Bohoslavsky: “La pobreza funciona como una “comorbilidad” del covid-19”

Nada será igual después de la pandemia por covid-19. En la región, en el país y en el mundo habrá transformaciones en todos los sentidos. Y por eso Juan Pablo Bohoslavsky asegura que será el momento de tomar medidas audaces desde los distintos niveles del Estado, para acortar la brecha de la desigualdad social.

Este rionegrino de 44 años fue desde el 2014 hasta mayo de este año “Experto Independiente en Deuda Externa y Derechos Humanos de la ONU”. Con varios libros y artículos publicados sobre esos campos, desde agosto coordinará el posgrado denominado “Derechos humanos y políticas públicas en tiempos de Covid-19”, que dictará la Universidad Nacional de Río Negro.

Y esta semana dialogó con RÍO NEGRO, para exponer su punto de vista sobre las prioridades que deberían tener los gobiernos a la hora de empezar un camino de salida de la crisis por el coronavirus.

P: La convocatoria al posgrado habla de “repensar desde sus propias bases los derechos humanos y las políticas públicas. ¿Por qué es necesaria esa revisión?

R: Podemos identificar un número de causas que han exacerbado el contagio y la letalidad del covid-19 y los efectos sociales y económicos de las medidas implementadas para contenerlo, pero todas ellas se reducen a una: la profunda desigualdad que existe en el mundo y especialmente en América Latina. La pobreza funciona como una “comorbilidad” de la enfermedad: no disfrutar de una vivienda adecuada, acceso al agua potable y salud de calidad y accesible económicamente, ingresos irregulares e insuficientes teniendo que arriesgar la salud por trabajar, mala alimentación, entre otros déficits de derechos básicos, están asociados a mayores niveles de contagio y letalidad del covid-19. Esto nos exige repensar los derechos humanos y potenciar su ambición redistributiva que se fue diluyendo con el auge del neoliberalismo.

P: ¿Cómo pensar en acortar la brecha de la desigualdad social que dejará la pandemia en un país que ya venía con sus tejidos rotos?

R: El mundo pre covid-19 ya era profundamente desigual. El virus profundiza y agrava las consecuencias de las desigualdades. Los derechos humanos deben formar una respuesta inmediata frente a la pandemia al mismo tiempo que se articulan de manera coherente con agenda transformadora en el campo de las políticas económicas, fiscales, financieras, monetarias y sociales, tendiente a reducir las desigualdades extremas y asegurar la realización de los derechos humanos de todos. El mundo necesita un nuevo contrato social que implique centrar la economía en las necesidades antes que en un crecimiento infinito del capital, llevando a una reducción efectiva de la desigualdad y la protección de todo/as frente a futuras amenazas globales.

P: ¿Y qué es lo urgente y lo importante para desarrollar desde el Estado en materia de derechos humanos?

R: Algunas de las políticas transformadoras que necesitan ser implementadas están relacionadas, por ejemplo, con la salud pública universal, políticas fiscales y tributarias progresivas, universalización de la protección social, revisión de los acuerdos internacionales de protección de la propiedad privada (esto es obvio en el marco de las patentes medicinales), invertir fuertemente en la economía de cuidados y en la economía verde. Todas estas tienen una traducción práctica, por ejemplo, en impuestos a los ricos, renta básica ciudadana o la migración de los masivos subsidios a la industria fósil hacia fuentes de energía renovables. Si la “nueva normalidad” es un oxímoron que continuará beneficiando a las elites o si en cambio entraña una verdadera agenda transformadora depende de todo/as nosotros/as. 

P: ¿Los argentinos nos ocupamos mucho en la cuestión sanitaria -y está bien que haya sido así- pero postergamos peligrosamente el abordaje de la situación social y económica pospandemia?

R: Si observamos las estadísticas con un ojo en los demás países, es evidente que la política sanitaria desplegada de manera temprana por el Estado argentino, priorizando los derechos a la vida y la salud física por sobre la apertura y reactivación económica, ha sido, en términos generales, bien concebida y eficaz desde una perspectiva de derechos humanos: la cantidad de infectados, la velocidad a la que se duplica el virus y el índice de letalidad del covid-19 están por debajo del promedio mundial y de la mayoría de los países de la región. Esta política sanitaria no parece haber implicado para el país un agravamiento adicional de la recesión económica en la que está sumido el mundo. Los países que han mostrado desdén por las medidas sanitarias tratando de priorizar la economía exhiben peores indicadores de deterioro económico. De hecho, existe una cierta correlación entre los países que han registrado menos muertes por covid-19 y menor costo económico asociado a la pandemia. 

