En agosto habrá veredicto sobre el juez Galeano

Actualizado a las 19:35

BUENOS AIRES (Télam).- Los consejeros que actúan como acusadores en el juicio político que se le sigue al suspendido magistrado Juan José Galeano pidieron hoy su destitución, por considerar que cuando investigó el atentado contra la AMIA actuó conforme a una ideología producto del «terrorismo de Estado».

La solicitud fue formulada al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por la diputada Marcela Rodríguez y el abogado Beinusz Szmukler, en su rol de fiscales del proceso, y el veredicto se dará a conocer el 3 de agosto próximo. Por su parte, el abogado Mariano Maciel reclamó que Galeano pueda volver a desempeñar las funciones que cumplía y que se dejen sin efecto la suspensión y los cargos en su contra, el más grave de ellos haberle pagado 400 mil dólares al ex imputado Carlos Telleldín para que acusara del atentado a policías bonaerenses.

«A once años del atentado, estamos a foja cero», subrayaron los consejeros en su alegato final ante el jury y plantearon que justamente esa es «la máxima responsabilidad por la que Galeano debe ser destituído». En la misma sala donde se juzgó a los ex comandantes de las Juntas Militares, Szmukler comparó el discurso de Galeano con «la Doctrina de la Seguridad Nacional» y reseñó que, al declarar ante el jury, el suspendido juez se había jactado de haberse ajustado a la ley según su «manera de ver».

El abogado enumeró los 15 cargos que se le endilgan a Galeano por las irregularidades que cometió durante los casi 10 años que estuvo al frente de la causa AMIA y lo acusó de haber actuado como «un litigante chicanero». «El juez Galeano tiene derecho a tener una ideología, ¿pero la ideología del doctor Galeano es apta para ser juez?», preguntó Szmukler con la ironía que lo caracteriza, tras lo cual afirmó que el magistrado demostró un «olvido total y absoluto de la cultura jurídica que debe existir en la sociedad».

A su turno, Galeano aceptó hacer uso de las últimas palabras que concede el jury a los acusados antes del veredicto y apuntó directamente contra Smukler porque -aseguró- sus dichos le provocaron un «agravio», ya que lo trató como a un «represor». Al respecto, recordó que cuando estaba a cargo del juzgado federal 9 avanzó «significativamente en causas de derechos humanos» y fue «el segundo juez en la Capital Federal en declarar la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final».

También recordó que fue el primer juez en pedir a Chile la extradición del ex dictador Augusto Pinochet y que logró esclarecer parte de los llamados «vuelos de la muerte» cometidos durante la última dictadura. Respecto de su accionar en la causa AMIA, criticó el decreto del Poder Ejecutivo a través del cual se reconoció la responsabilidad del Estado por el «encubrimiento» del ataque terrorista que dejó 85 muertos y más de 300 heridos el 18 de julio de 1994.

«Sería el primer caso en la historia política argentina que el Poder Ejecutivo se arroga facultades judiciales, decretando en una suerte de per saltum, la confirmación de un fallo apelado en durísimos términos, autocondenando a la República Argentina», subrayó, en alusión al fallo que en septiembre absolvió a todos los acusados por el atentado. «¿A qué hechos se está refiriendo el Poder Ejecutivo en representación del Estado? ¿Se olvida que aún no se encuentra firme la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal 3?», se preguntó el suspendido juez.

Y agregó: «Se realizaron todas las medidas de prueba tendientes a averiguar la verdad, se investigaron todas las hipótesis y se trabajó incansablemente durante jornadas enteras para administrar justicia. ¿Y ahora somos encubridores? ¿Qué fue lo que se encubrió?». Poco antes y casi a los gritos, el defensor Maciel insistió en que el pago a Telleldín fue «una operación de inteligencia organizada por la SIDE», comandanda en esa época por el menemista Hugo Anzorreguy, y que se efectuó en base a «leyes secretas».

«Lo único que hizo Galeano fue querer buscar la verdad. No vengan a decir ahora que fue una maniobra ilegal porque si se presentó Anzorreguy para decirle que tenía esos fondos, había una presunción de que tenía la facultad de hacerlo», subrayó. Entre las irregularidades cometidas por Galeano, la diputada Rodríguez destacó el trato privilegiado que el juez le otorgó a los querellantes por la DAIA, cuyo titular en aquel momento era Rubén Beraja y la abogada que actuaba en la causa, Marta Nercellas, en perjuicio de Memoria Activa y de otros familiares de las víctimas.

En ese sentido, la consejera recordó las entrevistas que se llevaron a cabo a ex imputados, entre ellos Telleldín, en las que el juez permitió que sólo una de las querellas estuviera presente. Asimismo, manifestó su «indignación» porque Galeano pretendió invalidar el testimonio de los familiares de las víctimas del atentado cuando, al hacer su descargo, dijo que éstos declararon en el juicio por un «interés económico».

«Galeano se olvida de que no es la víctima, y que las víctimas son los 85 muertos, los familiares y la sociedad argentina que aún está esperando justicia, en una investigación que aún está a fojas cero», disparó la diputada del ARI.