Paro agrario: lo que somos y lo que podemos ser

La mayor presión tributaria se traduce en una menor velocidad en la adopción de tecnología, magros resultados para el productor y dificultades para las economías del interior .

Esta semana se llevó adelante un cese de comercialización de productos agropecuarios, declarado por las entidades que conforman la Comisión de Enlace, para concientizar acerca de la alta carga fiscal que pesa sobre las espaldas de los productores agropecuarios. Una altísima presión tributaria que se vio agravada aún más, luego de que el gobierno aumentara los derechos de exportación, con un incremento adicional del 10% para los productores del cultivo más importante del país. De este modo, llevó las retenciones a la soja al 33%.

Esta escalada fiscal se inició apenas seis días después de haber asumido la nueva administración, a partir de un primer aumento, que colocó los derechos de exportación de la soja en el 30%. También duplicó esos impuestos para el maíz y el trigo, y para muchos otros productos. Todo ello resultó en un aumento del aporte de los productores al fisco por retenciones de US$ 2.000 MM, al pasar de US$ 5.700 MM a US$ 7.700 MM. Estos derechos, verdaderos “permisos para exportar”, únicos en el mundo, son verdaderamente inentendibles para un país que busca y necesita darle un sesgo exportador a su economía. Se suman, asimismo, a otros 15 impuestos nacionales, 13 impuestos provinciales y 7 impuestos y tasas municipales, que debe afrontar todo productor en cada campaña para poder producir.

La mayor presión tributaria se traduce en forma directa en una menor velocidad en la adopción de tecnología, situación que repercute no solo en los magros resultados del productor, sino que también genera dificultades para la economía del interior y del resto de los sectores asociados a la dinámica del agro. Esto implica un menor ingreso de divisas para sostener la balanza de pagos y, sobre todo, el nivel de actividad de las industrias que necesitan los dólares que genera el campo para crecer.

A su vez, la fortísima carga tributaria que sufre el sector resta capacidad de ahorro a la economía, tornando anémica su capacidad de inversión. A partir de esta caída en la inversión, pierde fuerza la demanda de empleo y su efecto multiplicador y propagador de riqueza pare el resto de la economía argentina.

Está demostrado que, si se nos ofrecen las condiciones adecuadas, los productores tenemos una altísima propensión a invertir localmente, ya que casi el 90% de la inversión y del gasto de cada campaña queda en la región donde se lleva cabo la producción. Eso contribuye a mantener la cadena de pagos y el nivel de actividad en el interior.

Los actuales desequilibrios macroeconómicos, que son el contexto al que se suman los nuevos derechos de exportación, están afectando la productividad futura de los emprendimientos, de las pymes y, también, de las empresas medianas y grandes, tanto del campo como de la ciudad.

De la actual situación no se sale con más impuestos. Se sale con más empresas que impulsen la actividad, que ofrezcan más producción a los mercados nacionales e internacionales, y que generarán más empleo y reactivación. Y, para eso, el único camino es trabajar las soluciones estructuralmente, en una articulación virtuosa entre el sector público y el privado.

Necesitamos recrear la confianza, principal combustible de una economía sana. Eso se logrará solo a través de un discurso coherente, con medidas adecuadas y un diálogo fluido, que ponga en claro que el objetivo es impulsar, de la mano del campo, la producción, el empleo y el crecimiento económico.

* Presidente de la Sociedad Rural Argentina