Suma rechazos en Bariloche el control de los aislados en manos del Ejército
El Gobierno provincial y municipal acordaron incorporar a voluntarios de la Escuela Militar de Montaña en el seguimiento de los contactos estrechos. Gremios, organismos de derechos humanos y partidos políticos cuestionan la medida.
El suboficial principal deberá pagar 200.000 pesos a la víctima. Foto: archivo
La decisión del Gobierno provincial y municipal de ceder al Ejército el control y seguimiento de las personas aisladas en Bariloche por contactos estrechos de pacientes con coronavirus genera rechazo entre organismos de derechos humanos, gremios y partidos de izquierda.
Esta semana el Gobierno dio a conocer un acuerdo entre la gobernadora Arabela Carreras, el intendente Gustavo Gennuso y autoridades de la Escuela Militar de Montaña mediante el cual el Ejército colaborará en el contexto de la pandemia con 50 agentes voluntarios para el seguimiento de los contactos estrechos que deben permanecer aislados.
Este diario pudo conocer que todavía los agentes no están en esa tarea ya que se deberán capacitar previamente.
El seguimiento de las personas aisladas hasta el momento se realizaba con personal de Salud y voluntarios civiles, convocados por el Comité de Emergencia y otros organismos. Pero la cantidad de barilochenses en esta condición, que superan las 1000, requiere de más personas que realicen los seguimientos.
El primer rechazo llegó de la agrupación Hijos Bariloche que cuestionó con dureza la medida que consideró como un “acto de irresponsabilidad, ignorancia y demagogia” y apuntó a la “mano dura” que pretende instrumentar el gobierno.
También la Multisectorial contra la Represión en Bariloche rechazó hoy la decisión de la gobernadora y remarcó que tiene la “anuencia del Gobierno nacional”. Agregan que en paralelo la fiscalía “faculta a las fuerzas de seguridad a detener y a formular cargos inmediatos a toda persona que esté circulando después de las 19 hasta las 6 del día siguiente, y de secuestrar los autos que circulen fuera de esa hora”.
“De esta manera, y en función de un supuesto cuidado hacia la comunidad ante la pandemia que sufrimos, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial eligen como falsa opción la militarización de nuestras ciudades convirtiéndolas en ‘zonas liberadas’ que lo único que garantizan a la población es represión, atropello y abuso de autoridad”, expresaron desde la Multisectorial que remarcó que “necesitamos políticas sanitarias y recursos para cuidarnos del covid-19, no fuerzas de seguridad reprimiendo en la calle”.
El Departamento de Derechos Humanos de los Pueblos de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también se sumó a los rechazos a esta iniciativa del Gobierno. “El Estado podría organizarse de otra forma y no recurrir enseguida a medidas represivas. Hay un montón de organizaciones sociales, voluntarios en los barrios, personas a las que se podría convocar para hacer esta tarea, en vez de llamar al Ejército”, indicó Carolina Alac, secretaria del Departamento de Derechos Humanos de los Pueblos de ATE.
La dirigente recordó que existe un pacto social desde hace mucho tiempo “que las fuerzas armadas jamás deben estar para nada que tenga que ver con seguridad interna” y señaló que “en nombre de la salud pública se imponga un estado policial represivo como si fuera la única forma. Hay recursos técnicos y gente muy capaz en nuestro Estado para hacer esa tarea”, expresó.
También desde ATE se cuestionó que en Cipolletti y General Roca se haya convocado a Gendarmería nacional.
Agregó su repudio además el Partido Obrero Bariloche que cuestionó que no hay inversión en salud pública y que el gobierno provincial y municipal tienen un “discurso punitivista” en el que se apunta a las reuniones sociales como las causantes del crecimiento de los casos de coronavirus en la ciudad.
“Esta definición de sacar el ejército a las calles busca desviar las responsabilidades de la propagación y de la crisis sanitaria en la que estamos, persiguiendo y criminalizando al pueblo trabajador” señala el PO que vincula esta decisión al DNU del presidente Alberto Fernández que penaliza reuniones sociales.
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