Neuquén adhirió a la ley nacional de Agricultura Familiar
El objetivo de la norma es proteger y fomentar políticas dirigidas a los pequeños productores. Incluye un relevamiento territorial.
Los crianceros son parte fundamental de la economía del Norte Neuquino. Foto gentileza.
La Legislatura de Neuquén adhirió a la ley nacional 27.118 de reparación histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. La norma establece programas de capacitación, crea un fondo especial y prevé un relevamiento territorial.
Ayer fue sancionada en general, por 28 votos afirmativos, y hoy la Cámara la aprobó en particular.
El objetivo es proteger los sistemas socio productivos de la agricultura familiar, mediante políticas públicas que fomenten el acceso a la tierra, al agua y demás bienes esenciales para el crecimiento, desarrollo y comercialización de producciones agropecuarias (primarias o de agregado de valor).
Se entiende por agricultura familiar aquella actividad productiva, agrícola, pecuaria, forestal, pesquera, acuícola que es gestionada por sus propios integrantes, e incluso se encargan de la mano de obra, residen en el campo o en la localidad más próxima, y es su principal sostén económico.
Son pequeños productores, minifundistas, campesinos, chacareros, colonos, medieros, pescadores artesanales, productores periurbanos y comunidades de pueblos originarios.
Juan Ruppel, tesorero de la cooperativa campesina e integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos, explicó que además de adherir se hicieron algunas modificaciones «porque la ley nacional plantea un banco de tierras, lo que pasa que en nuestra situación provincial no tenemos un relevamiento hecho para saber en manos de quién está la tierra.»
Por eso destacó que la ley incluya un relevamiento de los agricultores familiares de la provincia. «Con esto vamos a saber en manos de quién está la tierra y quién la está trabajando para poder tener unos números concretos y reales de cuántos productores tenemos en la provincia, qué se está produciendo y de acuerdo a eso poder generar también un plan de desarrollo, en el sentido de ver en qué tenemos que ahondar más esfuerzos y en cuáles tenemos que ir por una vía judicial, para poder regularizar la situación de tierras», afirmó Ruppel.
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