Chrestia no acusó y ahora los gremialistas enfrentan cargos menores

NEUQUEN (AN).- Los gremialistas juzgados por provocar destrozos durante una protesta obtuvieron oxígeno durante la primera jornada del juicio oral y público en su contra. La acusación más grave se cayó porque la funcionaria del MPN y querellante en la causa, Graciela Carrión de Chrestia, no se presentó al debate para mantenerla. Así, sólo quedó en pie una imputación menor, por «daño agravado», sostenida por la fiscalía.

Ayer comenzó en esta ciudad el juicio contra los seis dirigentes de ATE de Zapala y Cutral Co, que en junio de 2000 atacaron la sede de Repsol YPF y la casa de Chrestia, por entonces titular del Consejo Provincial de Educación (CPE).

Pero Chrestia, actual secretaria de la Legislatura, faltó al juicio y tampoco envió a su representante legal. Por este motivo, la acusación que mantuvo durante los últimos cuatro años contra los sindicalistas, quedó sin efecto.

De esta forma, los imputados Damián Morales, Ernesto Panguilef, Sergio Vázquez, Luis Rivera, Roberto Villalba y Gabriel Borrini, sólo fueron acusados por el fiscal Ricardo Mendaña, quien les imputó el delito de «daño agravado». El Código Penal contempla una pena de 3 meses a 4 años de prisión para este delito y puede ser excarcelable.

Chrestia los acusaba de «agrupación para la coerción ideológica», delito que prevé una pena que oscila entre los 3 y 8 años de prisión y no es excarcelable. Pero al no presentarse al juicio, su imputación fue desestimada por la Cámara Criminal Segunda y sólo se los juzgará por las acusaciones hechas por el fiscal.

La funcionaria, desistió ayer de hacer declaraciones sobre el tema. En un breve diálogo que mantuvo con «Río Negro» dijo «no voy a mencionar ninguna palabra sobre este asunto».

El defensor Mariano Mansilla, afirmó que «ante la actitud de Chrestia el proceso debería suspenderse, porque se está haciendo un juicio en una instancia criminal debido a las imputaciones que ella hizo, pero ahora la acusación es menor y podría hacerse en una instancia correccional».

Los imputados están acusados

de producir destrozos en la casa de Chrestia y en la sede de Repsol YPF el pasado 9 de junio de 2000. En esa ocasión, los gremios estatales se movilizaron para repudiar la prórroga en la concesión del yacimiento de Loma de La Lata de parte del gobierno a la firma española.

Durante el desarrollo de la manifestación, falleció la maestra Silvia Roggetti, quien permanecía internada luego de clavarse un hierro en un ojo mientras dictaba clases en la escuela 197 de esta capital.

La muerte de Roggetti desató la furia de los manifestantes. Primero rompieron las instalaciones de la petrolera y luego se dirigieron hasta la casa de Chrestia, en ese entonces titular del CPE, y señalada por los gremios como la responsable del trágico hecho.

A los acusados Borrini y Villalba, se les imputó la participación en los dos escenarios. A los restantes sólo en el domicilio de la funcionaria del MPN. A Borrini, también se lo acusó de «violación de domicilio» en este último lugar, cuya pena va desde los seis meses a los tres años de prisión.

Las pruebas aportadas por la fiscalía fueron los videos y fotografías publicadas por los distintos medios de comunicación que cubrieron el desarrollo de los hechos, junto con los testimonios brindados por efectivos de la policía que, si bien no presenciaron los destrozos, dijeron haber reconocieron a través de las cintas a los imputados.

El juicio comenzó a las 9, en un contexto cargado de tensión. En el edificio de la cámara, integrada por los jueces Emilio Castro, Víctor Andrada y Héctor Dedominichi, se dispuso una fuerte custodia policial debido la marcha que realizaron los gremios estatales y distintas organizaciones hasta el lugar para respaldar a los acusados.

De los seis dirigentes, se presentaron cuatro en la jornada de ayer. Rivera y Morales enviaron certificados médicos para justificar las ausencias.

Hoy a partir de las 9 continuará el desarrollo del juicio. Está previsto que declaren los policías y que se proyecten las cintas televisivas de los medios que cubrieron los hechos.

Delitos y penas

NEUQUEN (AN).- Las penas contempladas en el Código Penal para los distintos delitos que les fueron imputados a los seis dirigentes sindicales, oscilan entre los 15 días y cuatro años de prisión.

En el caso del daño agravado, previsto en el artículo 184 del código, la pena es de tres meses a cuatro años de prisión. El inciso 1, en el cual la fiscalía contextualizó la acusación, dice que el castigo se impondrá cuando se ejecute el hecho «con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones». Si la condena es menor a los tres años, es excarcelable.

En tanto la violación de domicilio (artículo 150) establece una pena de seis meses a dos años de prisión para quien «entrare en casa ajena (…) contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluírlo».

Los abogados defensores, en principio, cuestionarán la calificación del primero de los delitos por considerar que los destrozos no se produjeron mediante un acto de venganza, sino que surgieron de forma espontánea en el contexto de la movilización realizada el día en el que ocurrieron los hechos.

El daño simple (artículo 183), prevé una pena inferior al agravado. Oscila entre los quince días a un año de prisión y también es excarcelable.

