Juicios, internas y covid: la pulseada judicial condiciona a la Legislatura de Neuquén

Hoy a la mañana, mientras en la Legislatura los diputados se deleitaban con la versión del himno de Alejandra Barro previo al inicio de la sesión, en el edificio del Tribunal Superior de Justicia su presidente, Oscar Massei, movía la primera ficha política de un dominó que aún no termina de completarse.

Casi a la misma hora que los legisladores, sentados ya en sus bancas, daban ingreso formal al proyecto para extender hasta por nueve meses la prisión preventiva, Massei presidía el acuerdo de vocales durante el cual no se dijo una palabra sobre el tema.

Terminada esa reunión, el presidente fue hasta su despacho y estampó la firma en un decreto cuyo contenido muy pocos conocían, mediante el cual descongeló la prohibición de hacer juicios orales, incluidos los juicios por jurados.

El decreto no fija plazos, ni contiene un protocolo, ni explica cómo se resolverán los numerosos desafíos que representa organizar un juicio por jurados en el que están involucrados decenas de ciudadanos.

Pero consiguió el golpe político que buscaba. Desconcertó al bloque el Movimiento Popular Neuquino, que buscó explicaciones en el fiscal general José Gerez.

Gerez no lo podía creer: había estado reunido con Massei en el acuerdo, y el presidente no le había anticipado lo que estaba por firmar. Ese decreto puede leerse como un ataque directo a su propuesta.

De hecho, le dio aire al Frente de Todos, que salió de inmediato a pedirle a Gerez que baje el proyecto.

«El fiscal pedía que se extiendan las preventivas porque no se podían hacer juicios, ahora el Tribunal dijo que se pueden volver a agendar audiencias, de modo que se cae la principal argumentación», señaló Soledad Martínez.

«Ayer le pedimos al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales no resolver lo que debía resolver la Justicia. Y la Justicia resolvió. Habrá audiencias y juicios. Buena noticia para las familias de víctimas y para todxs lxs que abrazamos la idea de una justicia plena», tuiteó su par Sergio Fernández Novoa.

La interna del Poder Judicial, con toda su ferocidad, había entrado en la Legislatura y la estaba arrastrando a jugar con sus propias reglas.

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Viaje en el tiempo

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Retrocedamos un momento a la primera semana de cuarentena, en el lejano marzo. La actividad estaba paralizada por completo. Massei se había tomado una licencia por enfermedad primero, y por vacaciones después. No volvería por dos largos meses.

Evaldo Moya y Germán Busamia, las caras visibles en ese tiempo, fueron los autores del acuerdo que suspendió los plazos procesales y permitió que se realicen todas las audiencias menos los juicios penales.

De a poco empezaban a escucharse con más fuerza las quejas de los abogados por la falta de actividad judicial.

Entonces Gerez apareció en la Legislatura con su proyecto para extender la prisión preventiva por un año más. Nunca ocultó que el caso testigo se llama Alfredo Escobar, preso por el femicidio de Cielo López, quien el 18 de septiembre cumplirá un año con detención cautelar y quedará en libertad si no aparece algún remedio procesal.

Su proyecto encontró resistencias. De la defensa, como era de esperar, y de varias organizaciones. Lo apoyó el Colegio de Abogados, lo que le costó una profunda división interna.

Los legisladores empezaron a preguntar por qué no se hacían juicios, y le pidieron al Tribunal Superior que vaya a dar explicaciones a la comisión de Asuntos Constitucionales.

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Cambio de ritmo

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Para entonces Oscar Massei había regresado, ocupaba otra vez la presidencia y lo hacía notar. Hiperactivo, organizaba reuniones con el gremio, disponía que vuelva la atención presencial a los abogados y amenazaba con descontarles el día a los empleados ausentes sin justificación.

Pero desairó a los diputados; en cambio el vocal Busamia fue a dar explicaciones y dijo claramente que el Tribunal Superior «no puede garantizar juicios en el corto plazo».

Hoy miércoles, apenas 15 días después, Massei lo desmiente con un decreto en el que dispone «el cese de la suspensión de agendamiento y efectiva realización de juicios por jurados, juicios con jueces profesionales y demás audiencias».

Su decreto debe ser ratificado por un acuerdo la semana próxima, porque justamente modifica varios acuerdos de vocales.

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La interna

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«Esto ya no tiene que ver con un proyecto, con la prisión preventiva, con la pandemia, nada de eso. Esto es la interna judicial», analizaban ayer en la fiscalía.

«Es la interna del peronismo contra el MPN, de Gerez contra Cancela, de la conducción del Colegio de Abogados contra el Instituto de Derecho Procesal Penal, de los fiscales contra los defensores… esto es pura interna», repetían.

Además, trataban de mantener elevado el ánimo de los diputados del MPN que en la sesión de mañana jueves tienen que defender el proyecto de Gerez. «Son necesarios 18 votos y tenemos de sobra», aseguraban con optimismo esta noche.

El miembro informante del proyecto será Maximiliano Caparroz, aunque la confianza está puesta en el democristiano Carlos Coggiola, quien el martes en la comisión de Asuntos Constitucionales apagó todas las hornallas de los cuestionamientos.

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Sobre aviso

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En el cuarto piso de Alberdi 52, donde funciona el Tribunal Superior, algunos vocales estaban avisados del decreto antes de su difusión. Incluso en algunos organismos del interior sabían que su firma sería hoy temprano.

No niegan el efecto político que buscó Massei, cuya simpatía con Gerez está fuera del expediente. Así como recuerdan que la sobreexposición del fiscal general alimentó la imagen negativa del Poder Judicial y obligó al Tribunal a salir a dar explicaciones.

Como publicó Río Negro, a plazos o al contado esas facturas se pasan.

En la fiscalía tratan de mantener la calma. «La ley tiene que salir. Si vuelve un pico de coronavirus, que ojalá nunca suceda, será mejor tener esa herramienta», dicen.