Ofensiva de los acusados por la toma de comisaría

BUENOS AIRES (Télam).- El fiscal federal Norberto Quantín consideró ayer que el juez Jorge Urso «metió «la pata» al pedir su desafuero para indagarlo por la toma de la comisaría 24 de La Boca, en tanto que otro involucrado en el hecho, el líder piquetero Luis D'Elía, anticipó que su defensa ya recusó al magistrado porque «politizó la causa».

«El juez Urso, en lugar de seguir la causa contra los que tomaron la comisaría, parece entretenerse, vaya a saber por qué motivo, con quienes hemos sido los principales testigos» planteó molesto Quantín, que cuando ocurrió el hecho -en junio pasado- era secretario de Seguridad.

Urso quiere indagar al ex fiscal y a su colega José María Campagnoli porque considera que incurrieron en un presunta «desobediencia» a la orden de desalojo por la fuerza de la comisaría impartida por la jueza de instrucción Angélica Crotto.

El hecho ocurrió a fines de junio pasado luego de que el dirigente barrial Martín «Oso» Cisneros fuera asesinado por un matón denunciado anteriormente ante la justicia y la policía. La inacción policial fue denunciada por D'Elía denunció como un caso de «connivencia» o al menos pasividad entre policías y asesino. «Metió mucho la pata», insistió Quantín a Radio del Plata y desacreditó a Urso al sostener que la causa por la toma de la comisaría debería ser llevada por «alguien imparcial, que tenga un mínimo de conocimiento jurídico y que no esté ofuscado de rabia». También el defensor de D'Elía, Belisario Otaño Moreno, confirmó que ya solicitó el apartamiento del juez Urso del expediente por considerar que «perdió la imparcialidad» y «politizó» la causa.

El abogado lamentó que «la causa ha tomado un curso absolutamente político» y atribuyó al magistrado la intención de provocar un «efecto» en la opinión pública con el desafuero del líder de la FTV.

En el mismo sentido anticipó que «hemos recusado al juez porque prejuzgó y porque es evidente que perdió la imparcialidad» al juzgar las responsabilidades en la toma de la dependencia policial.

Las críticas al pedido de Urso también se hicieron escuchar en otro ámbitos, ya que el secretario General del gremio docente CTERA, Hugo Yasky, inscribió la solicitud de desafuero de D'Elía en el contexto de «un aumento de la criminalización de la protesta social». «La ofensiva que en este momento un sector de la Justicia dirige contra D'Elía es reflejo del revanchismo de sectores que no admiten la presencia de representantes sociales que se hacen cargo de la lastimosa herencia que significó la desocupación y la miseria», señaló el sindicalista. En la misma línea se ubicó el el embajador ante el Vaticano, Carlos Custer (un gremialista estatal afín a Víctor De Gennaro), quien dijo que «no es justo que se persiga a un dirigente social con tanto ahínco cuando en este país hay muchos que han hecho tanto mal, cuando ha habido tanta impunidad».