El juez federal de Bariloche no intervendrá en la causa de la comunidad Buenuleo

El juez federal subrogante, Gustavo Javier Zapata, resolvió no aceptar la competencia atribuida al Juzgado Federal de Primera Instancia de Bariloche por los jueces del Tribunal de Impugnación de Río Negro.

En consecuencia, dispuso remitir el expediente de la causa a la fiscalía de Bariloche para que siga adelante el proceso penal. El expediente se originó a partir de la denuncia que Emilio Roberto Friedrich presentó contra miembros de la comunidad mapuche Buenuelo por el delito de usurpación.

Aunque la resolución no está firme, porque la abogada de la comunidad mapuche puede impugnarla. En ese caso, será la Corte Suprema la que resolverá -en un largo plazo- sobre la competencia o no del juzgado federal de Bariloche, para entender en el conflicto por la propiedad de un lote de unas 90 hectáreas, que está ubicado en el barrio Pilar II, en el faldeo del cerro Ventana, a unos 10 kilómetros del centro de Bariloche.

Zapata rechazó la sentencia que el Tribunal de Impugnación de la Provincia (TIP) había dictado a principios de diciembre pasado y que la comunidad mapuche celebrara.

El juez coincidió con el dictamen de la fiscal federal Sylvia Little, que se pronunció por rechazar la competencia del juzgado federal para intervenir en esa causa que se había originado en la justicia rionegrina.

Little recordó en su dictamen que los jueces rionegrinos del TIP habían fundado su fallo en que la zona donde se desarrolla el conflicto se encuentra dentro de la Reserva Nacional Nahuel Huapi, en el Lote Pastoril 127, con estatus de propiedad privada dentro de la jurisdicción del Parque Nacional.

La fiscal mencionó además que los jueces del TIP concluyeron que las cuestiones vinculadas a conflictos territoriales de comunidades indígenas deben ser de competencia federal a los efectos de garantizar homogéneamente la aceptación de una realidad pluricultural en toda la Nación. “Esto es, logrando que el derecho indígena entre en vigencia de una forma única en todo el país”, consignó Little.

Little sostuvo que los jueces rionegrinos “se basan en una defectuosa interpretación tanto de la Ley de Parques Nacionales como también, y pese a ello, de los alcances del bien jurídico protegido por el delito de usurpación”.

Antecedentes

La fiscal advirtió que todas las partes intervinientes parecen estar de acuerdo en que el Lote 127 perteneció a Antonio Buenuleo y mencionó documentación existente. “Ahora bien, tiempo después, con parte de una cesión de aquél lote, se conformaron los Barrios Pilar I y II, oportunidad en la que dichas tierras se escindieron de la Reserva del Parque Nacional Nahuel Huapi—Zona Gutiérrez por Ley 24.910, desafectando parcialmente el Lote 127 de dicha reserva”, recordó la fiscal. Por eso, aclaró que la disputa es por la porción del lote que no se desafectó y siguió perteneciendo a la Reserva.

Manifestó que a lo largo de los años esas tierras fueron “enajenadas por Buenuleo a distintas personas por medio de diversos documentos defectuosos”. “Uno de ellos (por 90 hectáreas) firmado en noviembre de 2001 entre Buenuleo y Claudio Thieck y, luego, cedido por éste último al ahora querellante Emilio Roberto Friedrich por medio del contrato firmado el 14 de abril de 2009”, recordó Little.

En base a estos documentos, Friedrich inició la demanda contra Buenuleo Curinao, Antonio para obtener la escrituración, que está en trámite en el Juzgado Civil y Comercial 3 de Bariloche.

No involucra al Estado nacional

Para Little, “el eje del conflicto, la propiedad, no involucra al Estado Nacional, siempre que los objetivos protectorios de la APN no se vean involucrados”. “no hay patrimonio estatal, sino tan solo un deber de control en pos de cuidar el medio ambiente en las zonas afectadas como Reservas”, agregó.

