Atentado con bomba molotov: gremialista se encamina a la formulación de cargos

Desde el municipio de Roca habían apuntado con nombre y apellido contra uno de los delegados del gremio UTA. Podría recibir una pena que va desde los 15 días a 1 año de prisión en suspenso en caso de ser hallado culpable.

El delegado de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), Martín Villarroel deberá presentarse el próximo viernes 21 de agosto en los tribunales de Roca, donde se realizará la audiencia de formulación de cargos por el delito de «daño».

Se trata del referente del gremio que el 18 de julio, en pleno conflicto por el transporte entre la UTA y el municipio de Roca, habría lanzado una bomba molotov contra un colectivo que se encontraba estacionado en el predio municipal ubicado en calle Australia 3.091.

La denuncia contra el extrabajador de la empresa 18 de Mayo había sido realizada desde el propio municipio de Roca. Según trascendió de manera extraoficial, además del testimonio del sereno también habría cámaras de vigilancia que comprometerían la situación de Villarroel.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal solo se limitaron a señalar que la audiencia de formulación de cargos se realizará el 21 de agosto y que el delito que se le imputa al dirigente sindical es el de «daño» que puede tener una condena que va desde los 15 días a 1 año de prisión en suspenso.

El hecho

Según el parte enviado desde el propio municipio, cerca de las 7:40 de la mañana del 18 de julio, Villarroel habría ido a llevar a una personas de su entorno que trabaja en el predio de la comuna, y al bajarse del vehículo habría arrojado la bomba molotov.

«El sereno de turno pudo divisar claramente la la situación en que se provocó el incendio», aseguraron oficialmente y apuntaron todas las acusaciones contra el exempleado de la empresa 18 de Mayo y delegado gremial de la UTA.

Ese día llegó hasta el lugar personal de Bomberos Voluntarios para evitar que el siniestro se propague por el interior de la unidad.

También realizaron la denuncia en la sede de la Comisaría 31, del barrio de las 250 Viviendas, desde donde se inició la primera investigación.


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