Políticos y jueces ante el covid-19: ¿cuánto dura la solidaridad del poder?

La opinión pública mira hoy -a instancias del kirchnerismo- a las “grandes fortunas” para que hagan su aporte a la lucha contra la pandemia de covid-19. Pero antes de que esa idea se instalara en la agenda del Congreso, las miradas estuvieron puestas en otros sitios de poder.

Políticos, gremialistas, magistrados y funcionarios del Poder Judicial… por presión o convicción, a todos les llegó la hora de responder ante el reclamo de solidaridad piramidal, donde los que más ganan y tienen garantizados sus ingresos en este tiempo de crisis, hagan los primeros y más importantes esfuerzos económicos.

Algunos respondieron rápido. Otros tardaron más. Y hay quienes todavía miran para otro lado.

Donaciones de sueldos, aportes desde cuentas del parlamento nacional y contribuciones anónimas y voluntarias se repitieron en Río Negro entre marzo y abril, acumulando una suma global que superó los 20 millones de pesos.

¿Es eso suficiente? La pregunta empieza a incomodar cada vez más al poder, donde muchos creían que la cuenta de la solidaridad ya estaba saldada, pero ahora observan que el país está entrando a la etapa crítica de multiplicación de contagios. Y las peripecias económicas recién empiezan.

El reclamo social retorna.  Y más inquietos se verán los representantes del pueblo rionegrino cuando tengan que definir el destino de un proyecto de ley, que propone la creación de un fondo de aportes no reintegrables, con recursos provenientes de la retención del 30% de los sueldos brutos de los máximos responsables de los tres poderes del Estado provincial.

Desde la gobernadora hasta los subsecretarios, desde el vicegobernador hasta los secretarios legislativos, desde los jueces del STJ y el procurador general hasta los funcionarios judiciales, directivos de empresas públicas, autoridades de organismos de control y representantes de entes descentralizados… todos deberían aportar casi la mitad de sus sueldos de bolsillo, desde mayo a diciembre, para ayudar a las pymes y monotributistas rionegrinos perjudicados por los efectos de la pandemia, si se aprueba la iniciativa que presentó el legislador Juan Martín, de Juntos por el Cambio.

Pero el proyecto aparece con poco futuro. 

Incluso ni mereció su inclusión en los temarios de las reuniones de las comisiones parlamentarias.

RÍO NEGRO pudo saber que la propuesta no tuvo buena recepción en el oficialismo provincial, que advierte cierta demagogia en el camino del parlamentario opositor, recordando que en abril donó su dieta al hospital de Roca y en enero propuso congelar por 180 días todas las dietas legislativas.

Desde Juntos Somos Río Negro se aferran a otras recetas para demostrar su solidaridad con los más afectados por la pandemia.

El partido, bajo la conducción del senador Alberto Weretilneck, forzó una donación general del 30% de los haberes estatales de sus dirigentes que son funcionarios o tienen cargos electivos locales, provinciales y nacionales.

Fue un atajo frente a los reparos que puso la gobernadora Arabela Carreras.

En el debate interno, la pretensión inicial de la cesión de dos meses quedó reducida a marzo, aunque la transferencia definitiva se cumplirá esta semana, acusando unos 11 millones reunidos y que serán distribuidos entre los hospitales y los centros de salud. Ya nada se dice de un segundo mes de contribución.

Los aportes que seguro no se repetirán serán los realizados en el inicio de abril por los cinco diputados nacionales que tiene la provincia.

Esos recursos -100.000 pesos por cada legislador- forman parte de un fondo del Congreso de la Nación y se asignan una vez al año, según explicó la radical allense Lorena Matzen.

Lo que sí constituye una partida mensual es el monto otorgado a cada diputado para pasajes.

En cuarentena, ningún representante viaja a Buenos Aires y esos recursos fueron derivados al sistema de salud, pero hay allí también una disputa, porque los legisladores nacionales de la oposición pretenden que cada suma no abonada llegue a los hospitales de su provincia.

