El jefe de los defensores abre el debate: dice que en Neuquén ya se pueden hacer juicios
Ricardo Cancela salió al cruce del fiscal Gerez, quien afirmó que hasta el año próximo será imposible y por eso pidió extender la prisión preventiva.
Ricardo Cancela.
«En Neuquén no hay obstáculos para concretar juicios», dijo el defensor general Ricardo Cancela. Y denunció que el proyecto de José Gerez para ampliar por un año más la prisión preventiva «es al menos ilegal y oportunista» y busca «cubrir la inactividad o ineficiencia de la fiscalía» para preparar los debates.
Frontal como es su estilo, Cancela puso el dedo en la llaga de un debate que mantiene agitado al Poder Judicial y por extensión a los Colegios de Abogados, que piden con insistencia que vuelva la actividad.
Si bien el defensor general se refirió sólo al fuero penal, todo el ecosistema espera una señal para que se flexibilicen las rígidas medidas tomadas por el Tribunal Superior de Justicia, en sintonía con la Corte Suprema y otros poderes judiciales provinciales. El tenue descongelamiento de la cuarentena conocido como fase 4, no llegó aún al cuarto piso de Alberdi 52.
El debate que abrió ahora Cancela nació producto de que Gerez presentó una propuesta para extender por un año más la detención preventiva de las personas. Según el Código Procesal Penal, el máximo es de 1 año o de 18 meses en casos complejos.
El fiscal general advierte que hasta el año que viene no se podrán hacer juicios orales debido a la pandemia, y los imputados en casos graves que aún no fueron juzgados podrían recuperar la libertad.
Ya se suspendieron numerosos juicios por robos y homicidios, y también juicios por jurados por casos graves de abusos y femicidios.
Los juicios por jurado son los más complejos de realizar en esta época. Pero hay quienes ya organizaron protocolos para ensayar cómo sería un juicio con jueces técnicos, un imputado y pocos testigos presenciales, respetando todas las medidas de seguridad. Y lo ven posible.
Críticas al proyecto
El defensor Cancela recuerda que «la prisión preventiva es la última medida de coerción del abanico que actualmente ofrece nuestro Código Procesal Penal» y «como tal, su aplicación es restrictiva y necesariamente debe obedecer a los fines procesales que la inspiran: evitar el entorpecimiento de investigación por la justicia y neutralizar el peligro de fuga».
«Claramente el proyecto intenta avasallar competencias específicas de la Magistratura, imponiéndole una uniformidad sobre valoración de situaciones particulares de cada caso, “obligando” a un criterio fijo de extensión hasta un año de cada prisión preventiva vigente. Realmente alarmante esa pretensión», resalta.
Y denuncia que «lo que el proyecto veladamente disimula, es que busca una autorización legislativa para imponer una interpretación a los jueces y que se prolongue en forma genérica las prisiones preventivas de todos los alcanzados por esa modalidad extrema y excepcional de medida cautelar. Esa es la única verdad en el intento del MPF: buscar una autorización legislativa expresa para cubrir la inactividad o ineficiencia de su parte en la gestión de la etapa preparatoria y de los juicios que podría preparar y realizar».
Vuelve, una vez más, sobre el punto: el problema, sugiere, es que la fiscalía no está preparada para realizar juicios.
Cancela hablará ante los miembros de la comisión de Asuntos Constitucionales el martes de la semana próxima.
La Asociación Pensamiento Penal Comahue también se manifestó en contra del proyecto que la semana pasada tomó estado parlamentario.
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