Barrios del oeste piden control a la empresa de transporte de Bariloche
Unas 18 juntas vecinales cuestionaron la ausencia de fiscalización y pidieron respuestas al Gobierno por la situación que padecen los usuarios ante el recorte de servicios.
Expectativas por la reunión clave de mañana. Foto: archivo
Los recortes en los servicios que aplicó en el último tiempo la empresa Mi Bus, que presta el servicio de transporte urbano de pasajeros en Bariloche desde 2016, generan malestar en los usuarios y 18 juntas vecinales de barrios del oeste se unieron para pedir al municipio mayor control, ante una concesión municipal.
El Ejecutivo tiene el poder condecente del transporte que otorgó a la firma sanjuanina Amancay S.A con un contrato directo, tras licitaciones fallidas y además se creó una comisión de seguimiento del transporte, a la que también apuntan los vecinalistas por la falta de control hacia la empresa que redujo drásticamente los servicios y las unidades de las 100 que contaba en un principio.
Durante la cuarentena el servicio se redujo por cuestiones sanitarias y baja circulación de pasajeros, pero luego se produjeron nuevos recortes, esta vez por una crisis económica que acusa la empresa ante la baja de subsidios. Hoy siguen en pie solo 18 servicios, según indicó semanas atrás el intendente Gustavo Gennuso.
Los vecinalistas hicieron pública una nota en la que cuestionan las “sistemáticas irregularidades en el cumplimiento del servicio” por parte de la empresa y se hacen eco de las penurias que afrontan los usuarios.
“Nunca fue controlada por la autoridad responsable, y allanó el camino para que nos encontremos al borde del colapso del sistema”, denunciaron los dirigentes entre los que firma el presidente de la CEB, Carlos Aristegui, como titular de la junta vecinal de Pájaro Azul. Acompañan también dirigentes de Villa Llanquihue, Península San Pedro, Tres Lagos, Don Orione, Playa Serena, Cerro Chico, Valle Escondido, Nueva Jamaica, Lago Moreno, Jockey Club, Casa de Piedra, Campanario, El Trébol, Covibar, Llao Llao, Wangelen y Don Bosco.
Enumeraron que Mi Bus retiró del cronograma la línea 51, un servicio que permitía unir el Alto con el oeste hasta el kilómetro 18, y que desde marzo no funciona, también sacó colectivos y no proveyó de servicios sectores postergados que desde hace años reclaman que llegue el transporte público.
En un mensaje directo al Ejecutivo municipal, los vecinalistas instan a que “brinde respuestas concretas, y no solo dando justificaciones de índole económico a favor de la empresa, cuando ha sido beneficiada con múltiples subsidios, de los cuales no tenemos precisión de su uso y destino”, apuntaron.
Señalaron además que el Gobierno dejó de cumplir su “función principal, como ha sido y es: fiscalizar”. Pidieron que se informe cuál será la política que adoptará el estado municipal respecto de la propuesta del Gobierno nacional que solo el personal esencial durante cuarentena utilice el transporte público.
También respaldaron la denuncia penal realizada por usuarios y la multisectorial del transporte respecto de posibles “incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y fraude a la administración pública”, que tiene en su poder el fiscal Guillermo Lista desde febrero.
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