Estafa al Ipross: inhibición general y embargo ampliado para los siete imputados

Al menos por cuatro meses, los acusados no podrán desprenderse de ninguno de los bienes inmuebles o vehículos que se encuentren a su nombre.

Los siete imputados en la causa que investiga una estafa al Ipross tienen desde hoy nuevas medidas restrictivas sobre sus bienes.

En el cierre de la extensa audiencia que comenzó el miércoles pasado, la jueza Natalia González dispuso la inhibición general de todos sus bienes, por el término de cuatro meses.

La medida se inscribirá en los Registros de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Río Negro y Neuquén, así como también en la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor. 

La Fiscalía de Estado, parte querellante en el proceso, había solicitado esa cautelar para “evitar que se consolide el provecho” del presunto delito cometido por dueños y expropietarias de cuatro farmacias de Roca, además de la exauditora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro.

La jueza coincidió en que la inhibición de bienes permite evitar una eventual insolvencia del patrimonio de las personas investigadas para que, llegado el caso, puedan responder por los montos que se atribuyan a cada uno por la defraudación.

En la audiencia se aclaró que la inhibición de bienes podrá ser sustituida si cada uno de los imputados ofrece a embargo bienes suficientes para cubrir las sumas que se les imputaron en la formulación de cargos.

La segunda medida de este lunes fue la ampliación del embargo preventivo del dinero girado por Ipross al Colegio de Farmacéuticos para el pago de las supuestas ventas de medicamentos en las farmacias investigadas. El embargo original sólo comprendía el primer trimestre de 2019.

Esta nueva cautelar no se limita a ese período, sino que alcanza a todas “aquellas sumas de dinero que el Colegio de Farmacéuticos haya recibido por parte de Ipross para ser pagadas a todos los imputados en función de los convenios de prestación vigentes y/o a las farmacias por ellos oportunamente dirigidas”.

En la jornada del viernes pasado la jueza González tuvo por formulados los cargos contra Fabio Caffarati, Rodolfo Mastandrea, Raúl Mascaró, Sandra Fasano, Marianela Guidi, Marcela Gil y Cecilia Balladini.

En esa audiencia hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público Fiscal. Así, dispuso que por el plazo de cuatro meses deberán presentarse de manera quincenal en Tribunales, para acreditar que permanecen a derecho; les prohibió la salida del país y les prorrogó, también por cuatro meses, el embargo de bienes que ya estaba vigente y que actualmente está depositado en una cuenta judicial.

Se trata de pagos que el Ipross había girado al Colegio de Farmacéuticos para que sean distribuidos entre las farmacias investigadas, correspondientes a las liquidaciones de ventas de medicamentos de cada comercio en el primer trimestre de 2019.


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