Río Negro: Legislador pide quitar aportes estatales a “partícipes” de tomas
Martín, de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto para excluir de toda asistencia pública provincial a quienes alienten o participen de ocupaciones.
El legislador Martin aludió que “con estas medidas lo que buscamos es desalentar las tomas". Foto: Marcelo Ochoa
El legislador de Juntos por el Cambio, Juan Martín ha planteado -reiteradamente- su firme rechazo a las ocupaciones, con cuestionamientos a la actitud del gobierno nacional y, en especial, frente a los sucesos con la comunidad mapuche en la región andina.
Ahora, el parlamentario formalizó una iniciativa al plantear a la legislatura que sancione una ley para “prohibir la prestación de programas de asistencia provincial a personas y organizaciones sociales que participen o instiguen usurpaciones de terrenos o propiedades” en Río Negro.
El segundo artículo propone esa exclusión para “quienes participen o instiguen usurpaciones de terrenos, propiedades de vivienda o complejos habitacionales”, alcanzando a “planes, prestaciones o subsidios otorgados por el gobierno provincial, tengan o no relación con el acceso a la tierra, a la mejora o ampliación de la vivienda o la regularización dominial”.
Esa suspensión tendrá un plazo de “cinco años cumplidos desde el cese de la usurpación que se impute, y siempre y cuando el imputado no reincida en el mismo, en cuyo caso comenzará a computarse desde el cese del nuevo hecho”.
Según su explicación, Martin aludió que “con estas medidas lo que buscamos es desalentar las tomas, que en definitiva son el negocio de algunos vivos que en muchos casos se aprovechan de necesidades reales y que en otros directamente quieren sacar provecho o extorsionar al Estado y a los dueños de las tierras”.
En ocasión de la presentación, el parlamentario afirmó que hay “casos en los que desde el Estado se da apoyo material a quienes participan de las usurpaciones, o como las ayudas se usan de prenda de negociación. El Estado no puede negociar con delincuentes y mucho menos fomentarlos”.
Según el proyecto del legislador macrista, no hará falta una sentencia judicial firme, “ya que se trata de delitos en flagrancia, donde los autores están filmados y son conocidos. En muchos casos, llegan los funcionarios y reparten las ayudas en el lugar, y esto es lo que queremos terminar”.
También Martín manifestó que la iniciativa está un registro único de programas sociales, a cargo de Gobierno, para cumplir con “un mayor control de quienes reciben ayudas”.
Comentarios