Optar por la inclusión

Implica ocuparse, invertir tiempo, desarrollar estrategias, planificar programas que contribuyan a superar desigualdades, todo lo cual también genera gastos.

El término excluir ha tenido un desarrollo diverso a lo largo de la historia. En su momento se aplicó fundamentalmente a las clases sociales desfavorecidas a nivel económico. Con el tiempo comenzó a expandirse y a utilizarse para describir hechos reprochables provocados por cuestiones raciales, también por el rechazo a la diversidad sexual, y así continuó extendiéndose hacia otras temáticas.

El Diccionario de la Real Academia Española define excluir como el “quitar a alguien o algo del lugar que ocupaba o prescindir de él o de ello”. Asimismo, también indica que es “descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo”.

En la vida cotidiana hemos conocido situaciones que indican que no solo se excluye con acciones concretas tal como no permitir el ingreso a un lugar de personas con determinadas características, sino también mediante la utilización del lenguaje.

Si bien es fundamental contar con conocimientos que favorezcan el uso inclusivo del lenguaje que contribuya a superar rasgos androcéntricos en la comunicación, tal como decir “La historia de la humanidad” en lugar de “la historia del hombre”; también hay otras particularidades de la vida en comunidad que generan exclusión.

A modo de ejemplo vale decir que no todas las instituciones del Estado cuentan con un área de discapacidad. Ello permitiría brindar atención adecuada a dichas personas. Asimismo, el área tendría como función propiciar la formulación de políticas sociales específicas a la temática y generar propuestas de capacitación para que el personal que trabaja en los diversos organismos estatales cuente con conocimientos específicos a cada situación, lo que les posibilitaría brindar un trato apropiado.

Asimismo, es necesario enseñar formas de comunicación específicas tales como la lengua de señas, lo que propiciaría una mayor inclusión de personas sordas en el ámbito social y laboral.

También lecto-escritura braille que favorezca una adecuada interrelación entre personas ciegas con aquellas que no presentan dificultades visuales. Ello permitiría una mayor y mejor producción de carteles, señalización y textos en sistema braille, ya que todo el conjunto social tendría conocimientos para utilizar ese sistema en particular.

Sin embargo, nada de esto se hace puesto que es más fácil la inequidad, es decir, que es más sencillo optar por la exclusión de la minoría. Debido a que esta opción no implica esfuerzo alguno y no requiere capacitación ni inversión, se ha escogido dejar de lado a personas que ya están invisibilizadas y limitadas.

De esta manera, en lugar de crear políticas sociales inclusivas, todo queda supeditado a la buena disposición de cada persona en lo que refiere a capacitarse y brindar trato adecuado, entre otras actitudes.

Optar por la inclusión implica ocuparse, invertir tiempo, desarrollar estrategias, planificar programas que contribuyan a superar desigualdades, todo lo cual también genera gastos. Sin embargo, no solo se lograría una sociedad más justa e inclusiva, sino que también se propiciaría el desarrollo de las capacidades de todas las personas.

Podemos observar que reiteradamente se utilizan los términos integración e inclusión como sinónimos. Sin embargo, tal como afirma Katarina Tomasevsky, relatora de Naciones Unidas para el derecho a la educación, ambos representan conceptos distintos y, por consiguiente, enfoques diferentes.

Tomasevsky plantea que en la integración son las personas quienes se deben adaptar a las características del lugar, en cambio en la inclusión son las dependencias quienes deben adaptarse a las personas.

Por consiguiente, la inclusión está vinculada al acceso, participación de todos, sin dejar de lado a aquellas personas que presentan alguna discapacidad. La inclusión implica una mayor diversificación, así como el derecho de todos y todas de participar en las diferentes actividades de la vida en comunidad y lograr así una sociedad justa e igual para toda la población.

Todas las personas, independientemente de si presentan o no alguna discapacidad, deberían tener las mismas posibilidades de participar en un concurso para ingresar a una institución del Estado, por ejemplo.

Asimismo, la inclusión también implica una modificación de paradigmas: salir del paradigma de la homogeneidad y pasar al de la heterogeneidad ya que no es correcto ofrecer propuestas iguales para contextos y situaciones diferentes.

Con la inclusión nos aseguramos la igualdad de oportunidades y se proporciona a cada quien lo que necesita.

*Especialista en Trabajo Social Forense