Soria y sobresueldos: desestimaron la denuncia porque es desprolijo, pero no ilegal
La fiscal Julieta Villa consideró que “no se pudo probar ningún tipo de perjuicio encuadrable en una figura penal típica". "Los fondos eran utilizados para solventar los gastos del proyecto político y para obras de bien común", agregó.
"Me da pena, pobre Vidal, se ve que no ve los medios", dijo Soria.
Después de un año y medio de investigación, la fiscal Julieta Villa desestimó hoy la denuncia penal contra de Martín Soria, acusado por el presunto cobro de sobresueldos durante su gestión como intendente de Roca. La representante del Ministerio Público consideró que el sistema de retención de un 6% de los sueldos a los integrantes del gabinete fue “desprolijo”, pero que eso no es suficiente para encuadrarlo en una figura penal delictiva.
La denuncia había sido presentada por el abogado Nicolás Suárez Colman, quien aseguró el 28 de marzo del 2019 que Soria y un grupo de funcionarios “con el fin de procurar para sí o para terceros un lucro indebido… habrían retenido y destinado a otros fines un porcentaje de los haberes de los funcionarios públicos… suma que la Tesorería Municipal entregaría en mano al Intendente Soria”.
Además del exintendente y actual diputado nacional fueron acusados Mariana Soler, exsecretaria de Hacienda y actual titular de Gobierno; Roxana Vallogia, exdirectora de Contabilidad y Finanzas; y los exmiembros del Tribunal de Cuentas, Marta Liliana Pellegrini, Juan Pablo Urquiaga y Luciana Osacar.
“Con la vasta evidencia recolectada hasta el momento, entiendo que estoy en condiciones de resolver el destino de la presente investigación, adelantando que no cuento con los elementos de cargo necesarios para avanzar con la pesquisa, ya que si bien fue administrativamente «desprolija» la manera de recaudar los fondos para solventar el proyecto político de Martín Soria, no se reúnen los elementos típicos necesarios para encuadrar los hechos investigados, en por lo menos una figura penal típica”, afirma la fiscal Villa.
De acuerdo con la resolución firmada hoy, “no se pudo probar que el destino de los fondos sea para provecho personal del ex Intendente o de los funcionarios cuestionados» “Por el contrario, quedó evidenciado que dichos fondos eran utilizados para solventar los gastos del proyecto político y para distintas obras de bien común, destinadas a los vecinos más carenciados”, expresa la funcionaria judicial que investigó el caso.
“El aporte de los funcionarios era voluntario, no estaban compelidos a realizarlo. Ello surge con total claridad de las entrevistas recepcionadas en esta sede -una vez finalizada la gestión «Martín Soria»-, donde los declarantes fueron contestes en afirmar que no estaban en desacuerdo en la manera en que se llevaba a cabo la recaudación de dinero, ya que era lo que se estilaba desde hacía mucho tiempo en la esfera municipal local. Es importante destacar que muchos de los funcionarios convocados, no forman parte de la actual gestión municipal, y aún así manifestaron haber dado su consentimiento”, agrega la resolución.
El escrito firmado por Villa sostiene que “no se pudo probar ningún tipo de perjuicio encuadrable en una figura penal típica donde se vea afectado directa o indirectamente el «Estado», ya que la partida presupuestaria cuestionada estaba destinada a «Sueldos», y ello tiene su destino en el bolsillo de cada uno de los funcionarios, quienes fueron claros en no sentirse perjudicados por el mecanismo utilizado”.
La fiscal consideró que “si bien sería lo «correcto» que el sueldo de cada agente sea bancarizado en su totalidad, la manera en que se materializó, no contradice norma penal alguna”.
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