Exigen a la Justicia frenar la impunidad policial
El subsecretario de Justicia de la provincia, Miguel Bermejo, aseguró que parte de la responsabilidad por abusos policiales es de la justicia, por no imponerle límites a los uniformados.
ROCA (AR).- No sólo el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Sodero Nievas, encuentra débil la capacidad de reacción de jueces y fiscales de Roca ante las sucesivas denuncias por atropellos a los derechos humanos en la alcaidía.
El subsecretario de Justicia y Asuntos Penitenciarios, Miguel Bermejo, también advirtió que la impunidad de los policías acusados de someter a vejámenes a los presos llegó a los niveles actuales porque desde los tribunales penales no hubo señales claras que impongan límites a los uniformados.
No obstante la crítica al pasado, el funcionario del Ministerio de Gobierno confió en un cambio de actitud por parte de los representantes del Poder Judicial que contribuya a las acciones emprendidas por el Ejecutivo para superar la crisis de violencia interna que vive la cárcel.
«Todo depende de que la Justicia actúe si cree que no se están cumpliendo con las leyes. Nuestra misión es administrar correctamente un establecimiento penitenciario y tratamos de mejorar todos los días, pero si alguien se corre de esa línea, que no haya impunidad. Que sea sancionado en el marco de una investigación que establezca fehacientemente qué tipo de delitos cometió», afirmó Bermejo ayer, a poco de concluir su visita a la unidad del norte roquense.
En este sentido, hay una causa en trámite que podría marcar un punto de inflexión en la historia de los malos tratos a los internos de la cárcel. Es la que afrontan el ex jefe de la alcaidía, Carlos Britos, el ex responsable del área interna, de apellido Crespo y dos policías más.
El expediente tiene su origen en los 150 hábeas corpus presentados a mediados del año pasado por detenidos de distintos pabellones, que la Cámara Segunda rechazó pero reservó los que creía materia de amparo y los giró a la fiscalía de turno para que se analice si hubo delito.
Así fue como la fiscal Ana Benito solicitó meses atrás al Juzgado 2 la indagatoria para Britos y sus subalternos.
Este diario intentó conocer ayer el presente de la causa, pero el juez Rubén Norry mandó a decir a través de su secretario que no informaría nada y si el interés era el de conocer detalles «que se los pregunten al Grupo de Derechos Humanos» de la Facultad de Derecho de la UNC.
Hay que recordar que durante la jefatura de Britos, que concluyó a principios de este año, se registró la mayor cantidad de denuncias por golpizas a los presos.
El comisario fue reemplazado por Leonardo Riveros, pero las conductas violentas no disminuyeron, hasta llegar al fin de semana pasado, cuando los profesionales de la UNC denunciaron la vigencia de los vejámenes.
Esto hizo viajar rápidamente a Bermejo hacia Roca, quien dedicó buena parte de la mañana de ayer a revisar todas las normas vigentes junto a las autoridades carcelarias, reprochando el incumplimiento de numerosos puntos. Respecto de la respuesta policial ante las acusaciones, se supo que la cúpula de la alcaidía sostuvo que «hacen todo lo posible para que las cosas funcionen bien».
Como está claro que esos esfuerzos son insuficientes, Bermejo les adelantó que desde la semana próxima habrá un relanzamiento para la división Asuntos Internos de la Policía, a partir de modificaciones parciales a la ley orgánica de la fuerza. «Se está haciendo un reglamento nuevo y la semana que viene se revisarán procedimientos para que Asuntos Internos empiece a funcionar a full», detalló Bermejo.
«Tuve que prenderme fuego»
ROCA (AR).- A medida que pasan las horas, salen a la luz más hechos de violación de los derechos humanos ocurridos en la alcaidía de esta ciudad. Uno de los detenidos, aseguró ayer que tuvo que «quemar un colchón y prenderme fuego para recibir atención médica», aunque reconoció que tras el grave incidente, «sólo recibí una dieta, pero nada de medicamentos».
El reclamo de Gabriel Campos es por una paliza sufrida dentro de la cárcel. Una de las tantas que ha recibido, ya que anteriormente estuvo alojado en la cárcel de Viedma, y declaró en un juicio que se realizó contra un uniformado en la capital provincial. A partir de ese momento, los golpes y humillaciones fueron moneda corriente.
«Así que vos declaraste en contra del policía», asegura Campos que le decían los guardias en Viedma. Esta frase siempre era el prólogo de una golpiza, y según indicó, se llegaban a repetir cada una hora.
En Viedma tuvo que ser trasladado al hospital «Artémides Zatti», luego de aguantar el dolor durante días y sin atención médica. El médico constató las heridas, pero Campos asegura que dentro de la cárcel no recibió el tratamiento médico indicado.
Posteriormente fue trasladado a Roca, donde los golpes continuaron. Nuevamente Campos volvió a sufrir por la falta de atención médica. «Pero esta vez la desesperación me llevó a tomar una medida extrema: prendí fuego un colchón y luego hice lo mismo con los pelos».
«Me atendió un médico policial. Me revisó y lo único que me dio fue una dieta», dijo.
Este último caso habría ocurrido durante el fin de semana, por lo que Campos continuaba con dolores, y con el temor de ser víctima de una nueva paliza.
Según dijo, la violencia en su contra comenzó cuando declaró en contra de un policía en Viedma, y a partir de ese momento, su detención se transformó en una pesadilla.
Por otro lado, en una carta enviada a «Río Negro» por detenidos, a través de un familiar de uno de ellos, los internos hacen mención a las malas condiciones de detención, pero remarcan también que actualmente se continúan utilizando ciertos sectores del penal como lugares de tormentos o penitencia, conocidos en el ambiente carcelario como «buzones». «Nos preguntamos, ¿cuál es el tratamiento de reinserción social para los reos?». La nota está firmada por 60 alojados en la caótica cárcel roquense.
ROCA (AR).- No sólo el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Sodero Nievas, encuentra débil la capacidad de reacción de jueces y fiscales de Roca ante las sucesivas denuncias por atropellos a los derechos humanos en la alcaidía.
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