Alquileres sin pagar y atraso en los servicios, una bomba de tiempo
Crecen las deudas de los inquilinos y se acumulan las facturas impagas de gas, agua y sobre todo de electricidad en la provincia de Río Negro. Es una combinación letal para la economía.
La prohibición de los desalojos les da un paraguas a las familias que no llegan a juntar el dinero para pagar el alquiler. Foto. Alfredo Leiva
Alquileres sin pagar, desalojos suspendidos, deudas con las distribuidoras de electricidad y prohibición de cortes del servicio. La bomba tiene el reloj en plena cuenta regresiva y si no se desactiva, tarde o temprano terminará explotando.
Más del 40% de los inquilinos de Río Negro tuvo problemas para cumplir con el pago al dueño de la casa que alquila y la mitad de los hogares mantienen atrasos en la factura de electricidad.
Hasta el 31 de enero de 2021 nadie puede ser desalojado y los contratos deben extenderse, gracias a un decreto presidencial que busca que la crisis no empuje a las familias a la calle (o a las tomas). Tampoco se pueden cortar los servicios públicos en los hogares vulnerables.
Por ahora, esta realidad alivia la presión sobre la economía familiar, pero de a poco se va transformando en una bola de nieve que rueda sin freno pendiente abajo.
La morosidad en el pago del servicio de agua aumentó en estos meses entre un 6% y un 8%.
Tal vez porque es un servicio muy sensible, Camuzzi no tuvo en estos meses una caída tan grande como en el mercado eléctrico. Menos del 10% dejó de pagar el gas.
Según el relevamiento realizado en los últimos días por la Unión de Inquilinos de Río Negro, un 11,7% de los encuestados no pudo pagar este mes el alquiler y otro 29,6% lo hizo en forma parcial. La suma indica que un 41,3% incumplió de algún modo con el pago en término, cuando en julio ese número estaba en el 31%.
El titular de la Unión de Inquilinos, Roberto Díaz, señaló que en abril y mayo la situación era peor. Al comenzar el aislamiento obligatorio y el freno de la actividad económica, la morosidad creció de golpe pero luego bajó porque “mucha gente dejó su vivienda alquilada, se fue con los padres o se acomodó donde pudo, para no acumular deuda”. Por esa misma razón, dijo, se intensificó la presión sobre las tomas de tierra.
La encuesta, realizada sobre 455 casos indica también que el 36,7% de las personas destina más de un 50% de sus ingresos para pagar el alquiler. Lo razonable sería no gastar más del 30% del ingreso en la locación, pero ésa es la realidad solo en el 25,4% de los casos.
En relación con los períodos anteriores, el 10,4% de los inquilinos arrastra un mes de deuda, un 7,3% debe dos meses y un 3,5% tres meses o más.
El promedio nacional de personas que viven en inmuebles alquilados es el 21% del total y Díaz dijo que en la zona Andina y también en el Alto Valle se cumple esa proporción.
Ante la pregunta sobre la estrategia empleada para afrontar el pago del alquiler cuando los ingresos no alcanzan, el 25,1% de los encuestados dijo que “ajustan otros gastos”, mientras que un 13,2% se endeudó para pagar, un 11,4% recibió ayuda de familiares y otro 11,2% lo hizo “vendiendo cosas”. Un 24% declaró haber apelado a “todas” esas opciones combinadas.
Freno a la circulación hasta el 25 de octubre en Neuquén y Río Negro
Peligro, alta tensión
Hay meses que Edersa logra cobrarles al 40% de sus clientes residenciales; en el mejor de los casos ese índice llega al 50%, según las cifras que dio la empresa.
La empresa nunca había registrado atrasos semejantes en los pagos. Entre un 5% y un 10% de lo que facturaba quedaba sin cobrar.
De los 230.000 hogares atendidos por Edersa, se estima que sólo el 30% están alcanzados por el decreto presidencial que prohíbe los cortes de servicios por facturas impagas.
