Para la defensora Osés, el gobierno no quiere control
NEUQUEN (AN).- La defensora del Menor y el Adolescente, Nara Osés, afirmó que la reforma de la ley de Protección Integral de la Niñez (2302) responde a una necesidad del Poder Ejecutivo por evitar el control sobre las políticas que implementa. Además, reiteró que la aprobación de las modificaciones implicará un retroceso social y legal en la provincia.
«Hay una necesidad del Ejecutivo de evitar el control», señaló Osés. «La ley 2302 establece que la defensoría y los organizaciones de niños deben ejercer el control sobre las políticas públicas para actuar ante las omisiones en las que incurren. Con la reforma desaparece ese control y se creará un defensor extrapoder que aplicará las políticas públicas y al mismo tiempo controlará. Pero su independencia será endeble ya que el presupuesto que manejará dependerá del Ejecutivo y Legislativo», afirmó Osés en declaraciones al programa «Cirqus», que se emite por canal 8 de CVC. Osés dijo que la reforma del ministro Manganaro, «destruye el sistema de protección de derechos de los chicos e implicará un retroceso no sólo social sino legal».
El Consejo de la Niñez pide que retiren el proyecto
El Consejo de la Niñez, la Adolescencia y la Familia de la Ciudad de Neuquén pidió ayer al Ejecutivo provincial que retire el proyecto de reforma de la Ley del Niño «para posibilitar que se genere un amplio debate para obtener el consenso de la sociedad». El pronunciamiento del organismo, creado a instancias del bloque del MPN en el Deliberante, se produjo en su última reunión ordinaria, realizada el pasado 8 en la sede de Santa fe 22.
Nota asociada: Oscos, dispuesta a informar sobre la 2.302
Nota asociada: Oscos, dispuesta a informar sobre la 2.302
NEUQUEN (AN).- La defensora del Menor y el Adolescente, Nara Osés, afirmó que la reforma de la ley de Protección Integral de la Niñez (2302) responde a una necesidad del Poder Ejecutivo por evitar el control sobre las políticas que implementa. Además, reiteró que la aprobación de las modificaciones implicará un retroceso social y legal en la provincia.
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