El balance del primer año económico de Fernández

Sin precedentes. Por más que se intente hurgar en la historia, difícilmente exista en la historia moderna un año similar al 2020. De forma inesperada, el mundo cambió e impuso la necesidad de reconvertir la vida en todos sus aspectos. La economía y la política, no estuvieron exentos. Por el contrario, fueron modeladores del devenir social a lo largo del año. En ese marco transcurrieron los primeros doce meses de la gestión de Alberto Fernández como Presidente la Nación.
Al evaluar el primer cuarto del mandato del actual mandatario, existen al menos dos atenuantes. Es inevitable matizar cualquier conclusión a la luz de lo que significó el deber de gestionar una pandemia apenas tres meses después de asumir. Ningún país del mundo estuvo ajeno al golpe sobre la economía. No obstante, el momento en que la pandemia golpeó en cada país, hace una diferencia enorme en la manera en que cada lugar del mundo absorbe los costos.
Por otra parte, el combo de desequilibrios que recibió el gobierno de la gestión anterior, configuraba de por sí una tormenta perfecta. Hay que remontarse al menos hasta 2001 para encontrar semejante nivel de desbarajuste en las principales variables macroeconómicas. La gestión Macri se despidió habiendo hecho subir la pobreza 12% entre 2018 y 2019, con la inflación más alta de los últimos 28 años, y habiendo elevado el ratio Deuda/PBI del 45% al 99% en solo 3 años.
Con ese telón de fondo, un breve repaso por errores y aciertos, permite obtener un panorama de las debilidades y fortalezas con las que deberá el gobierno de Fernández, enfrentar la titánica tarea de la reconstrucción pos pandemia.

En la columna de los errores
Sin ánimo de ser exhaustivos en el análisis, existen al menos cuatro ítem en los que el gobierno de Fernández quedó en deuda durante el primer año.
El primero de ellos, es el hecho de que la gestión económica está dividida en al menos cuatro cabezas, las cuales a menudo actúan y deciden sin la adecuada coordinación. Guzmán es el conductor de la cartera económica, pero debe convivir con las medidas adoptadas por Kulfas en relación a la producción, las de Arroyo en Desarrollo Social, o las de Katopodis en Obras Publicas. A ello se suma la política monetaria en manos del Presidente del Banco Central (BCRA) Miguel Pesce.

La dispersión y des coordinación de las decisiones no es marca registrada solo de la presente administración (también sucedió en la gestión Macri y en el segundo gobierno de CFK), pero afecta sensiblemente la capacidad de torcer el curso de la economía nacional, y fue evidente promediando el año cuando el virus arreciaba, la negociación con los acreedores aún no estaba cerrada, y la incertidumbre cambiaria crecía.
El segundo elemento se relaciona con el cambio de planes que impuso la llegada del virus. El plan original del gobierno era alcanzar un acuerdo con los bonistas, liberar los vencimientos entre 2020 y 2023, y utilizar el margen financiero para aplicar política fiscal expansiva. El virus llegó en marzo, cuando el acuerdo aún no era siquiera un borrador, y la política expansiva debió aplicarse a tientas, y sin contar con el soporte financiero necesario. En ese escenario, y más allá de los programas de contención ad hoc, la reacción del gobierno para dar a conocer un nuevo plan económico (o al menos para reafirmar el original), fue tibia y tardía.
El tercer factor tiene que ver precisamente con el financiamiento. Al igual que en el resto del mundo, Argentina acudió a la emisión monetaria como salvavidas ante una tormenta impiadosa como la pandemia. El problema es que Argentina ya había acudido a la emisión mucho antes de la llegada del virus, y que tarde o temprano el exceso de pesos en circulación, en combinación con la inevitable puja distributiva post Covid, y con la especulación que ya se registra en diferentes sectores, terminará afectando el nivel general de precios.
El último elemento está estrechamente ligado a los yerros políticos. El ícono en este acápite es el fallido intento de expropiación de Vicentín. El paso del tiempo demostró que las razones esgrimidas eran certeras. La connivencia espuria entre los CEOs de la compañía y la gestión Macri puede ser catalogada como corrupta sin titubeos, y una vez que el juez de la causa repuso al directorio de la firma, comenzó el final anunciado: la compañía comenzó a ser vaciada y el Banco Nación difícilmente recupere el inaudito crédito que otorgó sin avales legales ni fundamentos económicos. Pese a todo ello, el intento del ala kirchnerista del gobierno por estatizar la empresa, fue absolutamente falto de timing político y de soporte legal. En ese mismo momento los bonistas con los que se negociaba la reestructuración, se preguntaban cómo es que había plata para expropiar y no para afrontar los vencimientos de deuda.