En Bariloche a la CEB logra cobrar el 64,3% de lo que factura, a pesar de que la crisis es muy fuerte en la ciudad, que no recibe turistas en forma masiva desde mediados de marzo.
Hay otro problema general en el mercado eléctrico: los comercios que bajan las persianas y dejan una deuda difícil de cobrar.
Los grandes usuarios, que demandan una potencia mayor, son en general comercios de alta superficie o industrias. Edersa tiene 2.300 clientes encuadrados como tales, muy relacionados con la actividad frutícola. Hasta mediados del año, el cumplimiento con la factura de electricidad fue normal pero ahora la empresa logra cobrar entre el 50% y el 55% de lo que les factura.
Cambios
En general, las facturas de electricidad se dividían tradicionalmente en tres partes más o menos iguales: el costo de abastecimiento (generación y transporte), tasas e impuestos y lo que se denomina valor agregado de distribución (VAD, en la jerga) que es la porción de la torta que recaudan las distribuidoras como Edersa, la CEB o Edenor.
Hoy en el área de la provincia de Río Negro atendida por Edersa los componentes tienen la siguiente proporción en las facturas:
• Costo de abastecimiento, 40%.
• Tasas municipales e impuestos nacionales y provinciales, 40 %
• VAD (congelado desde 2017), 20%.
Los gobiernos deberían seguir de cerca esta combinación letal porque de lo contrario, la recuperación pospandemia será mucho más complicada.
En Aguas Rionegrinas el peso del incumplimiento es menor
El servicio de agua potable y cloacas prestado por la empresa provincial Aguas Rionegrinas (ARSA) también registró una caída de la cobrabilidad por efecto de la pandemia, pero los números no son tan drásticos. Hasta marzo pasado, a valores históricos, los usuarios cumplidores rondaban solo el 60%. Otro 20 ó 25% está eximido del pago por razones sociales, para lo cual debe realizar un trámite anual que demuestre que sus ingresos no superan los dos salarios mínimos, vitales y móviles. El 15% restante suele acumular facturas impagas y achica la deuda a fuerza de “intimaciones”, según indicó el presidente de ARSA, Omar Grill.
Dijo que la empresa tiene un total de 220.000 clientes en toda la provincia y que la morosidad en los últimos seis meses aumentó “entre un 6 y un 8%”. Consideró que el cumplimiento es mayor que en otros servicios debido al bajo costo. “El 70% de la gente paga el mínimo, que son 700 pesos bimestrales por los dos servicios y yo creo que la gente en su mayoría eligió pagar igual para no acumular deuda”, dijo.
Admitió sin embargo que el cumplimiento promedio histórico es bajo porque “el agua no se puede cortar”, sino solo reducir el volumen del suministro.
Entre los principales incumplidores están los municipios, con una deuda conjunta que supera los 200 millones de pesos. Y que en esos casos suelen firmarse periódicamente convenios de compensación.
Entre los usuarios domiciliarios, señaló que Viedma es de las ciudades más incumplidoras y acumula impagos por 25 millones de pesos. Según Grill, en Cipolletti y Roca el dinero que tienen “en la calle” es similar. Bariloche “siempre tuvo un cumplimiento mayor”, aunque la crisis del turismo emparejó las cosas.
Edersa advirtió sobre el impacto de pagar impuestos aun sin recaudar
“La pandemia generó una profunda crisis de la que no se ve un final cierto. La economía en general se resintió, hubo una disminución superior al 15% en el consumo y además se cayó fuertemente la recaudación de Edersa por este motivo, sumado a la determinación de no cortar el servicio a los sectores más desprotegidos de la comunidad (centros de contención social y sanitaria, barrios carenciados, etc.). Esto ha afectado la cobranza en el orden del 50%”, le dijo a RÍO NEGRO el gerente general de Edersa, Raúl Barhen.
