CALF va por un millonario recupero en los asentamientos de Neuquén
Detrás del pedido de regularización de asentamientos en tierras provinciales y municipales, la cooperativa busca empezar a mejorar el balance de las pérdidas no técnicas.
El gobierno provincial aceleró los planes de regularización eléctrica en la Toma 7 de Mayo. Foto: Gentileza.
Las cuentas de la cooperativa CALF vienen sufriendo un impacto severo desde el año pasado. Los tarifazos del gobierno de Mauricio Macri afectaron la cadena de pago fuertemente e incluso la distribuidora tuvo que crear planes de pago para mejorar el recobro. Con la llegada de la pandemia la situación volvió a agudizarse ya que muchos vecinos dejaron de abonar el servicio eléctrico en tiempo y forma.
Bajo ese escenario la cooperativa fue acumulando una millonaria deuda con Cammesa por energía impaga, intereses y multa. En parte fue porque no alcanzaba a recaudar toda la energía entregada y, por otro lado, por una cruzada política del presidente de la entidad, Carlos Ciapponi, que se enfrentó a los aumentos indiscriminados de Nación y comenzó a cancelar la factura de compra proporcionalmente.
Si bien los números no fueron oficializados, esa deuda con Cammesa, que tuvo un principio de acuerdo y luego se deshizo con el cambio de gestión nacional, estaría cerca de 1.000 millones de pesos.
Las autoridades de CALF aseguran que es un pasivo maniobrable porque tiene acreencias con el Municipio, la Provincia y usuarios, que superan esa cifra. Una de las principales deudas que no puede saldar la cooperativa son las pérdidas no técnicas que, básicamente, son los asentamientos y barrios privados que están enganchados de los tendidos eléctricos.
Sin ser una batalla pública, desde la distribuidora aseguraron semanas atrás que iban a quitar las líneas de las que se estaba abasteciendo el populoso barrio Toma 7 de Mayo, en el oeste neuquino. Pero la advertencia nunca llegó a ejecutarse porque desde Provincia aceleraron los trabajos de regularización.
¿Qué significa? Que la provincia se hizo cargo de los tendidos eléctricos y la regularización del sistema para que luego la cooperativa pueda instalar los medidores y comenzar a cobrar por los consumos.
Desde la presidencia de la distribuidora aseguraron que llevan regularizados 2600 lotes en su gestión. En la Toma 7 de Mayo serán unos 500 lotes los que se sumarán formalmente al servicio. Según las estimaciones oficiales cada parcela sin regularizar provoca una pérdida de 50.000 pesos al año.
Las pérdidas no técnicas fueron estimadas por CALF en un 10% de la energía que distribuye. El 60% de ese total son asentamientos irregulares. El tema es una de las prioridades para la administración que llegó a presentar una denuncia penal por la situación.
En 2018 las pérdidas no técnicas representaron para la cooperativa fueron 139 millones de pesos, en 2019 trepó a 202 millones de pesos y para este año fueron estimadas en 263 millones de pesos, lo que totaliza más de 606 millones de pesos.
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