Quieren sacar a Guantánamo de limbo jurídico propicio para abusos

Actualizado a las 19:35

WASHINGTON (AFP) – El Senado de Estados Unidos parece estar determinado a sacar a Guantánamo y a los prisioneros de la «guerra contra el terrorismo» del limbo jurídico en que se encuentran, propicio a los abusos que sacudieron a la cúpula gubernamental de Estados Unidos. «Debido a que nadie es culpable, es un enredo legal», dijo el congresista republicano Lindsey Graham en una audiencia parlamentaria ante expertos en asuntos jurídicos relacionados con los «combatientes enemigos», un estatus asignado por Washington a unos 520 detenidos en Guantánamo.

Esa posición suscita reservas entre los militares, pero ha sido apoyada por varios legisladores. Hace un mes, el presidente de la comisión judicial del Senado, Arlen Specter, también había estimado que el Congreso haría bien en superar los «descabellados remiendos» a las leyes y reglamentos sobre las cuales se apoyan esas detenciones. Esas consideraciones, que podrían desembocar en una ley en una fecha indeterminada, fueron expresadas mientras algunos legisladores sugieren la posibilidad de cerrar la cárcel de Guantánamo, abierta en enero de 2002 para albergar a los capturados en la «guerra contra el terrorismo».

Calificado por la organización humanitaria Amnistía Internacional como un «goulag de nuestra época», esta cárcel ha sido escenario de abusos denunciados por ex detenidos y reconocidos a regañadientes por el Pentágono. El propio presidente George W. Bush había indicado en junio considerar las «alternativas» en Guantánamo, aunque después su secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y el Pentágono excluyeron toda idea de cierre.

Graham se pronunció a favor de este centro de detenidos y se pronunció por una ley para poder juzgar a los presos allí. «Guantánamo es una herramienta útil en la guerra contra el terrorismo», «(…) es un lugar ideal para hacer comparecer ante la justicia a quienes toman las armas y matan inocentes en ataques terroristas», dijo.

El presidente de la comisión de las fuerzas armadas, John Warner, estimó por su parte que «Guantánamo funciona lo mejor posible bajo un marco jurídico que no es claro o debe ser perfeccionado por el Congreso». El estatuto jurídico de los detenidos de Guantánamo está en punto muerto desde que en enero un juez federal estimó «inconstitucionales» los tribunales militares de excepción que examinan el estatuto de «combatientes enemigos» de los prisioneros de Guantánamo que no fueron inculpados.

El Pentágono había decidido crear esos organismos luego de que en junio de 2004 la Corte Suprema autorizó a esos detenidos a impugnar sus detenciones ante la justicia civil. El Pentágono parece extremadamente reticente a la idea de que el Congreso se meta con el estatuto jurídico de los prisioneros de Guantánamo. Según Daniel Dell'Orto, un alto funcinario de los servicios jurídicos del Pentágono, la resolución «de autorización de uso de fuerza militar» del Congreso, promulgada el 18 de setiembre 2001, da «enorme autoridad» al presidente para conducir la guerra contra el terrorismo.