Duro dictamen del Instituto de Derecho Penal y Procesal

NEUQUEN (AN).- El Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados de esta capital consideró que el jury contra el fiscal Ricardo Mendaña está plagado de irregularidades legales, desde el inicio mismo hasta llegar a la prohibición de la publicidad de las audiencias.

El Instituto es una voz escuchada dentro de foro local, y reúne a los máximos expertos en derecho procesal. A pedido de los Colegios de la provincia, hizo un análisis jurídico y técnico del jury contra Mendaña.

El fiscal fue acusado inicialmente de haber fomentado la experiencia piloto y de efectuar declaraciones críticas hacia los tres poderes del Estado. Sobre esa base se declaró admisible el jury en su contra. Pero después «se admitió una anómala ampliación de la acusación», dice el Instituto. Allí se incluyó el cargo por la supuesta usurpación de dos lotes municipales.

«Para peor -afirma el dictamen- ocurre que por la ulterior 'abstención' del Fiscal de Estado, que 'retira' los cargos vinculados con la experiencia piloto, sucede que solamente subsisten los cargos correspondientes a los hechos nuevos, que fueron a nuestro juicio ilegalmente incorporados para su tratamiento en este jury».

Añade que los cargos por la usurpación y la conexión clandestina a la red de agua «se refieren a la comisión de supuestos delitos de carácter común, es decir, no vinculados, ni cometidos en el desempeño de sus funciones». Se pregunta entonces «cómo es posible que el Jurado los juzgue, no solo sin que haya decidido previamente, en forma expresa, su admisibilidad formal, sino sobre todo sin que la Justicia Penal haya decidido jurisdiccionalmente, si el hecho es delito y si Mendaña lo cometió».

Respecto de la parcialidad de algunos miembros del Tribunal y las recusaciones que presentó Mendaña contra ellos, advierte el Instituto que «el sistema jurídico activa el apartamiento del funcionario interviniente ante la sola sospecha o temor –fundados naturalmente- de pérdida de imparcialidad».

«Un principio elemental en el tratamiento del tema de la imparcialidad judicial, ha sido en todos los tiempos, la afirmación de que la recusación no puede ser resuelta por los mismos jueces recusados. Aquí -sin embargo- se recurrió a un curioso mecanismo triangular, que carece de todo apoyo en el derecho vigente. Este innovador mecanismo no carecerá de ingenio, pero es ostensiblemente contraria al derecho vigente, por lo que queda en evidencia su ilegalidad», afirma.

Por último, el dictamen afirma que «las conclusiones técnico-jurídicas son sobrepasadas por la realidad que todo este proceso documenta: se han conculcado con un ejercicio del poder inapropiado las instituciones republicanas, precisamente por quienes son los guardianes naturales de la legalidad y constitucionalidad provincial».

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