La exEnarsa desanda la gestión Macri y olvida un decreto bisagra

“Energía para poner a la Argentina de pie”. Esa frase cerró el comunicado de prensa de la empresa estatal Integración Energética Argentina S.A. (Ieasa) que anunciaba la asunción de Andrés Cirnigliaro como presidente, el 6 de marzo. Desde entonces, las autoridades de la ex Energía Argentina S.A. (Enarsa), nombre que fue cambiado en 2018 y que volvería a ser repuesto en 2020, emprendieron una serie de trabajos para revisar la herencia de la gestión en las distintas competencias.

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Además de la importación de Gas Natural Licuado (GNL o LNG, por sus siglas en inglés), que es la tarea más visible de la firma, la ex Enarsa también canaliza el contrato de compras de gas natural a Bolivia; actúa como intermediario entre las petroleras y las distribuidoras de gas que ofrecen subsidios a la demanda, como Camuzzi Gas del Sur (para los usuarios de la Patagonia, que todavía no pagan la tarifa plena) y las que usan el gas boliviano, por no tener oferta suficiente de cuencas en el norte argentino, como Gasnor y Gas NEA; y tiene distintos activos energéticos como la transportista eléctrica más grande del país, Transener, en donde es el principal accionista junto a Pampa Energía, el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) y las dos represas hidroeléctricas en construcción en Santa Cruz, financiadas por China.

Esta semana la compañía estatal licitó otro tender para el abastecimiento de gas licuado durante el invierno. Con la posibilidad abierta de que se reabran las licitaciones para fines de agosto y principios de septiembre, hasta ahora Ieasa contrató 26 barcos, que llegarán a la terminal de regasificación en Escobar, Buenos Aires, con el combustible a un promedio de US$ 2,89 por millón de BTU y la empresa internacional de trading Trafigura como el principal oferente.

Por estas operaciones, el Estado había pagado en 2019 US$ 329,1 millones a un promedio mayor a los US$ 6 por millón de BTU. En 2020, aunque todavía no se conocen los detalles finos, habría un ahorro cercano a los US$ 100 millones, que se deben exclusivamente a la disminución de los precios mundiales por la sobreoferta de gas, que ya venía con un excedente antes del impacto del coronavirus y que la pandemia deprimió aún más los precios.

Al aprovechar ventanas cortas de oportunidad y hacer compras puntuales, un mecanismo que ya habían tomado las autoridades anteriores el año pasado, se logró un ahorro extra y se consiguieron los precios del gas licuado más baratos en la historia argentina, que empezó a importarlo en 2008.

En el frente interno, el Gobierno continúa evaluando la idea de que Ieasa funcione como un agregador comercial de la demanda de las distribuidoras de gas. Esto fue adelantado el 16 de enero por Energía On y sigue en estudio.

Mientras tanto, por carriles separados, en el directorio de la empresa olvidaron de facto los términos del Decreto 882/2017, que firmaron el ex presidente Mauricio Macri y su ministro de Energía, Juan José Aranguren. Esa norma instruía la venta de la participación accionaria estatal en Transener y tres centrales termoeléctricas, dos de las cuales ya fueron transferidas a privados (Ensenada de Barragán a YPF y Pampa Energía ,y Brigadier López a la Sociedad Argentina de Energía S.A. -SADESA Central Puerto-).

Ya pasaron dos años y medio desde el 1° de noviembre de 2017, cuando se publicó ese decreto, y en los dos años en que el Gobierno estuvo en otras manos, distintas trabas internas impidieron la cesión de las acciones de Ieasa en Citelec, la sociedad controlante de Transener. Ahora, con Cirnigliaro también como presidente de la transportista eléctrica, esa instrucción quedará definitivamente en el olvido, así como también la privatización de la Central Termoeléctrica Manuel Belgrano.

Esta misma norma fue la que le cambió el nombre de Enarsa, denominación que sería repuesta en los próximos meses.

Por otro lado, la firma ya creó una mesa de trabajo para analizar con las autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) los términos de la quinta adenda del contrato de importación de gas de Bolivia, que regirá desde 2021.

Las tarifas que vienen y el rol del Estado

La idea de que Ieasa sea el agregador comercial de la distribución de gas natural se aceleró en las últimas semanas, al ritmo del vencimiento de los nuevos contratos que se firmaron en abril y que extendieron las condiciones de abastecimiento entre productoras y distribuidoras que regían entre el 1° de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020.

Ya no solo en el ministerio de Desarrollo Productivo manejan esa idea, sino que también el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), la otra pata de la interna oficial en el área energética, lo impulsa.

El mecanismo será trabajado en las próximas semanas y, según contaron fuentes oficiales a este medio, en estricto off the record, la ex Enarsa podría correrse de la operación pero persistirá la agregación comercial de la demanda entre las distribuidoras y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa), tal cual adelantó este medio en enero.

Tres fuentes de gobierno remarcaron que las petroleras necesitan certezas de demanda de largo plazo, y que, en contrapartida, eso puede significar bajos precios del gas en boca de pozo. Se aproxima una discusión con las productoras para verificar si esos precios les servirán para repagar el costo de las inversiones.

El tipo de cambio también será tema a debatir: el sector viene con una referencia de $ 41 por dólar desde hace casi 14 meses y la moneda nacional se depreció casi un 50% desde ese entonces.