Es solo un ejemplo de la forma en que las tensiones internas en el espacio político que gobierna, influyeron en el devenir de la gestión económica durante el año. Sabido es que la estructura de gobierno se reparte en cargos que “son de unos” y “son de otros” dentro de la coalición oficial. Un motivo más que divide la conducción y resta fuerzas.
En este sentido, un error insalvable es no haber “socializado” el costo de la crisis con la clase política. Los políticos son los únicos que no padecieron impacto alguno en sus bolsillos. Es inocente pensar que un recorte en el sueldo de los funcionarios hubiese solucionado la ecuación fiscal. Pero si hubiese sido un claro gesto de empatía, que hubiese validado el pedido de esfuerzos al conjunto.

Porotos a favor
En el balance del primer año de gestión, existen también una serie de elementos positivos.
Un primer elemento, no menor, es el esfuerzo fiscal que realizó el Estado en su conjunto para contener el costo que la pandemia infligió a un sin número de sectores de la economía. El gobierno compensó las restricciones con una mega asistencia fiscal de $1,83 billones. En ese monto se incluyen el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para los sectores informales y de menores ingresos, el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) con el cual el Estado asumió el pago del 50% de los salarios de las empresas privadas, y los créditos a tasa del 24% para Pymes. Un mínimo paraguas de refugio, no es poca cosa en medio del vendaval.

Un segundo punto a favor, fue haber sostenido el equipo económico pese a las turbulencias que se presentaron en el camino. Hubo al menos dos momentos en el año, en que se rumoreó fuerte acerca del reemplazo de Guzmán. Uno fue cuando en el mes de julio, la firma del acuerdo con los acreedores se dilataba e incluso amenazaba con caerse. El Presidente decidió mantener al Ministro frente a sus detractores, pese a su estilo académico, cansino, y poco elocuente. Fue un pleno del mandatario una vez que se cerró el canje. Otro fue cuando crecía el drenaje reservas del BCRA a principios de septiembre. El Ministro no solo se mantuvo en el cargo, sino que finalmente fue empoderado en octubre para llevar adelante la austeridad fiscal que pretende preparar el terreno al futuro acuerdo con el FMI.
Un tercer ítem positivo fue el haber mantenido a raya los precios a lo largo de todo el año. Quienes adhieren a la teoría monetaria ortodoxa, sostendrán que el exceso de emisión de 2020 impactará en la inflación de 2021, a medida que la actividad se recupere y crezca la demanda de dinero. No obstante, en los papeles el gobierno puede anotarse como un éxito finalizar el año con una inflación que rondará el 37%. Implicará una baja de 16% en relación al récord de 53% heredado por Macri.
Por último, el mayor éxito del primer año económico de Fernández, es que Argentina haya logrado reprogramar los vencimientos de su deuda, con un nivel de adhesión que luce histórico. El cartel de “defaulteador serial” que los mercados internacionales le han colgado del cuello al país, hacía suponer que esta vez, la negociación sería mucho más tensa que en 2005 y 2010. A ello se sumaba el hecho de que esta vez los bonistas estaban cartelizados, agrupando voluntades. Ello podía significar un punto a favor (si se arregla con los grupos mayoritarios, los demás marchan detrás) o una severa complicación (si los grupos mayoritarios no acuerdan, se cae la reestructuración).
Finalmente, la negociación puede catalogarse como exitosa. El nivel de aceptación alcanzado, tiene pocos antecedentes a nivel global. El 93,5% de los acreedores acepto la oferta argentina, y mediante las Clausulas de Acción Colectiva, el acuerdo se elevó hasta el 99% de los bonistas. Argentina logró así reestructurar una deuda de u$s 66.000 millones, postergando vencimientos hasta 2038 con un ahorro fiscal de u$s 37.000 millones en los primeros 10 años, y una reducción de la tasa de interés promedio desde el 7% al 3,04%. En cualquier lugar del mundo significaría el regreso de la calma. En nuestro país en cambio, el mercado le pide mayores certezas al gobierno. El desafío de la gestión Fernández, será otorgarlas en 2021.