“El impacto financiero se vio potenciado por otros dos aspectos: primero, el claro atraso de los ingresos destinados a la atención del servicio (VAD operativo), sin actualización desde diciembre de 2016. Con valores y precios que tuvieron una inflación del 40 o 50% acumulativo cada año, no hay sector económico que haya podido mantener su actividad normal con 4 años de congelamiento”, advirtió.
“El otro aspecto que produce gran impacto financiero es el hecho de tener que pagar los impuestos en función de lo facturado aunque no se haya cobrado. Se trata de un gran perjuicio dado que liquidamos el 100% de los impuestos aunque la gente no haya pagado su factura”, reveló.
Sostuvo que no obstante se hicieron “obras necesarias para mejorar el servicio y la atención”. Y declaró que la empresa mantiene “el mismo compromiso” con énfasis en el desarrollo provincial.
En Bariloche, la CEB hizo un esfuerzo
–¿No temen que se termine generando una deuda difícil de remontar? –le preguntó este diario al gerente de la CEB, Federico Lutz.
–Consideramos que la situación será difícil –dijo–, al igual que para el resto de las empresas, pero que lo podremos superar con acciones concretas que asuman la disrupción como tal.
–¿Y si el gobierno nacional decide un perdón general?
–Esa es una circunstancia política cuyo dimensionamiento no puede ser juzgado desde la individualidad de una distribuidora. El enorme esfuerzo de la CEB en cumplir con sus obligaciones genera una expectativa en obtener beneficios por conducta y regularidad. Lo correcto sería el acompañamiento por parte del Estado a quienes tengan dificultades, y el incentivo para quienes hemos cumplido.
Los inquilinos reclaman una «solución de conjunto»
Las deudas acumuladas por los inquilinos que sufrieron en estos meses una fuerte caída de ingresos y dejaron de pagar el alquiler de sus viviendas entraron ya en terreno peligroso y las organizaciones que los representan empezaron a reclamar “una solución de conjunto” de alcance nacional.
La salida, según sostienen, pasaría por una política general de “congelamiento y desendeudamiento”, como la única fórmula para evitar los desalojos masivos, una vez que caduque la veda que el presidente Alberto Fernández dispuso y que vence el próximo 31 de enero.
El presidente de la Unión de Inquilinos de Río Negro, Roberto Díaz, dijo que el decreto que prohibió los desalojos, la ejecución de los garantes y el cobro de intereses brinda una protección efectiva a los locatarios, pero la tensión con los propietarios es cada vez mayor y “hoy ya hace falta definir una estrategia de salida” para el momento de excepción. Aseguró que tuvo contactos con el intendente Gustavo Gennuso para evaluar la crítica situación y le pidió trabajar en un acercamiento con la gobernadora Arabela Carreras y el senador Alberto Weretilneck a fin de llevar la preocupación a nivel nacional.
Según Díaz, a partir del 31 de enero podría producirse “un verdadero caos” si no se toman las previsiones, y “muchísima gente puede quedar en la calle”.
Dijo que ya hay algunos emergentes que comenzaron a agravar la crisis habitacional y precisó, por ejemplo, que la toma de El Bolsón, que involucra a más de un centenar de familias y afecta tierras del INTA, “está integrada en un 90% es gente que alquilaba y no pudo pagar más”.
Díaz señaló que impulsan un “programa de desendeudamiento” para atender los casos de quienes no pueden afrontar los alquileres y acumulan impagos que se tornan inmanejables.
Si bien los desalojos están frenados, Díaz dijo que hay casos de amenazas, intimaciones de pago, imposición de intereses y presiones. Refirió que son miles las familias en toda la provincia que no pueden cumplir con lo pactado.
Datos
- 43,1%
- de los inquilinos de la provincia de Río Negro pagó tarde el alquiler o directamente no lo hizo el mes pasado.
- 60%
- es el índice de morosidad al que llega el registro de Edersa entre sus clientes residenciales.
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