P: ¿Qué considera más relevante sobre las medidas que tomó el gobierno y qué cuáles son otros pasos que deben empezar a darse?

R: Se están implementado en el país una serie de políticas públicas de emergencia tendientes a asegurar la importación y/o producción, comercialización y distribución de bienes y servicios esenciales, incluyendo alimentos, medicinas y provisión de electricidad, gas, agua, teléfono e internet. También se pusieron en marcha políticas sectoriales en los ámbitos social, previsional, del hábitat, monetario, del empleo, educativo, de la alimentación, el transporte, tributario, crediticio e industrial que, en su conjunto, aspiran de manera integrada mantener la actividad económica indispensable sin erosionar la política sanitaria, y reactivar gradualmente la actividad cuando ello es posible y proteger los derechos de los grupos expuestos a mayor vulnerabilidad. En el plano macroeconómico, se están implementado una serie de políticas expansivas pero al estar enfrentando un shock de oferta y demanda simultáneamente, los efectos contracíclicos se ven limitados. Aun así, nada de esto diluye la necesidad de implementar una agenda transformadora que verdaderamente encare la raíz de las desigualdades estructurales.

P: ¿Por qué afirma en algunos artículos publicados que “economía vs derechos humanos es una falsa dicotomía”?

R: Primero, porque las consecuencias sociales y económicas de la desaceleración económica no están escritas en una piedra, sino que son fruto, en gran medida, de decisiones políticas. Una opción sería redistribuir profundamente el exceso de riqueza acumulada entre quienes más lo necesitan en estas difíciles circunstancias.  Además, el enfoque de “salvemos la economía” viene acompañado de una falta de entusiasmo por reducir las desigualdades, promover reformas tributarias hacia sistemas fiscales más progresivos, redoblar la lucha contra la evasión tributaria, y fortalecer y universalizar los sistemas de protección social y de salud.

P: ¿A qué tenemos que estar atentos cuando escuchamos hablar de “salvar la economía”?

R: Tenemos que preguntarnos a quiénes realmente beneficiaría relajar las políticas sanitarias de manera anticipada para estimular indiscriminadamente la actividad económica. ¿No puede salvarse una economía que asegure la reproducción social antes que la del capital? Este enfoque en realidad intenta preservar las estructuras de mercado tal como existen, es decir, concentradas e internacionalizadas; es raro que este llamado a “la economía” incluya producciones locales, campesinas, de la economía popular o la autogestiva, ni menos aún la producción no valorizada en el mercado –como el trabajo de cuidado, que recae mayormente sobre las mujeres. No, economía quiere decir mercado, y más en especial, mercado estructuralmente des-igualador. Además, “salvar la economía ante todo” implica una visión de muy corto plazo ya que, desde un punto de vista puramente consecuencialista, miles o millones de personas infectadas y muriendo no parece ser una gran contribución a la economía nacional.

P: ¿Algún líder mundial tuvo éxito con un plan basado en “la economía primero”?

R: No se observa ventaja alguna, en la preservación de la actividad económica, en los países que buscaron evitar, demorar o limitar las cuarentenas. No poner la salud pública en el centro de los planes de acción gubernamentales no salva a la economía, solo conduce a lo peor de ambos mundos.  Niveles similares de contracción económica son compatibles con valores muy diferentes de muertes por millón de habitantes, como muestra la comparación entre Argentina, Brasil y México, o entre Noruega y Suecia. Asimismo, los países que sufrieron menor costo económico (por ejemplo, China y la República de Corea) son también los que han tenido menos muertes que lamentar. Lo mismo puede decirse de Alemania, que logra mucho mejores resultados en ambos frentes que Bélgica, España, Francia, Italia o el Reino Unido.  

P: ¿Y la región? ¿En qué deberían estar ocupados los gobernadores e intendentes de Río Negro y Neuquén si no quieren quedar atrapados por la coyuntura?

R: Cuando observamos en el plano nacional la implementación de una serie de políticas estatales más inclusivas (IFE, suspensión de desalojos, congelamiento de precios y tasas de interés, etc.), es revelador de algo que los dueños del mundo han intentado mantener en secreto y es que, tal como explica Rita Segato, la llave de la economía es política, y las leyes del capital no son las leyes de la naturaleza. Con esto quiero decir que, si los gobiernos de la región tienen una vocación transformadora, este es el momento de ser audaces y avanzar con esa agenda. 