La suma en disputa no es para nada despreciable: unos 50.000 pesos por diputado, es decir medio millón de pesos entre marzo y abril, que podrían haber llegado directamente a la red sanitaria rionegrina.

“Queremos darle un verdadero carácter federal, pero hasta ahora no logramos respuestas y todo queda concentrado en la presidencia de la Cámara. Massa dice que esos fondos van al sistema de salud. Nosotros pedimos una rendición y todavía la estamos esperando”, finalizó Matzen.

El proyecto del legislador Martín prevé que un 30% de las remuneraciones brutas de los funcionarios electos, políticos y autoridades de los tres poderes del Estado se destinen a un fondo de asistencia a perjudicados por la pandemia.

En la práctica, esas reducciones se acercarían a la mitad de los salarios de bolsillo que perciben 1.325 hombres y mujeres con roles jerárquicos en el Estado.

De acuerdo a las estimaciones del parlamentario, la medida permitiría reunir $ 72.848.544 mensuales, que proyectados hasta diciembre conformarían una masa global de $ 655.636.897.

“Hace ya unas semanas decidí donar parte de mi sueldo al Hospital de Roca, y los funcionarios del oficialismo también decidieron reducirse los haberes. Lo que busca este proyecto es darle un marco de mayor institucionalidad a ese gesto y atender una emergencia que viene luego de la sanitaria, que es la económica”, indicó Martín.

El representante de Juntos por el Cambio aseguró que “a partir de este fondo se podrán dar aportes no reintegrables a 4.000 empresas y comercios, fundamentalmente del rubro hotelero y gastronómico, y a 14.000 monotributistas de las escalas más bajas”. 

“La idea es que el ajuste de la política vaya directamente a los sectores más perjudicados por el parate económico que significó la cuarentena”, puntualizó.

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La Justicia salió del apuro ante los pedidos de solidaridad con una acordada que estableció donaciones voluntarias y anónimas.

Como publicó esta semana RÍO NEGRO, ese fondo reunió el mes pasado 3,5 millones. Y hasta el momento no está previsto repetir la experiencia, que internamente generó fuertes controversias.

“No sólo es poco dinero en función de la cantidad de jueces y funcionarios, sino que se llegó a ese número porque unos pocos pusieron mucha plata”, graficó una fuente de ese poder.

Lo que también se conoció es que, al margen de esos aportes individuales, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia transfirió 450.000 pesos al Profarse (Productora Farmacéutica Rionegrina Sociedad del Estado).

Los recursos para el laboratorio del Estado surgieron de ahorros de la institución, que mantiene abierta la convocatoria a sus socios para que realicen aportes a su cuenta, que luego serán transferidos al Profarse.

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UPCN se constituiría el segundo gran contribuyente en la pandemia, con -aproximadamente- unos 7,8 millones, a partir de la cesión de tres meses del aporte del Estado provincial a su obra social.

Estas transferencias gremiales -según su anuncio inicial- se cumplirá cuando Economía cumpla con las acreditaciones al sindicato y, por eso, se transfirió el primer mes en el comienzo de mayo.

Esa organización -que conduce Juan Carlos Scalesi- informó de un aporte de 2,6 millones al Comité de Crisis. Quedan otras dos cuotas mensuales.

Los restantes sindicatos no informaron de donaciones, salvo casos individuales, como ocurrió con el Adjunto de ATE Nación, Rodolfo Aguiar, que transfirió su remuneración del PAMI al hospital roquense.

En orden de las efectivas transferencias, Juntos depositará finalmente esta semana a los hospitales y los centros de salud de la suma anunciada de su donación por los aportes de su dirigencia en cargo público, que estimó en más de 11 millones de pesos.

En una reunión con el bloque, el senador y presidente del partido, Alberto Weretilneck adelantó el sábado esa operación partidaria a los legisladores, poniéndolos en conocimiento sobre esos envíos en cada una de sus localidades.