Estafa al Ipross: cómo se repartieron $ 70 millones en cinco farmacias
Empezó la formulación de cargos contra los siete imputados. Los acusarán como coautores de una modalidad de delito que prevé altas penas. Los fiscales otorgan un rol clave a la exauditora del Colegio de Farmacéuticos.
Por primera vez, todos los imputados. De izq. a der. Caffarati, Mascaró, Fasano, Mastandrea, Guidi, Gil y Balladini.
La estimación oficial más austera indica que el Ipross fue estafado en $ 70.020.552,39 por un grupo integrado por los dueños de cinco farmacias de Roca y de Allen, en connivencia con la exauditora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro.
La cifra se conoció ayer, durante el inicio de la audiencia de formulación de cargos contra los siete imputados, que están acusados de haber cometido el delito de estafa reiterada agravada, por haber sido cometida contra la administración pública.
Para el Ministerio Público Fiscal, los hechos ocurrieron en concurso real y cada uno de los involucrados debe responder en calidad de coautor.
Los acusados son siete y por primera vez desde que comenzó el proceso, ayer estuvieron todos juntos en la misma sala del Poder Judicial. Se trata de los farmacéuticos Fabio Caffaratti, Raúl Mascaró y Rodolfo Mastandrea, la exauditora Sandra Fasano, las exdueñas de una de las farmacias involucradas, Marcela Gil y Marianela Guidi y la esposa de Caffaratti, Cecilia Balladini.
Fuera de las imputaciones está el expresidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, Hugo Fasano, quien falleció en el 2015.
Tres hechos
Nueve meses se cumplen hoy desde que comenzó la investigación. El 13 de mayo del 2019, las autoridades del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro se presentaron en los tribunales provinciales de Roca y describieron la maniobra descubierta en el seno de la institución.
Desde entonces, el equipo liderado por los fiscales Teresa Giuffrida y Gastón Britos Rubiolo reunió datos, testimonios y evidencia, para identificar finalmente tres hechos puntuales como mecanismo para facturarle al Ipross sumas que no correspondían.
El primero tuvo dos modalidades: una fue la generación de recetas de medicamentos para diabetes o epilepsia por parte de la exauditora, cuando esos remedios nunca fueron vendidos a afiliados de la obra social. Y la otra fue la creación de recetas falsas a partir de códigos de validación de recetas reales, pero que otras farmacias cancelaron o anularon.
El segundo hecho fue la modificación en el Colegio de recetas previamente validadas por las farmacias Tucumán, Santa Teresita y Araucana, agregando medicamentos del rubro epilepsia o diabetes nunca vendidos a afiliados.
Finalmente, el tercer hecho está centrado en “cargas ficticias” en las farmacias. “Todos los imputados generaban o modificaban recetas incluyendo medicamentos”, detalló el fiscal, precisando que fueron 11 remedios para epilepsia o diabetes los facturados a la obra social luego de un procedimiento ilegal.
En la audiencia de ayer se detalló también la cantidad de veces que cada uno de los imputados habría cometido alguno de esos tres hechos, siempre teniendo en cuenta que el período de investigación abarca desde diciembre del 2013 al primer trimestre del 2019 (ver aparte).
Sumado a esos datos, el Ministerio Público presentó ayer también uno de los datos más contundentes de la causa: cuánto habría facturado cada farmacia en forma irregular al Ipross, con montos que van desde los 2,2 millones hasta los 30 millones, todo sin actualizar.
Los fiscales presentaron los números, pero también remarcaron que, para ellos, la exauditoria Fasano “tiene un mayor grado de responsabilidad porque con su conducta generó un error en la administración del Colegio”.
“Error que sufre el Colegio y también el Ipross, porque había delegado por convenio el control de la facturación”, agregó Britos.
Durante su exposición, el representante del Ministerio Público recordó que el caso se reveló cuando las autoridades del Colegio de Farmacéuticos detectaron irregularidades con medicamentos específicos “con los cuales estas farmacias tenían porcentajes mayores al resto de las farmacias”.
Como adelanto, también describió que “desde el Ministerio Público se pidieron datos a droguerías y se detectó que había medicamentos cobrados, pero nunca recibidos de parte de esos proveedores”.
El resto de las evidencias se conocerán hoy desde las 9, cuando se reanude la audiencia, que ayer duró más de tres horas e ingresó a un cuarto intermedio.
Si la jueza de Garantías Natalia González considera acreditados los requisitos mínimos, los cargos quedarán formulados y se abrirá una etapa de cuatro meses -que pueden prorrogarse- antes de llegar al control de acusación, etapa previa al juicio.
Entre las pruebas importantes que todavía no se hicieron están las pericias informáticas y contables. En esa instancia se precisará más la cifra del perjuicio contra la obra social del Estado rionegrino.
Los hechos atribuidos a cada imputado
Marcela Gil y Marianela Guidi: Hecho 1° modalidad “A”, 9 hechos y Hecho 3°, 73 hechos.
