El cuerpo de Solano no aparece y los policías condenados siguen libres
En 2018, los siete uniformados recibieron perpetua por el crimen, pero se agotó el plazo de la preventiva y la pena no está firme. La familia quiere saber dónde escondieron sus restos.
El 1 de agosto se cumplieron dos años de la sentencia a prisión perpetua para los siete policías de Río Negro por el asesinato de Daniel Solano, el trabajador rural de Salta que desapareció en Choele Choel. Sin embargo la angustia para la familia del joven norteño continúa porque los condenados están libres y el cuerpo de Daniel no aparece.
“Pedimos que los policías rompan el pacto de silencio, ellos saben dónde dejaron el cuerpo de Daniel, mi tío Gualberto lo buscó por mucho tiempo, él se murió sabiendo lo que hicieron con su hijo”, expresó afligida Romina, prima de joven salteño.
La madrugada del 5 de noviembre del 2011 fue la última vez que se vio a Daniel, saliendo de un boliche detenido por la policía. Tenía 27 años y había llegado por trabajo desde su oriunda Misión Cherenta, en Tartagal. Era su tercera temporada en la comarca del Valle Medio para comenzar con las primeras tareas en los montes de manzana en Lamarque.
Los uniformados Sandro Berthe, Pablo Bender, Héctor Martínez, Juan Barrera, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel y Diego Cuello fueron condenados en 2018 por el delito de “homicidio agravado por alevosía por ser cometido por un funcionario público”. Se diferenció, en el caso de Berthe, Bender y Barrera, a quienes les sumaron el delito de vejaciones.
El juicio se rigió con el viejo Código Penal el cual establecía que la prisión preventiva tenía un plazo máximo tres años y seis meses si no se llegaba a una condena firme. Por este motivo los policías llegaron libres al proceso porque se habían vencido los tiempos de la medida cautelar. En diciembre del mismo año, el Supremo Tribunal de Justicia de Río Negro ratificó la calificación de la pena y la sentencia de los siete condenados, pero rechazó la preventiva.
Mató a un hombre y fue a Gendarmería a dar aviso
“Enoja que estos policías continúen en libertad, esperamos que la Corte Suprema confirme la pena, es necesario que paguen como se debe, estando presos”, resaltó la prima de Solano.
Romina manifestó que los uniformados continúan trabajando. “La provincia de Río Negro no hizo nada al respecto para evitar que sigan trabajando”, sostuvo.
“Lamentablemente esto afecta a los testigos que declararon en el juicio porque se los tienen que cruzar en la calle en Choele”, dijo.
Por su parte, Oscar Pineda abogado de Cuello, Albarrán (y en un primer momento de Berthe) señaló que los condenados no fueron exonerados de la institución policial porque no está firme la condena, pero sí están separados de la fuerza y cobran la mitad del sueldo. Además, deben cumplir normas de conducta.
“¿Cómo pueden los policías seguir cobrando su sueldo con dos sentencias condenatorias?”, se preguntó indignado uno de los letrados de la familia Solano, Leandro Aparicio.
“No fueron dados de baja de la policía, siguen trabajando, se que Barrera estaba trabajando en Chimpay después de ser condenado”, expresó.
La lucha de Gualberto
“El chango mío está acá, anoche lo soñé y me dijo papá no quiero que me dejes acá”, declaró con lágrimas Gualberto Solano en febrero de 2018 cuando comenzó el operativo en el jagüel, un pozo de agua abandonado en un chacra del campo “La Manuela” en Choele Choel donde la familia y testigos aseguraron que arrojaron el cuerpo de Daniel.
Gualberto luchó hasta su fallecimiento en abril de 2018 para que se hiciera justicia y por encontrar los restos de su hijo.
La prima de Daniel, Romina, señaló que quizás sacaron el cuerpo del jagüel porque “el pozo estaba adulterado”.
“Hasta que se autorizó la búsqueda en ese lugar tuvieron tiempo de sacar el cuerpo y ponerlo en otro lado”, dijo.
En agosto de 2015 no se hizo la pericia en el lugar por la decisión del entonces juez penal, Julio Martínez Vivot y del fiscal, Guillermo Bodrato dado que se argumentó que existía peligro.
Una de las dudas que más ha sobrevolado el lugar, entre abogados, vecinos, y curiosos ha sido por qué no se preservó el sitio. Si era considerado de vital importancia para la causa, por las posibles pruebas que se pudieran encontrar, sólo se le dejó unas precarias maderas y chapas cubriéndolo.
Pudo ver el inicio del juicio
En febrero de 2018 Gualberto alcanzó a presenciar el inicio del juicio a los policías acusados de la muerte de su hijo.
“Fue triste que mi tío se haya ido sin ver la sentencia de estos siete policías que fueron condenados a perpetua. La justicia de Río Negro lenta y tardía fue la responsable la muerte de mi tío”, expresó indignada Romina.
Sin embargo consideró que “hubiese sido muy duro para él escuchar en el juicio todas las aberraciones que hicieron con su hijo por mano de policías”.
“Su partida fue muy dolorosa, él lucho hasta el final, hasta el final quiso que se busque a su hijo, que se lo entreguen, esa lucha la seguimos nosotros junto a los abogados Sergio Heredia y Leandro Aparicio”, expresó emocionada.
Falta la definición de la Corte Suprema de la Nación
El juicio por el crimen de Daniel comenzó en febrero de 2018 y el 1 de agosto de ese año los policías Berthe, Bender, Martínez, Barrera, Albarrán Cárcamo, Quidel y Cuello fueron condenados a prisión perpetua.
Los uniformados ya habían recobrado la libertad en septiembre de 2015 porque se había agotado el plazo de tres años y medio de prisión preventiva sin una pena firme.
La sentencia solo respondió al cargo de “homicidio agravado por alevosía por ser cometido por un funcionario público”. Puntualmente, sobre el delito de desaparición, el tribunal volvió a insistir en que no tenía facultad para juzgarlo, asegurando que correspondía al fuero federal.
El fallo se basó en darle credibilidad al relato de los testigos: a pesar de no hallar el cuerpo de la víctima, esto no invalidó la posibilidad de comprobar el delito. Si bien hubo algunas diferencias entre los testimonios, todos tuvieron un hilo conductor.
Los jueces entendieron que esas variaciones se debieron al paso del tiempo y al temor que manifestaron por la presión de los acusados, a lo largo del juicio.
Actualmente los uniformados siguen en libertad con reglas de conducta como la prohibición de salir del país, embargo de bienes y caución real.
En diciembre de 2018 el Superior Tribunal de Río Negro (STJ) ratificó la sentencia y los abogados defensores presentaron un recurso extraordinario federal que también fue rechazado por el STJ. Finalmente presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ingresó en octubre del año pasado.
Fuentes judiciales señalaron que los plazos de la Corte no son específicos para resolver estas presentaciones. Algunos casos tardan en resolverse en unos meses mientras que otros demoran años.
Hasta que la Corte no confirme la pena los condenados podrán seguir en libertad si respetan las normas de conducta.
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