La fiscal pidió el desalojo de la toma de tierras de El Bolsón
Sylvia Little cambió su postura inicial respecto de las 133 familias ocupantes de las tierras del INTA y ahora consideró que "hay delito". Pidió, sin embargo, se les provea alojamiento.
La fiscal federal subrogante de Bariloche, Sylvia Little, pidió el desalojo de 133 familias que tomaron dos predios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en El Bolsón, a la vera del acceso al mirador Cabeza del Indio
En un primer momento, la funcionaria había señalado que no se trataba de un delito penal porque había sido en forma pacífica.
La gobernadora Arabela Carrreras había sostenido que «las tomas en Villa Mascardi y en El Bolsón son profundamente distintas. En Villa Mascardi los tomadores tienen una actitud violenta, están encapuchados y reivindican algunas cuestiones que tiene que ver con los mapuches», aseveró.
No obstante, aclaró que en ambos casos se trata de «tierras nacionales» y que «si bien son un delito, en democracia no podemos volver a permitirnos que pase una tragedia como la muerte de Rafael Nahuel, que se dio en el marco de una toma».
Ahora, la fiscal Little le solicitó al juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, el desalojo de 133 familias que ocuparon las tierras en El Bolsón, según informó el sitio fiscales.gov.ar
No obstante, pidió que una vez cumplida la medida, brinden alojamiento a las personas.
La fiscalía -a pedido del INTA- requirió el desalojo del lugar al constatar la existencia de un delito, por cuanto “los ocupantes invadieron un sector de tales lotes en forma clandestina, habiendo llegado hasta allí por el bosque o por caminos clandestinos, puesto que no lo hicieron por el único acceso al lugar desde que este se encuentra custodiado, hecho ocurrido entre el 20 y el 25 de agosto pasado.
En esa fecha 133 familias ingresaron a la Reserva Forestal de Loma Medio y se instalaron a la vera del camino de acceso al mirador de Cabeza del Indio. La delegación “Bariloche” del INTA, Mauro Sarasola, denunció la usurpación del predio y solicitó su consecuente desalojo. El organismo luego reiteró la petición ante la Secretaría Civil del mismo Juzgado Federal.
La fiscal sostuvo que “no existen dudas aquí que estamos en presencia de un delito, puntualmente, del tipo penal previsto por el art. 181, inc. 1° del CP [Código Penal], puesto que aquéllas 133 familias ingresaron clandestinamente a los predios de propiedad del INTA y se instalaron allí, reclamando como propias las porciones de terreno que, cada quién, unilateralmente demarcó para sí”.
“Negar una asistencia habitacional adecuada a las personas que componen el grupo de 133 familias que ilegítimamente se asentaran en dicha Reserva no es sino omitir dar una solución real e integral al problema”, sostuvo la representante del Ministerio Público Fiscal.
Pero también pidió en su dictamen que las Secretarías de Desarrollo Social y de Tierras de la Municipalidad de El Bolsón, el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de la Provincia de Río Negro y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación intervengan a fin de dar alojamiento a las personas que habrán de ser desalojadas.
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