El IFE es la política de mayor cobertura en el continente

Encontrar aristas positivas al momento histórico que atraviesa el mundo, es sumamente difícil. No obstante las hay. El aprovechamiento de las herramientas digitales para multiplicar la productividad y la eficiencia en el grueso de los rubros de la economía, es uno de ellos.
Al observar la golpeada coyuntura económica argentina, es igualmente complejo encontrar datos alentadores. A la recesión que asecha desde abril de 2018 y a la tortuosa negociación para resolver el desastre del endeudamiento, se suma la gestión de la pandemia. El gobierno optó por un camino que intenta preservar la vida, con foco en lo sanitario, y programas de contención económica para paliar el impacto de las restricciones.
Aún así, esta semana hubo un atisbo de luz al final del túnel, cuando se conocieron los datos respecto a la evolución de la actividad económica en el mes de mayo. La estadística oficial mostró una caída interanual del 20,6% en el mes de mayo, y una caída acumulada en lo que va del año del 13,2%. No obstante, la comparación del mes de mayo con el mes de abril, arroja una suba del 10%. Es el reflejo de la puesta en marcha luego de la cuarentena estricta, y permite anticipar que a medida que se flexibilicen las restricciones, el rebote económico será veloz.
Las expectativas de los agentes económicos, confirman esa percepción. Una encuesta realizada por la consultora D’alessio Irol entre 190 ejecutivos de empresas nucleadas en IDEA, indica que 3 de cada 10 empresarios espera un segundo semestre de recuperación. En el otro extremo hay un 38% que anticipa una segunda mitad todavía más compleja. Los hombres de negocio acusan el golpe que ha generado el Covid-19 sobre la inversión, las ventas, las exportaciones y la cadena de pagos. Sin embargo, un 63% de los empresarios indica que ya se encuentra trabajando entre el 75% y el 100% de su capacidad operativa. Tarde o temprano la economía reacciona.

El fisco y la ecuación intertemporal
Las últimas dos semanas fueron particularmente tensas en el seno del gobierno nacional. A la presión ejercida por el sector privado para levantar las restricciones, se sumó el rechazo de los bonistas a la última oferta presentada en New York, y la puja interna en la coalición de gobierno en relación al gesto del Presidente de recibir a los empresarios durante el acto del 9 de Julio.
Así en el último anuncio conjunto del Presidente, junto al gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof y al Jefe de Gobierno de la Ciudad Horacio Rodriguez Larreta, el gobierno pareció intentar delegar en los gobernadores parte del costo político de la cuarentena, al delegarles la continuidad de las restricciones.

Los números que surgen del tablero fiscal son complejos. El costo de los programas de contención aplicados para contener la pandemia, multiplicó el gasto en lo que va del año, al tiempo que los ingresos se vieron deprimidos a raíz de la cuarentena. El resultado es lógico: crece el déficit.
Se conoció esta semana el resultado fiscal de junio, el cual arrojó un rojo de $253.076 millones. En contraste el gasto relacionado a los programas de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) significaron $99.750 millones, es decir casi el 40% del déficit de junio. Si a los programas de contención se agregan las erogaciones de Anses, los subsidios a la energía y la asistencia especial a las provincias, resulta que 2 de cada 3 pesos que gastó el estado nacional en lo que va del año, es gasto social.
Un informe elaborado por la consultora Macroview, del ex funcionario macrista Carlos Melconian pone la ecuación fiscal en perspectiva respecto al cierre del año 2015 y al cierre del año 2019, como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) (ver cuadro).
Se aprecia el ajuste aplicado por la gestión Macri, que redujo el gasto en 5,2 puntos del PBI en base a la eliminación de los subsidios a la energía, reducción de salarios y achique de la obra pública. Aún así, los ingresos cayeron 1,6 puntos del PBI y el peso de los intereses de la deuda se incrementó en 2 puntos del PBI, con lo cual el déficit se redujo solo 1,6 puntos del PBI pasando del 5,3% al 3,7% del producto.