Fabio Caffaratti y Cecilia Andrea Balladini: Hecho 1° modalidad “A”, 116 hechos; hecho 1° modalidad “B’”, 21 hechos. Hecho 2°, 3 hechos y Hecho 3° 111 hechos.
Rodolfo Mastandrea: Hecho 1° modalidad “A”, 89 hechos; hecho 1° modalidad “B”, hechos. Hecho 2°, 2 hechos y Hecho 3° 84 hechos.
Raúl Mascaró: Hecho 1° modalidad “A”, 78 hechos; hecho 1° modalidad “B”, 25 hechos; Hecho 2°, 2 hechos y Hecho 3° 18 hechos.
Sandra Fasano: Hecho 1° modalidad “A”, 330 hechos: hecho 1° modalidad “B”, 69 hechos; Hecho 2”. 7 hechos y Hecho 3° 286 hechos.
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El delito atribuido a los dueños de farmacias y a la exauditora del Colegio de Farmacéuticos está previsto en el artículo 174 del Código Penal.
El inciso 5 expresa que sufrirán prisión de dos a seis años de prisión el que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública.
Ahora bien, el artículo 55 de la misma norma establece que “cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo, el mínimo mayor y como máximo, la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos”.
Párrafo seguido, se aclara que “esta suma no podrá exceder de (50) cincuenta años de reclusión o prisión”.
Y ayer el fiscal Britos dejó claro que para el Ministerio Público se trata de hechos en concurso real.
“Entiendo que todos estos hechos deben concursar cada uno de forma real, porque han sido estafas permanentes, habituales y totalmente independientes unas de otras. Cada hecho se corresponde a una de las quincenas en que se generaba una liquidación, para habilitar el pago por parte del Ipross”, indicó el funcionario en la audiencia de formulación de cargos.
“Cada quincena que presentaba la farmacia y que eventualmente el Ipross pagaba, la fiscalía la tomó como un hecho. Cada uno de esos hechos son independientes”, ratificó.
De esta manera, si los pasos del proceso siguen adelante con el criterio de los fiscales, los imputados podrían enfrentar penas elevadas.
Esto teniendo en cuenta que a quienes menos responsabilidad atribuyen -Gil y Guidui- les endilgan 82 hechos.
El extremo máximo es el caso de Fasano. Para los fiscales es autora de 685 hechos.
El caso extremo
- 685
- hechos son endilgados por los fiscales a la exauditora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro.
Federico Rosbaco, abogado de Fiscalía de Estado, destacó la investigación preliminar realizada por el Ministerio Público Fiscal y afirmó que “venimos acompañando ese trabajo porque es muy sustentado” y “claramente va a llevar a una condena.
“Hay que esperar. Esto recién está pasando una primera etapa. Ahora van a venir pericias contables e informáticas, que van a ser la piedra angular de todo esto. Pero no estamos hablando de testimonios. Estamos hablando de un relevamiento de bases de datos profuso, complejo, pero llevado muy exhaustivamente”, indicó el representante de la parte querellante.
Rosbaco aseguró que “en las pericias se van a ratificar los datos y se va a sellar la suerte contraria a los imputados”.
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La historia que terminó con colegas sospechados y una empleada apartada de su cargo empezó a escribirse hace un año.
Fue a principios del 2019 cuando los nuevos dueños de la farmacia Farmacentro encontraron en cajas de zapatos una serie de recetas que generaron dudas.
Investigando un poco más, los flamantes propietarios advirtieron que esos documentos eran la punta de algo más complejo y por eso trasladaron la inquietud a la comisión directiva del Colegio.
Una rápida investigación interna terminó por revelar el escándalo y luego de asesorarse, las autoridades de la entidad decidieron presentar una denuncia penal.
La causa se abrió el 13 de mayo pasado y desde entonces se tomaron diversas medidas.
Una de ellas fue el embargo de los pagos correspondientes a las farmacias involucradas.
Esa medida fue ratificada la semana pasada, pero ayer se dispuso un atenuante, ya que la restricción se limitó a los fondos provenientes del Ipross.
Desde la defensa de los principales acusados se había cuestionado que se haya vedado el pago de sumas provenientes de otras obras sociales, que nada tenían que ver con esta causa.
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El equipo liderado por los fiscales Teresa Giuffrida y Gastón Britos Rubiolo elaboró un documento de 544 páginas para sostener la acusación contra los imputados.
Esa extensión generó la primera controversia importante de la jornada de ayer, porque la abogada Patricia Espeche, defensora de Caffaratti, Mascaró, Mastandrea y Fasano, quiso que se haga una lectura íntegra del escrito. Esa postura no fue compartida por los otros defensores, Marcial Peralta (Guidi), Darío Sujonitzky (Gil) y Juan Luis Vincenty (Balladini), ni por la Fiscalía de Estado, parte querellante representada por Federico Rosbaco.
Cuando se avanzó con el repaso, remedio por remedio facturado presuntamente irregular, la audiencia se tornó tediosa. Finalmente, la defensora desistió de su postura y se agilizó el proceso.
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