Fallo judicial jaquea la licitación de los casinos andinos
La Justicia aceptó que hay bienes de Entretenimientos Patagonia en la concesión de las salas de Bariloche. No suspendió la licitación porque está pendiente un recurso administrativo. El Gobierno ratificó el proceso.
Un fallo judicial otorgó la razón a la empresa apartada de los casinos andinos (Entretenimientos Patagonia) en la propiedad de bienes que Río Negro ofrece en la futura concesión, modificando las condiciones de la explotación propuesta en la licitación de las salas de Bariloche, El Bolsón y Jacobacci.
La presentación de ofertas vence el miércoles 30 pero el criterio fijado por la resolución judicial plantea ciertos interrogantes. Inicialmente, el gobierno rionegrino confirmó su continuidad pero, también, se advirtió que aún el análisis judicial era demasiado preliminar.
El conflicto se concentra en la propiedad de tragamonedas y de vehículos que Lotería incluyó en los pliegos para la próxima explotación de esos casinos cuando la exconcesionaria (Entretenimientos) alude a que les pertenecen.
La rescisión operó desde agosto y Lotería asumió el control de las salas de juego, llamando a licitación en el inicio de setiembre. A mediados de mes, la firma apartada acusó públicamente a la provincia de “confiscar e incautar bienes” de su propiedad para afectarlos a la futura concesión. Así, lo decía su gerente operativo, José Franzoy al evaluar el pliego licitatorio, con “tragamonedas” que había instalado la concesión anterior.
Las máquinas y vehículos figuran en los pliegos para cederlos en la futura explotación de las salas. La discusión no es menor, pues se trata de 4 a 5 millones de dólares.
El miércoles vence el plazo para las ofertas. Hasta la semana pasada, nueve firmas habían retirados pliegos y demostrado su interés en la participación.
Tras su denuncia pública, Entretenimientos elevó un recurso ante el Poder Ejecutivo y, el último jueves 24, presentó una cautelar en la Cámara en lo Civil de Viedma, solicitando que se suspenda el proceso licitatorio al reclamar por sus bienes que “no puede ser incluidos para su entrega al nuevo concesionario, sin incurrir en confiscación”.
El viernes 25, el juez Ariel Gallinger resolvió –formalmente– con un rechazo al pedido de detener la licitación aunque en su argumentación avanza en la cuestión en pugna.
En su análisis, el magistrado entendió que a Entretenimientos “le asiste razón en su pretensión referida al planteo relativo a los bienes –máquinas tragamonedas y automóviles–” aunque consideró que la situación “puede ser garantizada por medidas menos gravosas para la administración y para el proceso licitatorio en marcha”.
Advierte sobre la “existencia de verosimilitud en el derecho” reclamado pero propone que “el perjuicio puede evitarse en la resolución del recurso administrativo”, aludiendo al trámite ante el gobierno provincial, aún sin decisión.
Reafirmando su planteada corrección, Gallinger insiste que, “hasta tanto se resuelva el recurso de alzada interpuesto en sede administrativa es necesario establecer que no debe definirse en forma definitiva y consecuente tampoco acordar derechos sobre los bienes materia de reclamo a los fines que no producir un perjuicio que resulte irreparable en el futuro”.
Costo del diferendo
- Cinco
- millones de dólares es el costo de esas máquinas usadas. Su inclusión o no es determinante para la próxima concesión.
En esta instancia, el juez insiste que “no advierte que se vayan a producir perjuicios definitivos” para Entretenimientos durante esta etapa “en la medida que no se dicten actos definitivos”, como sería otorgar “la concesión licitada” y ceder los bienes en conflicto. Basta que, “hasta tanto no se resuelva el recurso de alzada, deberán abstenerse de dictar actos administrativos que acuerden derechos definitivos a terceros sobre los bienes” reclamados.
Al final en su resolución, Gallinger rechaza el pedido de suspensión de la licitación solicitado y establece que “la Lotería y el gobierno deberán resolver el reclamo “previo al acto administrativo definido en el marco del proceso licitatorio”.
«Todo sigue igual», la primera reacción desde el Gobierno
El Secretario General, Daniel Sanguinetti ratificó la continuidad del proceso cuando ayer lo llamó RÍO NEGRO para consultarlo, aceptando que se enteraba del fallo por la consulta periodística.
Daniel Sanguinetti, Secretario General de la Gobernación. Foto: Marcelo Ochoa
Sanguinetti –que monitorea esta instancia– reconoció que hay un recurso de alzada ante la gobernadora Arabela Carreras, estimando su resolución para “el 1° o el 2” (es decir, el jueves o viernes próximo, después de la apertura de ofertas) . Aseguró que se está en plazo, que son 20 días desde la presentación.
El funcionario defendió la propiedad de la provincia de los bienes en discusión. Aludió al artículo 57 del contrato entre Lotería y Entretenimientos, el cual, plantea que “al operar el vencimiento de la concesión o de su prórroga todos los bienes recibidos al principio de la misma y las incorporados por el concesionario durante su transcurso serán entregados al organismo litigante”.
En el diálogo, Sanguinetti enfatizó que “estamos haciendo cumplir esta cláusula. Si un juez opina otra cosa, se verá”, agregó mientras ratificó inicialmente la continuidad de la licitación, que tendrá el próximo miércoles tendrá su primera fase con el vencimiento de la presentación de ofertas.
Opinión: conflicto no forzado
La decisión judicial –aparentemente favorable para el gobierno– complica el proceso licitatorio de los casinos al darle razón a la ex concesionaria.
El fallo propone una solución velada, coincide con la peticionante en la propiedad de los bienes reclamados, pero no contradice al gobierno, y plantea la corrección administrativa.
El oficialismo puede insistir en la pulseada pero las firmas detectan signos de un posible cambio del negocio. Los bienes en conflicto –tragamonedas y vehículos– no son menores.
El anexo II del pliego consigna cuatro rodados (un Hyundai, una camioneta Toyota, un camión Kia y una Trafic) y el V describe 837 tragamonedas. Estas máquinas nuevas tienen un costo actual de 20 mil dólares. La propia empresa reclamante admite que la mayoría tienen “varios años de uso”.
Aún su depreciación, su valor estaría entre los 5.000 a 6.000 dólares por unidad. El diferendo concentra un impacto de 4 a 5 millones de dólares. Semejante número, trastoca cualquier proyección económica.
Sin máquinas, el nuevo concesionario deberá incorporarlas, con un costo por encima de la histórica exigencia de la licitación: la terminal de Bariloche.
Desde el gobierno, en principio, se ratificó el proceso. Queda otra mayor evaluación frente al nuevo error no forzado.
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