Masiva imputación por la usurpación de un predio en Bariloche
El juez de garantías admitió los cargos que la fiscalía formuló contra los acusados, pero rechazó el pedido de desalojo.
Las personas se instalaron entre el 18 y 20 de septiembre pasado en el lote ubicado en inmediaciones del barrio 28 de Abril, en el Alto de Bariloche. (foto de archivo)
El juez de garantías Ricardo Calcagno aceptó la formulación de cargos que el fiscal Tomás Soto formuló contra alrededor de 20 personas por el delito de usurpación de un predio, que está ubicado en el cruce de las calles Beschtedt y Michay de Bariloche.
Calcagno rechazó el pedido de desalojo que había formulado el fiscal. El magistrado instó a las partes a tratar de establecer un ámbito de diálogo para resolver el conflicto, explicaron fuentes judiciales.
Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que Soto acusó a los imputados de haber usurpado entre el 18 y 20 de septiembre pasado el lote, ubicado en las inmediaciones de los viejos talleres de la empresa 3 de Mayo.
Sostuvo que los imputados aprovecharon la ausencia de los cuidadores y poseedores del predio para entrar. Relató que los acusados ingresaron al inmueble “a resguardo de ser descubiertos por los cuidadores o personal policial”. El cuidador del predio avisó y Bernardo Boock hizo la denuncia.
El denunciante aseguró que las personas habían entrado al predio, colocaron postes y alambrado y lo dividieron en varios lotes.
Después, personal policial constató que habían descargado paneles armados, tipo casilla, sin aberturas ni techo y que había en el lugar 21 personas.
El fiscal afirmó en la audiencia, que se hizo este miércoles, que los imputados despojaron de ese modo del derecho real de posesión a Boock y se negaron a irse del lugar.
Las personas imputadas fueron asistidas por el defensor oficial Marcos Cicciarelo, que planteó que el predio pertenecía originariamente a las familias Meliqueo y Ojeda, relataron fuentes judiciales.
Dijeron que el defensor recordó que en 2010 esas familias hicieron una cesión de derechos a Guido Dal Pozzo, que entonces era uno de los dueños de la empresa 3 de Mayo. Explicaron que Boock es como un administrador de esa predio.
Según la teoría de la defensa, Dal Pozzo se había comprometido en un plazo de 40 meses a poner servicios en el predio, subdividirlo y alambrarlo. Pero no lo hizo. Algunas de las personas imputadas le explicaron a Cacalgno esa situación y que entraron al predio que consideran que les pertenece.
El juez escuchó a la fiscalía y a la defensa y les dio 4 meses de plazo para la investigación, pero los instó a que en ese lapso traten de llegar a un acuerdo para resolver el conflicto.
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