Riesgo mortal
En un esfuerzo por convencer al resto del país de su voluntad de combatir una enfermedad que tanto ha contribuido a la desmoralización de los argentinos, los aliancistas iniciaron su campaña contra la corrupción concentrándose en los delitos atribuidos al ex titular del PAMI, el menemista Víctor Alderete, por considerarlo un malhechor «emblemático» que lucraba con las necesidades de los más pobres y más vulnerables y que, por fortuna, no contaría con el respaldo del peronismo por haber sido militante de la Ucedé. Así, pues, era de suponer que el gobierno haría un esfuerzo por asegurar que sus propios representantes en el PAMI no dieran motivos para sospechar que ellos también tratarían a «la obra de los abuelos» como una fuente de ingresos. Apenas ha intentado hacerlo. Si bien por ahora sólo es cuestión de denuncias y suposiciones, ya no cabe duda de que el manejo del PAMI por la Alianza ha sido muy distinto de lo que sería legítimo exigir a un gobierno resuelto a llevar a cabo una limpieza ejemplarizadora y que por lo tanto se vería obligado a asegurar que no hubiera motivos para sospechar que su desempeño fuera idéntico a aquel de su antecesor. Por el contrario, haciendo gala de un grado de arrogancia o de ingenuidad realmente asombroso, la Alianza se las arregló para armar una estructura que parecería destinada a fomentar la corrupción.
En efecto, sólo fue una cuestión de tiempo antes de que las acusaciones comenzaran a difundirse. Según la más contundente, uno de los tres interventores, Angel Tonietto, habría aprovechado su función para favorecer a un hogar para discapacitados que es propiedad de su esposa quien es, para colmo, hermana de la ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide. Aunque Tonietto juró que es inocente, no le quedó otra alternativa que la de presentar su renuncia porque su situación era claramente insostenible. Además, debió entender antes que el hecho de que su esposa fuera dueña de una empresa que podría ser beneficiada por sus propias decisiones o por aquellas de la ministra ya resultaba más que suficiente para posibilitar un grave conflicto de intereses. Por razones evidentes, es inaceptable que un interventor del PAMI sea el marido de una persona a la cual le sería relativamente fácil privilegiar, aumentando de este modo el patrimonio familiar. Asimismo, cuesta creer que una política tan expuesta como Fernández Meijide no se haya dado cuenta de que le sería necesario vetar la nominación de su cuñado porque sólo así podría impedir que se difundieran versiones sobre su propia honestidad. El que antes de producirse el escándalo que desembocaría en la virtual defenestración de Tonietto nadie haya prestado atención a tales detalles hace pensar que en verdad los líderes de la Alianza aún creen que la corrupción es una enfermedad que sólo afecta a los menemistas y que por algún motivo ellos mismos han sido vacunados contra ella.
Como corresponde en un país en el que muy pocos se dejan ilusionar en cuanto a la capacidad de los gobernantes de impulsar cambios importantes, el ahora presidente Fernando de la Rúa triunfó «haciendo la plancha». Si bien se cuidó de aludir al impuestazo con el cual iniciaría su gestión, se abstuvo de formular promesas líricas, prefiriendo dar a entender que las eventuales mejoras económicas tardarían en producirse, que la desocupación masiva no desaparecería de la noche a la mañana y que sería inútil esperar soluciones inmediatas en ámbitos como los supuestos por la educación, salud y seguridad. Pudo actuar de este modo porque la mayoría sabe muy bien que ningún gobierno concebible estaría en condiciones de producir milagros. Con todo, a pesar de lo «aburrida» que era la propuesta aliancista, los ciudadanos decentes se permitieron por lo menos una ilusión, la de que el nuevo gobierno libraría una lucha implacable contra la corrupción. ¿Lo está haciendo? Aún le queda tiempo para mostrar que sus muchas palabras en favor de la transparencia y la honestidad han sido algo más que «verso», pero hasta ahora las señales no han sido auspiciosas.
En un esfuerzo por convencer al resto del país de su voluntad de combatir una enfermedad que tanto ha contribuido a la desmoralización de los argentinos, los aliancistas iniciaron su campaña contra la corrupción concentrándose en los delitos atribuidos al ex titular del PAMI, el menemista Víctor Alderete, por considerarlo un malhechor "emblemático" que lucraba con las necesidades de los más pobres y más vulnerables y que, por fortuna, no contaría con el respaldo del peronismo por haber sido militante de la Ucedé. Así, pues, era de suponer que el gobierno haría un esfuerzo por asegurar que sus propios representantes en el PAMI no dieran motivos para sospechar que ellos también tratarían a "la obra de los abuelos" como una fuente de ingresos. Apenas ha intentado hacerlo. Si bien por ahora sólo es cuestión de denuncias y suposiciones, ya no cabe duda de que el manejo del PAMI por la Alianza ha sido muy distinto de lo que sería legítimo exigir a un gobierno resuelto a llevar a cabo una limpieza ejemplarizadora y que por lo tanto se vería obligado a asegurar que no hubiera motivos para sospechar que su desempeño fuera idéntico a aquel de su antecesor. Por el contrario, haciendo gala de un grado de arrogancia o de ingenuidad realmente asombroso, la Alianza se las arregló para armar una estructura que parecería destinada a fomentar la corrupción.
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