 3,1 millones.

En conclusión, la danza de los tres ejercicios representó unos 67,7 millones.

Este concienzudo análisis financiero fue tomado como trascendental para el futuro funcionamiento del registro.

Con la aplicación de esta nueva norma, la contratación -más allá del registro- de servicios de consultoría se realizará mediante el procedimiento de concurso público o privado o licitación pública. (AV)