Vencer el equilibrio en el sistema eléctrico

(*) Por Federico Lutz

Un breve repaso de la historia del sistema eléctrico argentino nos permite conocer hitos pendulares, políticas erráticas y dogmas económicos que solo han ofrecido esporádicos resultados de corto plazo.

Usuarios, generadores, transportistas y distribuidores han estado en uno u otro momento en puntos disímiles de un mismo laberinto.
Tal circunstancia ha conspirado claramente contra la aceptación de las políticas tarifarias, la inversión en el sector energético, y el debido desarrollo del sistema eléctrico.

Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que nos precede un compendio de realidades múltiples cuya fotografía de cada tiempo puede ser diametralmente distinta a su escena antecedente o posterior. La falta de reglas permanentes, ha sido la regla.

Esta anomia se encuentra tan arraigada, que lejos de conducir al sector eléctrico a un colapso generalizado, devino en un equilibrio que disfrazó de normal un hecho crítico para el desarrollo del país.

El sistema eléctrico argentino está amparado por el dogma de Nash: “Ningún jugador tiene ningún incentivo para modificar individualmente su estrategia”, y esto se debe a la falta de reglas.

Es allí en la anomia donde se encuentra el “Equilibrio de Nash”; todos los actores tienen siempre disponible la opción de no cambiar su actitud frente al problema, por caso, a la postre los generadores cobrarán su producción, los transportistas tendrán sus expansiones, los distribuidores refinanciarán sus deudas y los usuarios tendrán una tarifa acorde a sus expectativas.

Con no hacer nada el sistema se mantiene en equilibrio, es falso que colapsa, simplemente no evoluciona en un contexto que “tampoco” lo hace.

Esa ineficiencia los argentinos la pagamos hace años, los futuros juicios en el Ciadi, las amortizaciones de capital extendidas, las multas por calidad de servicio o los subsidios tarifarios, ya forman parte de la lógica económica del sistema eléctrico. Al final, guste o no, existe un enorme depósito de problemas que es el propio Estado.

No vencer este irritante equilibrio produce una transferencia de recursos públicos al sector privado. Más tarde que temprano son los impuestos de los contribuyentes los que terminan solventando el anómalo y zigzagueante funcionamiento del sistema eléctrico, sea a través de Cammesa, por medio de la tarifa social o en el precio de los combustibles, los recursos fiscales son la causa del equilibrio y de la desmotivación de cambio.

La falta de incentivos para ejercer otras estrategias se ampara también en la posibilidad que tiene el sistema actual de trasladar el problema a las generaciones futuras.

No somos nosotros las principales víctimas de este equilibrio, las víctimas reales son los usuarios de las décadas venideras que deberán reconstruir un sistema eléctrico que recibirán en peor condición al que lo hemos recibido nosotros, las empresas que cada día tendrán más interés en los factores de eficiencia a los cuales hemos dejado de mirar o el ambiente cada vez más desgastado.

Es un dilema sin solución actual. Todos terminan mirando a un Estado que rebota de crisis en crisis, ante la ineludible necesidad de aportar recursos fiscales para resolver problemas de sectores carenciados a través de la tarifa social o los subsidios, de las empresas a través de la ejecución de inversiones a su cargo o el financiamiento de Cammesa, o cuando la realidad sociopolítica reclama soluciones estamentales y las tarifas baratas son una de sus manifestaciones más aceptadas.

Pese a ello, cierto es que el sector eléctrico tiene frente a un nuevo escenario gubernamental la posibilidad de “fijar reglas de largo plazo” que se conviertan en vectores de eficiencia, calidad y accesibilidad, dignos de un servicio público esencial.

Debemos asumir que tal objetivo implicará esfuerzos de algunos sectores de la sociedad, pero tal vez sea este un buen momento para sentar las bases de un sistema de transferencias entre usuarios, evitando la intermediación del Estado, que en honor a la verdad ha sido cara y propicia para múltiples especulaciones.

Argentina tiene a diferencia de lo que ocurre en otros sectores críticos, el costo de energía eléctrica entre los más bajos de la región (sea residencial, comercial o industrial), los argentinos gastamos en promedio (72% de los residenciales) la mitad aproximadamente en energía eléctrica ($1.267/mes) que lo que gastamos en servicios menos importantes como la telefonía o el video cable ($2.289/mes); una industria Pyme destina en promedio un 2,5% de sus ingresos al gasto energético eléctrico, y los asalariados un 3,1% de su ingreso a la factura de electricidad; sobre esos datos, y tantos otros, debemos trabajar.

Fijar reglas claras y sustentables, que nos digan si esta será la condición de estabilidad futura del sector, o si por caso se buscarán nuevos paradigmas económicos sociales resulta esencial.

Mirar la historia, clarificar la realidad y trabajar los datos permitirá que en el 2020 se comience a diseñar un sistema eléctrico que siente las bases para “vencer el equilibrio”.

(*) El autor es abogado y especialista en Economía de la Energía. Actualmente es el gerente general de la Cooperativa Eléctrica Bariloche (CEB)