Afirmó que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro dictó fallos en diversas oportunidades en casos de ocupación de tierras atribuidas a comunidades indígenas por parte de particulares propietarios de dichas tierras.

Zapata compartió el criterio de Little, en el fallo al que RÍO NEGRO accedió. “En este legajo nos encontramos desde sus albores con una disputa que recae sobre un predio que no reviste estatus público, y en el cual se pretende forzar la intervención de la justicia federal en razón de eventuales facultades de contralor que la ley nacional pone en cabeza de la Administración de Parques Nacionales”, advirtió el juez.

“Ahora bien; tal como lo señaló la Fiscal, esa sola circunstancia no alcanza para asignar competencia a esta sede en el estado en que se encuentran las actuaciones, precisamente porque la Administración de Parques Nacionales ha tenido nula o escasa intervención en el sumario”, aclaró. Enfatizó que Parques Nacionales “no es parte de la contienda” judicial.

“La posición del Tribunal remitente implica lisa y llanamente una absorción de todas las competencias sobre la materia indígena con exclusión de cualquier incumbencia provincial”, aseguró el juez.

Sostuvo que la justicia de Río Negro “se encuentra en condiciones de tramitar estas actuaciones y de emitir el pronunciamiento que por derecho corresponda”. “No puede el Poder Judicial rionegrino, so pretexto de alegadas imposibilidades jurisdiccionales que ninguna norma ampara, apartarse de la decisión del caso sometido a su conocimiento con la sola invocación de la integración de una comunidad indígena por parte de los denunciados en este sumario”, enfatizó el magistrado.

Para el juez federal, “la continuidad del sumario en el fuero ordinario (provincial) resulta acorde con la mejor, más expedita y uniforme administración de justicia, pues es allí donde se inició y tramitó largamente este legajo, e incluso donde se practicaron actos de sustancial trascendencia procesal (por ejemplo, las audiencias de formulación de cargos, impugnación de medidas cautelares, etc.), lo que aconseja que continúe radicado en el fuero ordinario para su pronta terminación, dado que su remisión (infundada) a esta sede significaría prácticamente llevar la instrucción nuevamente a sus inicios”.

El origen de la causa

Friedrich denunció en la fiscalía que el 10 de septiembre pasado miembros de la comunidad Buenuleo se instalaron en el lote que poseía hasta ese momento y ocuparon la vivienda que había construido en ese lugar.

Los Buenuleo argumentaron que se trataba de un acto de recuperación de lo que consideran parte del territorio de la comunidad. Esa jornada hubo incidentes y los mapuches denunciaron que personas que respondían a Friedrich los amenazaron con armas en su afán de que abandonen el terreno.

Pocos días después, los fiscales de Bariloche Martín Lozada, Tomás Soto y el adjunto Gerardo Miranda formularon cargos contra un grupo de miembros de la comunidad Buenuleo. Les atribuyeron el delito de usurpación porque despojaron a Friedrich y a otros particulares del lote.

El juez de garantías Sergio Pichetto admitió los cargos, entendió que había pruebas como para avanzar con la investigación y ordenó restituir el lote a Friedrich, que presentó documentación para demostrar que había comprado el lote.

La defensa de los mapuches cuestionó la legalidad de esa documentación y planteó que la justicia provincial era incompetente para resolver el conflicto y que debía ser la justifica federal la que interviniera.

Los miembros de la comunidad imputados impugnaron la resolución y el desalojo quedó en suspenso. El juez Marcos Burgos revisó la decisión de Pichetto y la confirmó. También, ratificó la orden de desalojo.

La defensa de los mapuches recurrió ante el Tribunal de Impugnación de la Provincia que admitió a principios de diciembre último el recurso y resolvió que la justicia provincial no era competente para intervenir en el conflicto. En consecuencia, el desalojo quedó sin efecto. Por eso, el juez federal de Bariloche dictó ayer miércoles el fallo que rechaza la competencia.