Hubo acuerdo entre el municipio y personas que ocupaban un lote en Bariloche
Un grupo de ocupantes se comprometió a irse del predio del municipio, que habían tomado el 13 de junio pasado. Serán incluidos en los registros de demandas para acceder a terrenos, en un plazo de 9 meses si cumplen los requisitos.
La toma comenzó el 13 de junio pasado, en un lote ubicado en cercanías de un plan de viviendas en construcción. (Foto Gentileza)
Un grupo de personas que ocupaba un predio del municipio acordó este miércoles, con los representantes del gobierno municipal, una solución al conflicto que incluye la posibilidad de acceder a un lote en un plazo de 9 meses, pero deben cumplir los requisitos exigidos por la normativa vigente.
Como parte del acuerdo, se comprometieron a desalojar en forma voluntaria el lugar, que está ubicado en un sector del barrio El Frutillar, a metros de un plan de viviendas en construcción.
Mientras que el Ejecutivo municipal se comprometió “a agotar los medios necesarios a fin de intentar dar solución habitacional” al grupo. Por eso, las personas, que consintieron el acuerdo, serán relevadas por el departamento social del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda, explicó la abogada y vocal de ese organismo Yanina Sánchez.
Dijo que hubo un acuerdo «en el que si ellos cumplen los requisitos para estar en los registros de demandas de soluciones habitacionales, podrán acceder a lotes en los desarrollos urbanísticos», que el municipio ejecute, “en un plazo máximo de 9 meses”.
El acuerdo se hizo este miércoles en la sede de la defensoría oficial y la abogado del Instituto de Tierra y Vivienda destacó la gestión del defensor oficial Nelson Vigueras, que colaboró para acercar a las partes y encontrar una solución alternativa al conflicto. Justamente, Vigueras defiende a las personas imputadas por el delito de usurpación.
Agustín Santoro, que forma parte del grupo de ocupantes, valoró el compromiso que asumieron las partes. El acta la suscribieron 9 de las personas que participaban de la toma y el jefe de Gabinete municipal, Marcos Barberis, y el presidente del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda, José Mella.
Sánchez dijo que hubo otros ocupantes que no alcanzaron a concurrir a la reunión, pero que están supuestamente a favor del acuerdo. Explicó que desde hace tiempo que intentaban resolver el conflicto.
La ocupación del predio comenzó el 13 de junio pasado. Y Mella, en su carácter de presidente del organismo municipal, denunció la usurpación en la fiscalía.
El viernes pasado, el fiscal Tomás Soto imputó a 9 de las 18 personas que habían sido identificadas por la Policía en la toma. El juez de garantías Juan Martín Arroyo admitió los cargos formulados por la fiscalía y les ordenó desalojar el inmueble en un plazo de 10 días.
Sánchez dijo que el acuerdo buscó evitar el desalojo forzoso. Comentó que el juez había conminado a la municipalidad en su resolución a hacer el esfuerzo por llegar a una solución alternativa para resolver el conflicto.
Sin embargo, hubo personas que resolvieron permanecer en el lote ocupado. Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron esta tarde de miércoles que la orden de desalojo sigue vigente para esas personas.
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