Estatales y organizaciones sociales marcharon al juzgado

NEUQUEN (AN).- Alrededor de 800 personas de distintas organizaciones gremiales y sociales se movilizaron ayer hasta la puerta de la Cámara Criminal Segunda para respaldar a los dirigentes imputados. En este lugar, que estuvo custodiado por un importante cantidad de policías, permanecieron hasta la culminación de la primera jornada del juicio y realizaron un acto en el cual reiteraron las críticas contra el gobierno provincial por «criminalizar la protesta social».

La concentración comenzó cerca de las 8.30 en el monumento a San Martín y la columna de manifestantes arribó a la sede judicial minutos después de las 9. Participaron los gremios locales enrolados en la CTA (Sejun, ATE y ATEN), obreros de la cerámica Zanon, miembros de diferentes organismos de Derechos Humanos, estudiantes secundarios, grupos de desocupados, organizaciones políticas y diputados opositores al MPN.

El titular de la CTA en el ámbito nacional, Víctor De Gennaro, participó de la movilización. Durante el acto realizado en la puerta de la sede judicial, solicitó una amnistía para los sindicalistas procesados «por protestas sociales», y cuestionó en duros términos a la justicia neuquina.

En sintonía con los manifestado por los dirigentes locales días atrás, De Gennaro afirmó que «esta justicia que no condenó al gobernador (Jorge) Sobisch luego de haber sido filmado por una cámara oculta, es la misma que aún no encontró a los responsables de la muerte de Silvia Roggetti y de Teresa Rodríguez». Agregó «que tampoco se preocupa en castigar a los responsables de que en esta provincia hayan 170.000 chicos viviendo bajo la línea de pobreza». Luego del acto, la marcha siguió hasta Casa de Gobierno. Y al mediodía, en la Capital Federal, militantes de la CTA se movilizaron hasta la Casa de Neuquén también para repudiar el inicio del juicio.

Un amplio porcentaje de los manifestantes fueron obreros de Zanon. El titular del sindicato Ceramista, Raúl Godoy, sostuvo que el proceso iniciado contra los dirigentes «es producto de la escalada represiva que viene impulsando este gobierno con Sobisch y Manganaro a la cabeza».

La movilización estuvo acompañada por un paro provincial de 24 horas convocado por los gremios locales. Sin embargo el acatamiento fue bajo tanto en la capital como en el interior. Todas las dependencias estatales funcionaron con normalidad. Hoy, los dirigentes volverán a la sede judicial.

Fuerte movilización frente a la Casa del Neuquén

BUENOS AIRES (ABA) – Una importante movilización de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) se manifestó ayer al mediodía frente a la Casa del Neuquén en esta ciudad, en solidaridad con los dirigentes procesados por la toma de una planta de la petrolera Repsol en dicha provincia, el 9 de junio de hace 4 años.

La columna de manifestantes cubrió casi cuatro cuadras del microcentro (según fuentes policiales superó las 600 personas) y luego se dirigió a la Secretaría de Justicia de la Nación y a la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde le dejaron un petitorio a su titular Eduardo Luis Duhalde.

Al frente de la marcha estuvieron el Secretario General del sindicato de estatales, Víctor De Gennaro, y el dirigente aeronáutico (actual diputado nacional del ARI) Ariel Basteiro.

Entre las proclamas rechazaron «la detención de miles de compañeros por razones políticas» y dirigieron sus dardos contra la política económica del gobierno. «Por trabajo y dignidad» decía una de las pancartas.

De Gennaro llamó a rechazar la «criminalización de la protesta», algo que preocupa especialmente a los dirigentes sindicales a partir de la sanción del nuevo Código de Convivencia en la Ciudad de Buenos Aires que pone límites a las protestas callejeras.

En cuanto a lo relativo a la situación neuquina, advirtieron que en caso de una sanción penal en contra de los dirigentes imputados se tomaría una medida de fuerza como un paro general y movilización.

Sobre el caso de Neuquén, Osmar Zapata explicó que se trató del procesamiento contra seis dirigentes de la CTA a quien se los acusó de destrozos en la sede de la petrolera de capitales españoles.

Sin embargo, a media tarde Zapata ponderó como una buena noticia que (según la información de que disponía) Repsol no se haya presentado al juzgado para sostener la acción penal.

En tanto sobre los otros incidentes de los que se acusa a los imputados, Zapata dijo desconocer que más pudo haber acontecido.

Declaran los testigos de la fiscalía

NEUQUEN (AN).- Hoy a partir de las 9 continuará la segunda jornada del juicio en la sala de la Cámara Criminal Segunda, ubicada en Yrigoyen 155 de esta ciudad.

Según el cronograma previsto, se proyectarán los videos de los distintos medios de comunicación que filmaron los destrozos producidos en la sede de Repsol-YPF y en la casa de la funcionaria Graciela Carrión de Chrestia.

Además, declararán los ocho policías que durante la investigación dijeron haber identificado a los acusados en las cintas grabadas.

Lo harán en calidad de testigos presentados por la Fiscalía.

Mañana, será el turno de distintos dirigentes de ATE y CTA que estuvieron presentes el día de los incidentes, convocados por la defensa. En el listado figuran Horacio Fernández, César Sagredo, Zulma Montenegro y Joaquín Bertrán.