P: ¿Cómo evalúa la efectividad de las medidas económicas y sociales tomadas en las dos provincias?

R: En el plano de los procesos de toma de decisiones, mientras es obvio que lo/s experto/as médicos y sus recomendaciones técnicas han permeado las políticas sanitarias, sociales y económicas, dada la interdependencia de todos los derechos humanos, sería aconsejable conformar en todos los niveles consejos consultivos integrando cientistas sociales.  Las políticas sanitarias inciden sobre todos los derechos humanos (incluido el de la salud mental), y a su vez las políticas públicas en los demás campos (piénsese, por ejemplo, en la decisión de qué sector de la economía se abre o cuántos estudiantes debe haber en las aulas) inciden sobre la salud pública. Uno de los temas que abordaremos en el posgrado es precisamente el de los criterios que deben utilizarse para balancear derechos humanos en competencia. 

P: Europa acaba de anunciar un acuerdo histórico, destinando 750.000 millones de euros a la recuperación de su economía, con créditos y subsidios. ¿Es un modelo para seguir en América Latina? ¿Está la región en condiciones de avanzar con una experiencia similar? 

R: Las políticas de fuerte inversión pública tienen un cierto efecto contracíclico para afrontar las crisis económicas, con lo que el anuncio del acuerdo en la UE es una buena noticia, eso sí, para la población europea. Esta opción fiscal no se encuentra disponible, al menos en la escala multibillonaria europea, para los países de ingresos bajos y medios que caracterizan a la región latinoamericana.

P: ¿Cuánto influye y de qué manera el proceso de negociación de la deuda Argentina en un plan de recuperación económica?

R: Hay que encarar los problemas de fuga de capitales, sistemas tributarios regresivos y el agobio del endeudamiento externo, como es el caso de Argentina. La resistencia de los acreedores a aceptar quitas en sus ganancias que lleven la deuda a un nivel sustentable, sin tener que recortar fondos, por ejemplo, para comprar respiradores o para pagar el IFE, da cuenta no solo de la codicia de los especuladores financieros sino también de la necesidad de contar con un mecanismo de reestructuración de deudas consensuado a nivel multilateral. Son muchos los países que hoy ya están haciendo fila para reestructurar sus deudas. 

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“Derechos humanos y políticas públicas en tiempos de Covid-19” es el nombre del posgrado que iniciará el 5 de agosto la UNRN.

Desde la institución detallan que el objetivo es estudiar la crisis sanitaria, social y económica desatada por la pandemia desde los efectos profundos y duraderos que tiene sobre los derechos humanos de la población.

La UNRN presenta al curso de posgrado como “el primero en el mundo que transversaliza los derechos humanos y políticas públicas en tiempos de Covid-19” y destaca que se ha convocado “a un notable grupo de cientistas sociales, intelectuales y funcionario/as de Argentina y organismos internacionales, que incluyen profesore/as de universidad públicas y privadas, investigadore/as del Conicet, miembro/as de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Unicef y funcionario/as  del Estado nacional con amplia experiencia en las problemáticas a abordarse”.

Con aranceles de $ 3.100 y $ 3.500 para personal de la UNRN y externos, respectivamente, la modalidad de las clases será virtual, mediante plataforma moodle. Las inscripciones pueden realizarse vía mail a: posgrados@unrn.edu.ar

“Sí, deuda y derechos humanos puede ser un gran oxímoron”, dice Juan Pablo Bohoslavsky en una de sus presentaciones personales que circulan por la red.

Radicado en Viedma, nacido en Bahía Blanca en 1976, pero rionegrino desde 1982 -cuando su padre Pablo fue liberado luego de cinco años detenido por la dictadura- este doctor en Derecho recibido en la Universidad de Salamanca se desempeñó entre 2014 y 2020 como “Experto Independiente en Deuda Externa y Derechos humanos de la ONU”.

Antes trabajó para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), coordinando el Grupo de Expertos que desarrolló los principios sobre préstamos soberanos responsables, que luego dieron sustento a los Principios de Reestructuración de Deuda aprobados por la Asamblea General en 2015.

Fue consultor de la CEPAL y del Estado argentino en casos de arbitrajes de inversión.

Además de su doctorado en Derecho, estudió en universidades de Argentina, Europa y Estados Unidos.

Publicó libros y artículos sobre deuda, inversiones y derechos humanos, entre ellos uno en coautoría con el periodista Horacio Verbitsky.