En contraste, el estimado para 2020 muestra un panorama fiscal aún más delicado que el existente a fines de 2015. La incidencia del incremento del gasto durante la pandemia, vuelve a poner el gasto al mismo nivel que en 2015, pero con ingresos muy inferiores, y mayores pagos por intereses. El incremento del gasto para contener el virus, elevó el peso de los programas sociales en 3 puntos del PBI. La asistencia a las provincias pasó de representar 0,8% del producto a significar el 1,7%. Se estima que al cierre del año, el gasto total destinado al IFE, al ATP y la asistencia extraordinaria a las provincias, ascenderá a los $700.000 millones. Así, el rojo proyectado para este año, asciende así al 8% del PBI.
Los datos dejan tras de sí una conclusión y múltiples interrogantes. La certeza es que el abandono de la disciplina fiscal en 2020 tiene como motivo casi exclusivo los programas de contención de la pandemia. Al inicio de la gestión Fernández, no parecía haber por delante un plan de multiplicación del gasto. Medidas como la adoptada en diciembre en relación a las jubilaciones indicaban más bien todo lo contrario.

La primer pregunta es entonces hasta cuándo podrá el gobierno sostener un incremento del gasto sin sustento en fuentes de financiamiento genuinas. La segunda es, como se las arreglará el gobierno para quitar las transferencias a empleados, empresas y provincias, cuando los efectos nocivos de la cuarentena establecida por el propio gobierno se extenderán sin duda por varios meses más. La tercera, en caso de mantener los programas de asistencia, es cómo hacer para cerrar la ecuación intertemporal. Este es el punto que explica la urgencia del gobierno por cerrar el acuerdo con los acreedores y acto seguido con el FMI, oxigenando la gestión de los vencimientos que operan entre 2021 y 2023.

Contraste latinoamericano
Un cuarto interrogante en relación a la multiplicación del gasto durante 2020, es si la decisión del gobierno de aplicar cuarentena estricta en combinación con programas de asistencia, fue un camino adecuado.
La única forma de saber si se trata de una estrategia correcta, es llevando a cabo una comparación con otros países, verificando la incidencia del virus, la mortalidad, y los resultados económicos en cada caso.
Respecto a la cantidad de contagios, persiste aún la discusión en relación a la cantidad de testeos. El contraste se dificulta cuando cada país lleva adelante una cantidad dispar de testeos diarios. De antemano, existe la percepción que si se testea más, hay más casos confirmados. No obstante existe un dato duro y certero, del cual puede haber pocas dudas, y es la cantidad de muertos por Covid-19 en cada país. Al momento de escribir esta nota, Argentina tiene 60,6 muertos por Covid-19 cada millón de habitantes. En contraste, Brasil tiene 401,4, EEUU 440,9 y Chile 471,9.
En contraste, salvando las distancias y la crisis previa en la que nuestro país está inmerso, el impacto económico que deja la pandemia no es muy diferente en los países que privilegiaron la economía por sobre la protección de la salud.

Con ese marco, resalta entonces la política de contención aplicada por el gobierno argentino, y es pertinente la comparación con las políticas aplicadas en el resto del continente. Un estudio presentado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, pone el foco sobre las políticas de transferencia directa a las familias, aplicadas por los países de Latinoamérica a fin de contener la pandemia. Se trata de aquellas medidas paralelas o similares al IFE establecido en Argentina.

El segundo cuadro que acompaña la nota refleja los resultados, en relación a la cobertura de este tipo de políticas sobre el total de hogares y al esfuerzo fiscal en cada país. De tal contraste resulta que Argentina tiene el programa (IFE) con mayor nivel de cobertura a nivel regional (66,2%), y es el país que ha dedicado un mayor presupuesto a la asistencia a las familias, en relación al PBI (1,07%). Resaltan las diferencias con Brasil y Chile. La cobertura llega al 23,5% en Brasil y al 31,8% en Chile, mientras que la incidencia del gasto llega solo al 0,37% del producto en Brasil y al 0,36% en Chile.
Puede endilgarse al gobierno argentino la ausencia de un plan nítido para el día después. Sin embargo la contención social en nuestro país, sigue siendo una nota distintiva en América.